La propuesta de crear una denominada “Ley Pique Seguro”, presentada en el marco del Día del Minero, puede haber surgido desde la antigua zona carbonífera del Biobío, pero apunta directamente a una realidad que atraviesa buena parte del norte minero de Chile: la existencia de antiguos piques, socavones, galerías y faenas que dejaron de operar mucho antes de que el país estableciera exigencias modernas para su cierre.

El diputado José Antonio Rivas, integrante de la Comisión de Minería, plantea modificar la legislación para establecer obligaciones de información y determinar responsabilidades respecto de quienes explotaron las faenas, sus sucesores y quienes posteriormente adquirieron los terrenos o concesiones.

“El homenaje que los mineros de Chile merecen no puede limitarse a discursos o monumentos. También debemos hacernos cargo de lo que quedó bajo nuestras ciudades. Las minas cerraron hace décadas, pero muchos piques siguen abiertos y sin responsable”, sostuvo el parlamentario al presentar la iniciativa.

Para regiones como Antofagasta, Atacama y Coquimbo, la discusión tiene especial relevancia por la extensión y antigüedad de la actividad minera.

Al menos 161 faenas levantadas entre Antofagasta y Coquimbo

No existe un catastro público actualizado que permita afirmar que actualmente existen exactamente determinada cantidad de piques abiertos entre Antofagasta y Coquimbo. Esa distinción es importante: una faena minera abandonada puede contener uno o varios piques, galerías, instalaciones o depósitos, por lo que no corresponde equiparar ambas cifras.

Sin embargo, los antecedentes históricos de Sernageomin permiten dimensionar el problema.

En su Anuario de la Minería, el organismo informó que durante 2016 realizó 278 levantamientos de faenas mineras abandonadas en Chile. De ellas, 22 estaban en Antofagasta, 98 en Atacama y 41 en Coquimbo. Es decir, 161 correspondían solamente a estas tres regiones, equivalentes a cerca del 58% de todos los levantamientos efectuados ese año.

La cifra no debe interpretarse como el universo total de piques existentes actualmente, sino como una señal de la magnitud territorial del problema. De hecho, antecedentes anteriores del propio servicio situaban a Atacama, Coquimbo y Antofagasta entre las regiones con mayor presencia de faenas abandonadas del país.

Sernageomin define una faena abandonada o paralizada como aquella cuyo propietario hizo dejación de ella o que permanece detenida temporal o definitivamente. Cuando esas instalaciones representan un riesgo significativo para la salud, seguridad de las personas o el medioambiente pasan además a constituir un pasivo ambiental minero. Entre sus peligros están las caídas a distinto nivel y los derrumbes de estructuras.

De riesgo minero a escenario policial

En el norte existe además otra dimensión mucho más dramática. La existencia de piques profundos, aislados y muchas veces sin vigilancia ha permitido que algunos sean utilizados para ocultar víctimas de delitos.

El caso más emblemático ocurrió en Alto Hospicio, Región de Tarapacá, fuera del territorio comprendido entre Antofagasta y Coquimbo, pero constituye probablemente el antecedente más brutal para entender el problema.

Julio Pérez Silva, conocido como el “psicópata de Alto Hospicio”, fue condenado por una serie de violaciones y homicidios de mujeres y adolescentes ocurridos entre fines de los años 90 y comienzos de la década de 2000. Parte de las víctimas fueron arrojadas al antiguo Pique Huantajaya, una antigua labor minera del sector.

El caso quedó instalado en la memoria del norte no solamente por la magnitud de los crímenes, sino porque demostró cómo la geografía minera abandonada podía transformarse en un espacio prácticamente invisible para las investigaciones.

Casi dos décadas después, Copiapó volvió a enfrentar una situación similar.

En julio de 2019, la Policía de Investigaciones confirmó que las osamentas encontradas dentro de un pique minero cercano a la capital de Atacama correspondían a Marina Cabrera, joven boliviana de 24 años desaparecida desde febrero de ese año.

