La Presidenta del Senado, Paulina Núñez, junto a un grupo de senadores patrocinantes, presentó un proyecto de ley que busca fortalecer la seguridad portuaria, aduanera y logística del país, con el objetivo de impedir que organizaciones criminales utilicen la infraestructura estratégica nacional para el tráfico de drogas, el contrabando, el lavado de activos y otros delitos asociados al crimen organizado.

La propuesta surge en un contexto donde las autoridades han advertido un aumento en la sofisticación de las redes delictuales que operan a través de la cadena logística internacional, aprovechando el alto flujo de mercancías que circula diariamente por los puertos nacionales.

En este escenario, la iniciativa pretende modernizar el marco jurídico vigente y elevar los estándares de seguridad sin afectar la competitividad del comercio exterior chileno.

Un proyecto para fortalecer la cadena logística

El proyecto incorpora un sistema integral de seguridad logística basado en cuatro pilares: trazabilidad de las cargas, gestión de riesgos, coordinación entre organismos públicos y privados, y fortalecimiento de los controles operacionales.

La iniciativa también contempla mecanismos preventivos destinados a proteger toda la cadena del comercio exterior frente a las nuevas modalidades utilizadas por el crimen organizado. Entre las medidas propuestas se encuentran el intercambio oportuno de información entre instituciones, mayores exigencias para los operadores logísticos y el fortalecimiento de los modelos de prevención que deberán implementar las empresas vinculadas al sector.

Además, el texto incorpora agravantes penales para quienes utilicen infraestructura portuaria o logística con el propósito de facilitar actividades ilícitas como el narcotráfico, el contrabando o el lavado de dinero.

La seguridad portuaria como infraestructura crítica

Durante la presentación del proyecto, la Presidenta del Senado sostuvo que el crimen organizado ha demostrado una alta capacidad para adaptarse a nuevos escenarios y buscar espacios de infiltración dentro de las actividades económicas del país.

Según explicó, proteger los puertos representa hoy una prioridad estratégica para el Estado debido a que constituyen una de las principales puertas de entrada y salida del comercio chileno.

«Nuestros puertos conectan a Chile con el mundo. Por ellos transitan nuestras exportaciones, nuestras importaciones y buena parte del abastecimiento nacional. Protegerlos significa resguardar una infraestructura crítica para el desarrollo del país», señaló la parlamentaria.

Asimismo, enfatizó que el fortalecimiento de la seguridad logística no debe entenderse únicamente como un aumento de los controles físicos, sino como un sistema moderno basado en inteligencia, prevención y coordinación permanente entre todos los actores involucrados en el comercio exterior.

El escenario actual de la seguridad en los puertos chilenos

En los últimos años, Chile ha impulsado diversas medidas para fortalecer la seguridad portuaria frente al incremento del tráfico internacional y al avance del crimen organizado transnacional.

Actualmente, la seguridad en los puertos involucra a múltiples instituciones del Estado, entre ellas el Servicio Nacional de Aduanas, la Armada de Chile a través de las Autoridades Marítimas, la Policía de Investigaciones (PDI), Carabineros, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y el Ministerio Público, organismos que desarrollan labores de fiscalización, control documental, inspección de cargas e investigación criminal.

Paralelamente, varios terminales portuarios han incorporado tecnología para mejorar los procesos de vigilancia mediante sistemas de monitoreo con cámaras de alta definición, controles de acceso, escáneres para contenedores, identificación electrónica de cargas y protocolos internacionales de protección marítima como el Código Internacional para la Protección de los Buques y de las Instalaciones Portuarias (Código PBIP o ISPS Code).

Sin embargo, las autoridades han reconocido que las organizaciones criminales han perfeccionado sus métodos para ocultar droga en contenedores de exportación o aprovechar las cadenas logísticas para introducir mercancías ilícitas al país, situación que ha derivado en importantes incautaciones de drogas en distintos terminales marítimos durante los últimos años.

Este escenario ha impulsado la necesidad de actualizar la legislación para responder a amenazas cada vez más complejas y fortalecer la capacidad preventiva del Estado.

Seguridad y competitividad deben avanzar juntas

Uno de los aspectos destacados por la iniciativa es que un mayor nivel de seguridad no debe traducirse en una pérdida de eficiencia para el comercio exterior.

La propuesta plantea que un sistema logístico más seguro incrementa la confianza de los mercados internacionales, mejora la reputación de los puertos chilenos y fortalece la competitividad del país frente a otros centros logísticos de la región.

En ese sentido, Paulina Núñez afirmó que combatir al crimen organizado y promover el desarrollo económico son objetivos complementarios.

«Un sistema portuario seguro también es un sistema más confiable, más competitivo y más atractivo para la inversión. Combatir al crimen organizado y fortalecer el comercio exterior no son objetivos contrapuestos; son dos tareas que deben avanzar de la mano», indicó.

Próximos pasos de la iniciativa

El proyecto de ley iniciará ahora su tramitación en el Senado, donde será analizado por las comisiones correspondientes antes de continuar su discusión legislativa.

La propuesta busca consolidar un modelo preventivo que permita anticiparse a las nuevas amenazas del crimen organizado, fortalecer la coordinación entre el Estado y los operadores privados y elevar los estándares de seguridad de una infraestructura considerada estratégica para el desarrollo económico, la seguridad nacional y la proyección internacional de Chile.

Con ello, el Congreso abre un nuevo debate sobre la necesidad de adaptar la institucionalidad del comercio exterior a los desafíos que plantea el crimen organizado transnacional, resguardando el funcionamiento de una de las actividades más relevantes para la economía chilena.