Pese a que el Gobierno del Presidente José Antonio Kast ha reiterado que el “Plan Escudo Fronterizo” busca consolidar un control más estricto en las fronteras del país, las cifras recientes del propio sistema de control migratorio, que incluye la habilitación de zanjas de 10 metros de profundidad, muestran una realidad distinta.

Según datos entregados por la Policía de Investigaciones (PDI) al Servicio Nacional de Migraciones, durante marzo de 2026 se registraron 2.065 ingresos por pasos no habilitados. Esta cifra representa un aumento del 53,1% en comparación con febrero, mes en el que se contabilizaron 1.348 ingresos irregulares.

El mismo informe detalla que, entre enero y marzo de 2026, se han registrado 4.860 ingresos clandestinos al país, concentrando marzo por sí solo el 42,5% del total trimestral. Esto convierte al tercer mes del año en el punto más alto del período analizado.

Un discurso de control frente a cifras en alza

El “Plan Escudo Fronterizo” ha sido presentado por el Ejecutivo como una estrategia clave para contener la migración irregular, fortalecer la vigilancia en zonas limítrofes y reducir el ingreso por pasos no habilitados.

Sin embargo, el comportamiento de los flujos migratorios durante el primer trimestre tensiona ese relato. Si bien existen variaciones mensuales y una baja respecto del mismo período de 2025 —cuando se registraron 6.377 ingresos irregulares—, el repunte de marzo instala dudas sobre la capacidad de estabilizar el fenómeno en el corto plazo.

Distribución territorial: impacto más allá del norte

El informe también da cuenta de la distribución de denuncias por ingreso irregular. La Región Metropolitana concentra el 35% de los casos, seguida por la Región de Valparaíso con un 10%.

Este dato es relevante, ya que el fenómeno suele asociarse principalmente a las zonas fronterizas del norte del país. Sin embargo, las cifras evidencian que el impacto se expande hacia centros urbanos donde se concentran redes de transporte, trabajo informal y asentamiento de población migrante.

Expulsiones y medidas complementarias

En paralelo, el Gobierno ha destacado avances en otras áreas del sistema migratorio. Según lo informado por la ministra vocera de gobierno, Mara Sedini, en los últimos dos meses se han materializado 293 expulsiones, lo que representa un aumento de 47% respecto del mismo período de 2022.

Del total de expulsiones, el 92,5% corresponde a medidas administrativas. Además, el Ejecutivo reporta una caída del 79% en las denuncias por ingreso por pasos no habilitados y más de 1.800 salidas voluntarias en el mismo período.

Estos indicadores han sido presentados como señales de mayor eficiencia operativa y capacidad de respuesta institucional frente al fenómeno migratorio.

Una brecha persistente entre control y flujos migratorios

El cruce de información deja en evidencia una tensión estructural: mientras el Gobierno exhibe avances en expulsiones y reducción de ciertos indicadores, los ingresos clandestinos siguen registrando picos significativos en el corto plazo.

El contraste entre las promesas del Plan Escudo Fronterizo y los datos del primer trimestre de 2026 abre un debate sobre la efectividad real de las medidas de control fronterizo.

En particular, el aumento registrado en marzo sugiere que, pese al reforzamiento operativo, el fenómeno migratorio irregular continúa siendo dinámico, con fluctuaciones que desafían su contención sostenida.

Por ahora, las cifras muestran un escenario donde la política migratoria enfrenta una presión persistente, especialmente en las zonas fronterizas del norte, que siguen siendo uno de los principales puntos de ingreso al país.