La iniciativa impulsada por la senadora por Atacama Daniella Cicardini revive el proyecto “Chao Histórico” y avanza en la Megarreforma. Ahora deberá ser ratificada por la Cámara de Diputadas y Diputados, mientras el Gobierno ya anunció una eventual impugnación por inconstitucionalidad.

Miles de personas y pequeñas empresas que hoy siguen enfrentando restricciones para acceder a créditos, pese a mantener deudas prescritas o legalmente incobrables, podrían ver un cambio significativo si prospera el denominado “Derecho al Olvido Financiero”, aprobado este miércoles por la Sala del Senado como parte de la Ley Miscelánea o Megarreforma impulsada por el Ejecutivo.

La indicación, presentada por la senadora por Atacama Daniella Cicardini (PS) junto a parlamentarios de oposición, obtuvo 25 votos a favor, 23 en contra y una abstención, incorporando al proyecto un nuevo artículo que obliga a eliminar de los registros financieros las deudas prescritas e incobrables utilizadas actualmente por bancos y entidades comerciales para evaluar el acceso al crédito.

La norma retoma el espíritu del proyecto conocido como “Chao Histórico”, ingresado en 2022 por la propia Cicardini junto al diputado por Coquimbo Daniel Manouchehri (PS). Aunque esa iniciativa fue aprobada en la Cámara de Diputadas y Diputados, permanecía detenida en el Senado, situación que ahora cambia al incorporarse directamente a la Megarreforma.

“Una vez promulgada la norma, las deudas prescritas e incobrables deberán desaparecer de los registros históricos. Se acabarán las listas negras de los bancos. Esto significa darle una segunda oportunidad a cientos de miles de personas que hoy no pueden acceder a crédito para volver a ponerse de pie”, sostuvo la senadora Cicardini.

Por su parte, el diputado Daniel Manouchehri afirmó que “hoy es más fácil para una persona condenada limpiar sus antecedentes penales que para un emprendedor sacarse de encima una deuda prescrita. Esa es la paradoja que estamos terminando”.

El parlamentario agregó que destrabar esta iniciativa permitirá que personas y pymes “puedan volver a acceder a crédito, comprar una vivienda o emprender nuevamente”, calificándola como una medida para “reactivar la economía desde abajo”.

Qué cambia para las personas

La nueva disposición establece tres cambios relevantes. El primero obliga a los responsables del tratamiento de datos financieros, bancarios y comerciales a eliminar de sus registros internos y de comunicación a terceros la información relativa a deudas impagas o extinguidas de personas naturales cuando hayan transcurrido más de cinco años desde que la obligación se hizo exigible o quedó extinguida.

En segundo lugar, prohíbe a bancos e instituciones financieras utilizar esos antecedentes eliminados, así como deudas prescritas, extinguidas o pagadas, para negar créditos, productos financieros o la apertura de cuentas. Además, toda negativa deberá entregarse por escrito y fundamentarse en criterios objetivos.

Finalmente, el incumplimiento de estas obligaciones será sancionado conforme a la Ley de Protección de la Vida Privada, permitiendo además que los afectados puedan demandar indemnizaciones por daños patrimoniales y morales.

Gobierno anticipa batalla constitucional

La aprobación no estuvo exenta de controversia. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, manifestó la oposición del Ejecutivo a esta indicación y realizó una reserva de constitucionalidad, argumentando reparos respecto de la regulación de los registros financieros y dejando abierta la posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional.

Desde el sector financiero también han surgido cuestionamientos, advirtiendo que eliminar información histórica podría dificultar la adecuada evaluación del riesgo crediticio y terminar endureciendo las condiciones para acceder a financiamiento.

Reacciones desde el Norte

La aprobación tuvo especial protagonismo en el Norte Grande, ya que la iniciativa es impulsada por parlamentarios de Atacama y Coquimbo. La senadora Daniella Cicardini sostuvo que la medida busca terminar con “las listas negras” que afectan a miles de personas y afirmó que constituye “una segunda oportunidad” para quienes quedaron excluidos del sistema financiero pese a mantener deudas ya prescritas.

Desde la Región de Coquimbo, el diputado Daniel Manouchehri valoró que el proyecto finalmente saliera del estancamiento legislativo tras varios años y señaló que ahora corresponderá a la Cámara definir si ratifica la iniciativa “para demostrar quién está realmente del lado de la gente”.

Hasta el cierre de esta edición, parlamentarios de las regiones de Antofagasta no habían emitido declaraciones públicas específicas respecto de esta votación.

El proyecto volverá ahora a la Cámara de Diputadas y Diputados en su tercer trámite constitucional, donde deberá ratificarse la modificación incorporada por el Senado. De ser aprobada, quedará en condiciones de continuar su tramitación final, aunque el debate podría trasladarse posteriormente al Tribunal Constitucional debido a la reserva formulada por el Ejecutivo.