Cinco años han pasado desde que Ingrid Solana decidió cruzar la frontera hacia Chile por un paso no habilitado. Lo hizo impulsada por una compleja situación económica en Bolivia, las deudas acumuladas por la pandemia y la necesidad de costear tratamientos médicos para sus padres adultos mayores. Hoy, instalada en Copiapó, asegura que su mayor anhelo no es obtener beneficios, sino poder trabajar de manera formal y regularizar su situación migratoria.

En conversación con el programa Atacama Escucha con Pancho Madero, la mujer relató que es estilista desde hace 16 años y que ya había trabajado anteriormente en Iquique durante 2019. Sin embargo, una emergencia familiar la obligó a regresar a Bolivia justo cuando comenzaban las restricciones sanitarias por el COVID-19, impidiéndole volver al país por vías regulares.

Con el paso de los meses, la falta de empleo, las deudas y los problemas de salud de sus padres terminaron por empujarla a migrar nuevamente, esta vez de manera irregular.

“Fue una decisión por necesidad. No había trabajo y debía responder por mi familia”, relató.

La dificultad de vivir sin documentos

Actualmente reside en Copiapó junto a su hijo, su nuera y sus tres nietos. Aunque ha logrado mantenerse trabajando como peluquera gracias a empleadores que le han dado oportunidades, reconoce que la falta de documentación le ha impedido acceder a condiciones laborales formales.

“No poder tener contrato, no pagar imposiciones ni acceder normalmente a un sistema de salud hace que uno sienta que no está haciendo las cosas bien”, afirmó durante la entrevista.

Según explicó, durante estos cinco años ha buscado alternativas para regularizar su permanencia en Chile, pero asegura que las respuestas recibidas por parte de las autoridades migratorias han sido insuficientes.

“La única solución que me han dado es firmar una salida del país o solicitar un abandono voluntario. Mientras tanto sigo esperando una resolución y así han pasado cinco años”, sostuvo.

A su juicio, la falta de información y la burocracia han sido los principales obstáculos para resolver su situación administrativa.

“No todos los migrantes venimos a delinquir”

Durante la conversación, Ingrid también reflexionó sobre la percepción que existe respecto de quienes ingresan irregularmente al país.

Afirmó que muchas veces las personas en esa condición son tratadas como si hubieran cometido un delito, cuando, según su experiencia, la mayoría migra por razones económicas o familiares.

“Para mí un delito es matar, el tráfico de personas o de órganos. Cruzar una frontera por necesidad es otra realidad”, expresó.

En ese contexto, hizo un llamado a que las autoridades analicen cada caso de manera individual y con mayor empatía.

“No todos somos malos. No todos vinimos a delinquir ni esperando que Chile resuelva nuestros problemas. Venimos a trabajar”, señaló.

Pese a las dificultades, aseguró sentirse agradecida de vivir en Copiapó, ciudad donde espera permanecer de manera definitiva.

“Me habían hablado mal de Copiapó, pero cuando llegué encontré otra realidad. Es una ciudad tranquila y aquí he podido salir adelante gracias a las personas que me han dado trabajo”, comentó.

Finalmente, pidió que el Estado genere instancias de acompañamiento más cercanas para las personas migrantes, especialmente mujeres y familias, con procesos de regularización más claros y accesibles.

Su testimonio refleja una realidad que continúa presente en la Región de Atacama, donde la regularización migratoria sigue siendo uno de los principales desafíos para cientos de personas que, pese a vivir y trabajar desde hace años en el país, aún no logran resolver su situación administrativa.

Cifras que impactan

De acuerdo con el Censo 2024, en la Región de Atacama residen 25.167 personas nacidas en el extranjero, equivalente al 8,4% de la población regional, casi triplicando las 8.798 registradas en 2017. La mayor concentración se encuentra en Copiapó, que reúne cerca de 19.200 migrantes, seguida por Vallenar, Caldera y Diego de Almagro.

En cuanto a las nacionalidades, Bolivia es el principal país de origen de la población migrante en Atacama, una particularidad que comparte con las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta. Le siguen comunidades provenientes de Venezuela, Colombia, Perú y Argentina, conformando una población mayoritariamente en edad laboral que se desempeña en sectores como minería, agricultura, construcción, comercio y servicios.