Una severa disputa jurídica mantiene en total incertidumbre la operatividad y modernización tecnológica de las principales arterias viales del norte chico. La empresa Automática y Regulación S.A. (AUTER) presentó una demanda formal ante el Tribunal de Contratación Pública (TCP) con el objetivo de impugnar y anular de raíz la adjudicación de la licitación pública denominada “Conservación Sistema de Control de Tránsito Región de Coquimbo V Etapa”. La acción judicial acusa la existencia de graves vicios e ilegalidades en el proceso de evaluación que favoreció a su competidora directa.

La arremetida legal apunta de forma directa en contra de la Delegación Presidencial Regional de Coquimbo, cuestionando formalmente la Resolución Exenta N°460 dictada el pasado 11 de mayo de 2026. A través de dicho acto administrativo, la autoridad gubernamental otorgó el millonario contrato de conservación de la red de semáforos a la firma Yunex S.A.S. (Agencia en Chile), por un monto total de $2.667 millones. Según el libelo de la demandante, la oferta de Yunex debió haber sido declarada inadmisible de forma automática al omitir un requisito calificado expresamente como «esencial» e intransigible dentro de las bases administrativas del concurso.

El «Anexo 4-A» y la flexibilización de las bases

La licitación, levantada en el portal de Mercado Público el pasado 20 de enero de 2026 bajo el ID 953-2-LR26, contemplaba la mantención técnica de toda la infraestructura de semaforización conectada a la Unidad Operativa de Control de Tránsito (UOCT). Al llamado acudieron únicamente dos competidores: AUTER y Yunex. Al momento del cierre, en el puntaje técnico estricto, AUTER tomó la delantera con 139 puntos frente a los 135 de Yunex. No obstante, la oferta económica de esta última inclinó la balanza final a su favor, gatillando la polémica adjudicación.

El corazón de la demanda radica en que Yunex no habría acompañado el denominado “Anexo 4-A”, un certificado obligatorio destinado a acreditar la experiencia específica en terreno del equipo profesional propuesto; específicamente, del encargado de Mantenimiento de Software y Hardware del Sistema de Control. En su lugar, la firma ganadora adjuntó un certificado emitido por la propia UOCT de Coquimbo que indicaba que el profesional se había desempeñado previamente como “Ingeniero Operador de Sala de Control”. La comisión evaluadora del Gobierno aceptó este documento alternativo apelando al principio legal de “no formalización”, una interpretación que AUTER califica de arbitraria. “La administración no puede cambiar las reglas después del cierre de la licitación”, fustiga el escrito judicial.

Operar pantallas versus reparar circuitos

Más allá de la omisión de la plantilla oficial, la demanda de AUTER desglosa una incompatibilidad técnica profunda en la validación de las competencias del profesional en cuestión. La empresa argumenta que las labores desarrolladas por un «Ingeniero Operador de Sala de Control» consisten prioritariamente en el monitoreo del flujo vehicular en tiempo real, la calibración a distancia de los tiempos de los semáforos y la gestión operativa de contingencias viales.

Por el contrario, el cargo clave licitado para la conservación del sistema exige un perfil estrictamente enfocado en el mantenimiento correctivo y preventivo de la infraestructura física (hardware) y lógica (software). En términos sencillos, la demandante argumenta que la Delegación Presidencial validó la experiencia de alguien encargado de vigilar las pantallas operativas, para un puesto cuyo objetivo es reparar los servidores y componentes críticos del sistema en caso de fallas masivas, rompiendo así el principio de estricta sujeción a las bases e igualdad de los oferentes.

«Presunción grave» y ordena congelar el contrato

El camino administrativo previo a la vía judicial ya había sido esquivo para los reclamantes. El 25 de mayo de 2026, la Delegación Presidencial Regional de Coquimbo rechazó una impugnación ingresada por AUTER a través del sistema de Mercado Público, ratificando la admisibilidad de Yunex. Ante la negativa, la firma decidió escalar el conflicto al Tribunal de Contratación Pública, solicitando que se retrotraiga el proceso licitatorio a la etapa de admisibilidad, se excluya a Yunex y se le adjudique el millonario contrato por ser el único oferente que cumplió la totalidad de las exigencias.

La justicia especializada ya tomó las primeras medidas drásticas. El pasado 30 de junio de 2026, el tribunal de Santiago acogió la solicitud precautoria de la demandante y prorrogó por 15 días hábiles la suspensión total del procedimiento administrativo de la licitación. En un duro dictamen, los magistrados determinaron que los antecedentes técnicos y legales expuestos por AUTER constituyen una “presunción grave del derecho y de los hechos reclamados”, ordenando a la Delegación Presidencial de Coquimbo abstenerse rigurosamente de firmar contratos, emitir órdenes de compra o ejecutar cualquier acto vinculado a este millonario proceso hasta que no se resuelva el fondo de la controversia.