¿Qué ocurre con la confianza en las instituciones cuando quienes deben cumplir y hacer cumplir las normas aparecen involucrados en eventuales irregularidades?

Esa fue la pregunta que atravesó una nueva edición de Razones de Estado, espacio de análisis de Madero Radio, donde el cientista político y doctor en Comunicación Percival Madero abordó la controversia generada por funcionarios que registraron viajes fuera de Chile mientras se encontraban haciendo uso de licencias médicas.

El tema adquirió alcance nacional luego de que la Contraloría General de la República cruzara registros de licencias médicas con movimientos migratorios y detectara que 25.078 funcionarios públicos o trabajadores de entidades privadas financiadas con fondos públicos habrían incumplido sus períodos de reposo al viajar al extranjero.

Para Madero, más allá de las cifras, el problema abre una discusión respecto de la probidad, el uso de recursos y la confianza que la ciudadanía deposita en las instituciones públicas.

El foco puesto en quienes administran justicia

Durante su intervención, Madero concentró parte importante de su análisis en los casos relacionados con integrantes del Poder Judicial, argumentando que la responsabilidad adquiere una dimensión especial cuando involucra a personas encargadas de administrar justicia.

“Un juez de la República, una persona en quien le entregamos toda nuestra confianza, un poder del Estado que debiera garantizarnos igualdad ante la ley, debe ser de los primeros observantes de las leyes”, planteó.

La actual presidenta de la Corte Suprema es Gloria Ana Chevesich Ruiz, primera mujer en encabezar el máximo tribunal en más de dos siglos. Al asumir en enero de 2026 manifestó públicamente su compromiso con la probidad, mientras que en su Cuenta Pública de marzo el Poder Judicial identificó entre sus ejes el fortalecimiento de la probidad y transparencia y la recuperación de la confianza y credibilidad en la justicia.

La discusión no termina en el Poder Judicial

Madero planteó, sin embargo, que el problema no debería analizarse exclusivamente desde los casos vinculados a tribunales.

Su cuestionamiento apunta a qué ocurre con el resto de las personas detectadas por los organismos fiscalizadores y qué procedimientos administrativos se han iniciado para determinar responsabilidades.

La Contraloría ha señalado que los organismos correspondientes deben desarrollar procedimientos disciplinarios cuando existan antecedentes que lo ameriten. En otros análisis vinculados a licencias posiblemente irregulares, el organismo fiscalizador también ha ordenado comunicar antecedentes a las instituciones para el inicio de los respectivos procesos administrativos.

Esto resulta relevante porque registrar un viaje durante una licencia constituye un antecedente que debe ser investigado en su contexto y no equivale por sí solo a una sentencia definitiva sobre responsabilidad individual.

Probidad y confianza: el debate que deja el caso

Para Percival Madero, el problema de fondo está en la percepción que se genera cuando la ciudadanía observa posibles abusos dentro del propio aparato estatal.

Durante su análisis cuestionó la capacidad institucional para reaccionar frente a estas situaciones y sostuvo que Chile necesita establecer consecuencias efectivas cuando, después del correspondiente procedimiento, se comprueba una irregularidad.

Su reflexión apuntó también a la necesidad de contar con mayor transparencia respecto de las investigaciones y sus resultados, de manera que la ciudadanía pueda conocer qué ocurrió después de que los casos fueron detectados.

La controversia por las licencias médicas termina abriendo así una discusión que supera los viajes al extranjero.

Se trata de determinar cómo responde el Estado cuando sus propios funcionarios aparecen bajo investigación, qué sanciones corresponden cuando las irregularidades son acreditadas y de qué manera las instituciones recuperan la confianza después de episodios que ponen en cuestión la probidad pública.