La incertidumbre volvió a instalarse en la comunidad educativa del Instituto Obispo Silva Lezaeta luego de que la Fundación Educacional del establecimiento confirmara la suspensión total de clases por 30 días debido al inicio de una huelga legal de trabajadores. La medida provocó preocupación y molestia entre padres y apoderados, quienes aseguran que los estudiantes ya arrastran una importante pérdida de jornadas escolares tras los hechos de violencia ocurridos el pasado 27 de marzo que terminaron con una docente asesinada y otra herida de gravedad junto a dos alumnos.

A través de un comunicado emitido este 7 de mayo, la Fundación Educacional Obispo Luis Silva Lezaeta informó que no fue posible alcanzar un acuerdo durante la etapa de mediación obligatoria con el Sindicato de Trabajadores, situación que derivó en la paralización formal de funciones.

Según detalló la administración, el alto número de funcionarios adheridos a la movilización hace inviable mantener las actividades académicas y operativas del recinto. Por ello, se decretó el cierre temporal total del establecimiento durante 30 días, medida que, según indicaron, se encuentra respaldada por el artículo 353 del Código del Trabajo.

La fundación sostuvo además que la legislación vigente impide contratar reemplazos mientras se extienda la huelga legal. No obstante, aseguraron que continuarán las conversaciones con el sindicato para intentar retomar las clases lo antes posible y que ya trabajan en un plan de recuperación académica.

Apoderados acusan falta de claridad tras crisis del 27 de marzo

La decisión generó una inmediata reacción entre padres y apoderados. En una declaración pública difundida por representantes del 5° básico “D”, las familias manifestaron su preocupación por la prolongada interrupción del año escolar y cuestionaron la falta de información concreta respecto a la normalización de clases.

Los apoderados recordaron que, tras los “trágicos hechos” ocurridos el 27 de marzo —cuando un estudiante protagonizó un grave episodio de violencia al interior de la comunidad educativa—, los alumnos ya habían perdido más de un mes de actividades presenciales.

“Nos parece una falta grave que aún no haya nada claro para los niños, niñas, padres y apoderados”, señalaron en el documento.

Las familias indicaron que, luego de dos semanas enfocadas en contención emocional, apenas se alcanzaron a retomar cuatro días de clases antes de conocerse el inminente paro docente.

En la declaración, los apoderados recalcaron que comprenden el impacto emocional que afectó a directivos, profesores, asistentes y estudiantes tras el episodio de marzo, pero sostuvieron que la falta de acuerdos y definiciones termina afectando directamente el aprendizaje y estabilidad de los alumnos.

Exigen respuestas del colegio y del Ministerio de Educación

Entre las principales demandas, los apoderados solicitaron que el establecimiento entregue información clara sobre el retorno a clases y la recuperación de contenidos académicos.

Asimismo, pidieron descuentos en las mensualidades correspondientes a los períodos sin actividades normales y exigieron un pronunciamiento del Ministerio de Educación respecto a la continuidad del año escolar 2026.

“Nuestros niños y niñas necesitan volver a la normalidad”, expresaron las familias, insistiendo en que toda la comunidad escolar no puede seguir cargando con las consecuencias de la crisis que atraviesa el establecimiento.

Por su parte, el Sindicato de Trabajadores confirmó que la huelga fue aprobada mayoritariamente en el marco de la negociación colectiva iniciada en marzo y defendió la movilización como un derecho legítimo orientado a exigir “condiciones laborales dignas y justas”.

Tanto el sindicato como la administración hicieron un llamado a mantenerse informados a través de los canales oficiales mientras continúan las negociaciones.