“Logramos identificar que las osamentas encontradas en un pique minero cercano en la ciudad de Copiapó corresponden a Marina Cabrera”, informó entonces el jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI, Alfredo Espinoza.

El caso quedó vinculado a Hugo Pastén Espinoza, conocido posteriormente como el “psicópata de Copiapó”. Investigaciones periodísticas reconstruyeron cómo una de sus víctimas terminó oculta en la profundidad de una antigua labor minera.

Estos antecedentes no permiten concluir que los piques abandonados sean utilizados habitualmente para cometer delitos, pero sí evidencian una vulnerabilidad adicional: estructuras profundas, alejadas, sin control permanente y cuyo número y ubicación no siempre son conocidos por las comunidades que viven alrededor.

Una legislación que llegó cuando miles de labores ya existían

Ese es precisamente uno de los problemas que pretende abordar la propuesta presentada por Rivas.

Chile cuenta desde 2012 con la Ley de Cierre de Faenas e Instalaciones Mineras, pero una parte importante de la minería histórica dejó de funcionar décadas antes. El desafío, por lo tanto, está en determinar qué ocurre con aquellas labores antiguas que no quedaron sometidas desde su origen a las obligaciones actualmente exigidas a una explotación minera.

“La idea es simple. El carbón se agotó, pero el peligro no. Mientras exista un riesgo para las personas, debe existir también una responsabilidad”, afirmó Rivas.

Aunque la frase alude directamente a la minería del carbón del Biobío, en el norte podría reemplazarse carbón por cobre, oro, plata u otros minerales explotados durante más de un siglo.

La iniciativa pretende que un pique abandonado que represente peligro pueda ser objeto de medidas judiciales de resguardo, además de establecer obligaciones de información e identificar responsabilidades de antiguos operadores, sucesores o propietarios posteriores de los terrenos.

“Si un muro a punto de caer puede ser denunciado para evitar una tragedia, un pique minero abandonado también podrá ser objeto de medidas de resguardo ordenadas por un tribunal”, explicó el diputado.

Atacama aparece en el centro del problema

Los antecedentes disponibles colocan particularmente a Atacama bajo la lupa. En aquel levantamiento de Sernageomin de 2016, la región registró 98 faenas abandonadas, más del doble que Coquimbo y más de cuatro veces las contabilizadas entonces en Antofagasta.

La larga historia de pequeña y mediana minería ayuda a explicar un paisaje donde antiguas explotaciones pueden coexistir con caminos, expansión urbana, localidades rurales y sectores utilizados actualmente para otras actividades.

Por ello, uno de los desafíos de una eventual “Ley Pique Seguro” será precisamente pasar desde catastros históricos hacia un inventario georreferenciado y actualizado que permita saber cuántas labores existen realmente, dónde están, cuál es su profundidad, quién posee el terreno y qué nivel de riesgo representan.

La propuesta también reconoce que no todas las antiguas labores deben desaparecer. Algunas poseen valor histórico, patrimonial o turístico y podrían mantenerse cuando existan condiciones de seguridad, siguiendo modelos como el Chiflón del Diablo de Lota.

En el norte, donde la minería forma parte de la identidad de ciudades y localidades completas, esa distinción será particularmente relevante.

Porque detrás de la discusión legislativa existe una pregunta mucho más concreta: cuántos piques permanecen hoy abiertos o insuficientemente protegidos entre Antofagasta y Coquimbo y cuántos están suficientemente cerca de zonas habitadas como para constituir un riesgo.

Los catastros históricos demuestran que el problema existe. Los casos de Alto Hospicio y Copiapó demostraron, además, que un pique abandonado puede dejar de ser solamente un vestigio de la minería y convertirse en un problema de seguridad pública. La “Ley Pique Seguro” abre ahora la discusión sobre quién debe responder antes de que ocurra una nueva tragedia.