Las tensiones doctrinarias e ideológicas al interior de la centroizquierda chilena alcanzaron un punto de no retorno en la Región de Coquimbo. La directiva regional del Partido por la Democracia (PPD) manifestó un categórico e intransigente rechazo al acuerdo político que suscribió un grupo de senadores de su propia colectividad con el Gobierno de turno en el marco de la discusión de la denominada «megarreforma«. Con esta fuerte declaración pública, la mesa técnica regional no solo marcó una distancia insalvable con el actuar de sus parlamentarios en el Congreso, sino que respaldó de forma irrestricta la postura oficial dictada por la directiva nacional de mantenerse en la oposición frontal a dicha iniciativa legal.

El secretario regional y vocero del PPD en Coquimbo, Felipe Barraza Araya, fue el encargado de canalizar el severo malestar institucional, asegurando que la directiva local bajo ningún punto de vista validará un pacto que fue cocinado a espaldas de la militancia y de las estructuras territoriales. «Nuestra directiva regional no apoyará el acuerdo o pacto que hicieron los senadores de la bancada del PPD con el Ejecutivo por la megarreforma. Esta situación nos produce una profunda indignación, ya que atenta directamente contra la necesaria unidad de acción del partido, de sus dirigentes históricos y de sus bases, así como también fractura la alianza con la oposición, con quienes debemos actuar en bloque para detener los retrocesos sociales que quiere instalar este Gobierno», sostuvo con firmeza el dirigente.

El impacto económico del acuerdo: «Cuando el Estado deja de recaudar, pierde la ciudadanía»

Más allá de la evidente fractura política y disciplinaria, el análisis del PPD en Coquimbo apunta a las graves consecuencias económicas que el texto acordado por los senadores tendría sobre el presupuesto nacional y las políticas públicas. De acuerdo con las proyecciones de los equipos técnicos locales, el entendimiento alcanzado con el palacio de Gobierno implica un debilitamiento severo de la capacidad recaudatoria y fiscalizadora del Estado, lo que terminaría impactando la entrega de beneficios a los sectores más vulnerables del país.

«Tenemos una convicción técnica y ética: cuando el Estado deja de recaudar los impuestos corporativos correspondientes, es la ciudadanía de a pie la que pierde, y eso se refleja de inmediato en la calidad de los derechos sociales, como salud, educación y vivienda, que tanto ha costado instaurar en la discusión pública nacional. No seremos nosotros, los militantes de las regiones, quienes avalemos desde el PPD la profundización de las desigualdades estructurales en Chile», afirmó Barraza, criticando los argumentos macroeconómicos con los que la bancada del Senado ha intentado justificar su acercamiento con el Ejecutivo.

El descontento regional no es un hecho aislado. Según relató el propio dirigente de Coquimbo, minutos después de que se hiciera público el apretón de manos entre los senadores del PPD y los ministros sectoriales, los canales internos de comunicación interna a nivel nacional colapsaron debido a las críticas de las bases. Durante las horas posteriores al anuncio, comenzaron a circular diversos pronunciamientos y comunicados de asambleas comunales y provinciales condenando lo que calificaron como una «claudicación» legislativa. «El desconcierto en la militancia se hizo evidente. Comenzaron a surgir declaraciones que definen esto como un pésimo acuerdo, aunque desde el Congreso intenten presentarlo mediáticamente como un logro de negociación», criticó.

Ante la magnitud de la crisis interna, la mesa directiva nacional del PPD tuvo que convocar a una sesión de carácter extraordinario para contener la rebelión de las regiones y ratificar el domicilio político de la tienda. En dicha instancia se determinó de forma unánime que el PPD, como institución jurídica, mantiene su postura contraria a la megarreforma. Para frenar la iniciativa, la colectividad acordó activar una ofensiva legal que incluye recurrir formalmente ante el Tribunal Constitucional (TC) acusando vicios de forma y fondo, además de otras medidas de presión política en la Cámara de Diputados.

Emplazamiento directo: «Las puertas son anchas para irse»

En uno de los pasajes más duros de su intervención en los medios locales, Felipe Barraza emplazó directamente la lealtad partidaria de los senadores díscolos, recordándoles que los cargos parlamentarios pertenecen al proyecto colectivo y no a los proyectos individuales de reelección. «Nosotros en las regiones no cargaremos con la cruz de ser tildados como los traidores de la izquierda chilena. Si algún parlamentario tiene la intención personal de cruzar la vereda y cogobernar con la centroderecha, las puertas del partido son lo suficientemente anchas para que presente su renuncia e intente su camino solo. Pero si deciden quedarse bajo el alero de nuestras siglas, tienen la obligación orgánica de construir sus decisiones legislativas junto al colectivo», advirtió de manera tajante.

Finalmente, el secretario regional alertó que este tipo de desmarques parlamentarios termina por dilapidar el capital político y la confianza ciudadana que los dirigentes de base construyen día a día en las poblaciones y sectores rurales de la Región de Coquimbo. «Hay militantes y concejales que han construido un respeto intachable en el territorio y no es justo que ese capital se pierda por la decisión de un grupo cerrado de senadores que claramente no está vinculado con el verdadero sentir y las necesidades de la ciudadanía», concluyó.