La posibilidad de que el Centro de Detención Preventiva (CDP) de Combarbalá cierre sus puertas ha encendido las alarmas entre autoridades locales y vecinos de la comuna. Aunque hasta ahora no existe una confirmación oficial por parte de Gendarmería de Chile, el rumor ha generado preocupación debido al importante rol que cumple el recinto penitenciario en una de las comunas más alejadas de los principales centros urbanos de la Región de Coquimbo.

La inquietud fue planteada públicamente por concejales de la comuna, quienes advierten que la eventual medida significaría un nuevo retroceso en materia de presencia estatal en el territorio, especialmente en un contexto donde la seguridad pública se ha transformado en una de las principales preocupaciones ciudadanas.

Autoridades comunales piden claridad sobre el futuro del recinto

La concejala Claudia Ávalos confirmó que la comunidad se encuentra en estado de alerta ante las versiones que apuntan al cierre del establecimiento penitenciario.

Según señaló, el recinto cumple una función relevante para la comuna, no solo desde el punto de vista de la seguridad, sino también por su aporte a los procesos de reinserción social y al vínculo familiar de las personas privadas de libertad que son originarias de la zona.

A raíz de esta situación, la diputada Carolina Tello ofició a Gendarmería de Chile para solicitar información oficial respecto al futuro del recinto.

La parlamentaria sostuvo que resulta legítima la preocupación manifestada por las autoridades locales y vecinos, especialmente considerando que Combarbalá es una comuna que históricamente ha debido enfrentar la reducción o traslado de diversos servicios públicos.

“Necesitamos más presencia del Estado y no menos”, ha sido una de las principales ideas planteadas por quienes rechazan el eventual cierre.

Un recinto pequeño, pero con importancia estratégica

El CDP de Combarbalá es una unidad penitenciaria de menor tamaño destinada principalmente a población penal masculina de baja peligrosidad.

La importancia de este tipo de establecimientos radica en que permiten mantener a las personas privadas de libertad cerca de sus redes familiares y comunitarias, un factor que diversos estudios han identificado como relevante para favorecer procesos de reinserción y reducir la reincidencia.

Además, el recinto forma parte de la red penitenciaria provincial que complementa la labor desarrollada por unidades de mayor capacidad como el Complejo Penitenciario de La Serena y los centros de detención de Ovalle e Illapel.

La preocupación por su cierre no es nueva. En 2014, tras sufrir daños estructurales producto de movimientos sísmicos, el penal estuvo bajo evaluación para cesar sus funciones. Sin embargo, gestiones realizadas por autoridades comunales y regionales permitieron su continuidad y posterior reapertura luego de trabajos de reparación.

La realidad penitenciaria de la Región de Coquimbo

El debate sobre el futuro del CDP de Combarbalá ocurre en momentos en que la infraestructura penitenciaria regional enfrenta importantes desafíos.

Actualmente, el principal recinto de la región es el Complejo Penitenciario de La Serena, ubicado en el sector de Huachalalume. En junio de este año, el establecimiento se convirtió en uno de los primeros del país en implementar un régimen especial de máxima seguridad destinado a internos vinculados al crimen organizado y de alta peligrosidad.

De acuerdo con información oficial difundida por autoridades penitenciarias, el Complejo Penitenciario de La Serena alberga actualmente cerca de 2.700 personas privadas de libertad entre hombres y mujeres, transformándose en uno de los establecimientos más relevantes de la macrozona norte.

Durante los últimos meses, además, Gendarmería ha reforzado su dotación en la Región de Coquimbo con nuevos funcionarios destinados a distintos recintos, incluyendo los CDP de Illapel y Ovalle, medida orientada a fortalecer la seguridad y el funcionamiento del sistema penitenciario regional.

El impacto que tendría para Combarbalá

Los concejales sostienen que el cierre del recinto podría afectar fuentes laborales directas e indirectas, además de obligar a trasladar internos a establecimientos más alejados, dificultando las visitas familiares y aumentando los costos para quienes deben desplazarse desde sectores rurales.

El concejal Juan Castillo manifestó su molestia por lo que considera una nueva pérdida de servicios para la comuna, recordando que en años anteriores otras reparticiones públicas también dejaron de operar en el territorio.

Mientras tanto, la comunidad espera una respuesta oficial de Gendarmería y del Ministerio de Justicia que permita despejar las dudas sobre el futuro del establecimiento.

Por ahora, el eventual cierre del CDP de Combarbalá sigue siendo una posibilidad que preocupa a vecinos, funcionarios y autoridades locales, quienes coinciden en que la comuna necesita fortalecer la presencia del Estado y no continuar perdiendo instituciones consideradas fundamentales para su desarrollo y cohesión social.