En el marco de una arista de alta connotación pública y judicial, la Policía de Investigaciones (PDI) concretó el registro e incautación de antecedentes en las dependencias del Congreso Nacional en Valparaíso. Las diligencias alcanzaron las oficinas de los senadores Sergio Gahona y Miguel Ángel Calisto, buscando esclarecer la participación o gestiones de parlamentarios en contrataciones de la Junta Nacional de Auxilio y Becas (JUNAEB).

Tras la irrupción de los efectivos policiales en su despacho, el senador por la Región de Coquimbo emitió una declaración pública para manifestar su total disposición a colaborar con el Ministerio Público: «Estoy tranquilo. He colaborado activamente en esta diligencia… Confío que en la investigación quedará acreditado que no existe ninguna irregularidad en mis actuaciones como parlamentario», sostuvo el legislador de Chile Vamos.

El origen del caso: Auditoría reveladora e irregularidades en la JUNAEB

La causa penal se desencadenó a raíz de una exhaustiva auditoría promovida por el actual director nacional de la JUNAEB, Fernando Peña, sobre la gestión de su antecesora, Camila Rubio. Los peritajes levantaron sospechas en los contratos suscritos con la proveedora Sociedad de Servicios de Alimentación (Soser S.A.), derivando en órdenes de entrada y registro otorgadas por el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago.

Entre las anomalías y presuntos delitos denunciados ante la fiscalía destacan:

• Cobro e inflación de raciones: Facturación al Estado por volúmenes de alimentación superiores a los efectivamente entregados a estudiantes vulnerables.

• Adulteración documental: Uso de certificados falsificados para justificar pagos con fondos públicos.

• Manipulación de sistemas e inocuidad: Alteración de bases de datos institucionales y reportes sobre distribución de alimentos en mal estado en colegios de la Región de O’Higgins.

Alcance de las diligencias y resguardo del debido proceso

El operativo policial incluyó el allanamiento de domicilios de ejecutivos de Soser S.A., dirigentes gremiales, funcionarios de la JUNAEB e incluso la incautación de información vinculada al exdiputado Hugo Gutiérrez. Paralelamente, la justicia autorizó el levantamiento del secreto de correos y cuentas en la nube de cinco funcionarios del organismo, indagando si omitieron denunciar abultamientos de raciones.

Frente a la inédita diligencia en la sede del Poder Legislativo, la mesa directiva del Senado emitió un comunicado ratificando su pleno respeto a la autonomía de las instituciones judiciales. La Cámara Alta enfatizó que mantendrá una colaboración absoluta con los requerimientos de la fiscalía, instando a que el proceso se conduzca con la máxima transparencia e imparcialidad.