La discusión sobre los límites éticos sumó un capítulo vergonzoso que expone la profunda descomposición moral en ciertos círculos de asesoría política. La viralización del video donde el militante libertario Ítalo Omegna, quien hasta este fin de semana se desempeñaba como asesor del diputado Hans Marowski con una remuneración mensual de 1 millón 200 mil pesos, realizaba vulgares burlas alusivas al abuso sexual y la violación de niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA), desató una indignación transversal.
El hecho escaló con tal violencia que forzó la renuncia inmediata del involucrado a su cargo en el Congreso Nacional. La gravedad del caso trasciende el comportamiento individual y se transforma en una crisis ética institucional, ya que Omegna no solo dictaba minutas de ley para el Partido Nacional Libertario (PNL), sino que paralelamente presidía la Fundación Novum, destinada a la educación de niños vulnerables, y ejercía como jefe de Vinculación del Instituto Mises Cono Sur, entidad que decretó su expulsión fulminante.
La respuesta de su tienda política, lejos de sintonizar con el repudio generalizado, optó por el control de daños corporativo y la frialdad administrativa. A través de un tibio comunicado oficial emitido por su directiva nacional la tarde de este domingo 26 de julio de 2026, la principal preocupación del Partido Nacional Libertario se limitó a exigir que no se atribuyan las expresiones de Omegna como un pronunciamiento de la línea institucional, eludiendo una condena frontal y tajante contra el fondo del ultraje a la niñez autista.
Esta actitud defensiva del partido provocó una dura reacción en el bloque parlamentario opositor; la bancada de Diputados y Diputadas Socialistas emitió una declaración pública rotunda calificando lo sucedido como «repugnante» y acusando a los sectores libertarios de una profunda hipocresía política al constatar cómo «hablan de proteger la vida mientras humillan a niños reales», vinculando esta crueldad discursiva a la defensa de cuestionadas iniciativas parlamentarias como el proyecto «Escucha su corazón».
La firme posición de la Red para la Inclusión en Antofagasta
Frente a la trivialización de materias tan sensibles como la indemnidad y protección de la infancia, la reacción del tejido social organizado en los territorios no se hizo esperar, alzando la voz desde la capital regional de Antofagasta. La Red para la Inclusión de la Segunda Región, instancia que agrupa a múltiples organizaciones civiles comprometidas con la defensa de los derechos de las personas autistas, sus familias y el resguardo de la niñez, emitió una declaración pública de absoluto rechazo a la utilización de grupos históricamente vulnerados como objeto de mofa en los programas de streaming como «La Cofradía».
La agrupación antofagastina fue categórica en desmantelar las justificaciones discursivas que suelen amparar estos ataques, enfatizando de manera perentoria que la libertad de expresión y el humor jamás deben convertirse en una patente de corso para normalizar discursos de odio o perpetuar estereotipos violentos que afecten la dignidad humana. Las agrupaciones loínas y de la costa hicieron un llamado urgente a elevar el estándar de la discusión en las plataformas digitales, recordando a la comunidad y a los actores políticos que la construcción de una sociedad verdaderamente inclusiva es un imperativo legal y moral que comienza obligatoriamente por el respeto irrestricto y la empatía en el uso del lenguaje cotidiano.
El fin del tutelaje moral en la asesoría del Congreso
El escándalo provocado por el panelista de «zurdos free» desnudó las severas falencias en los filtros éticos y de idoneidad con los que se contrata al personal técnico que elabora las leyes de la República. Para la sociedad civil del norte, resulta intolerable que individuos con este nivel de degradación moral y falta de estatura ética posean influencia en el diseño de las políticas públicas destinadas a la infancia y a las personas neurodivergentes de nuestro país.
Los próximos días serán determinantes para verificar si los tribunales de justicia y el comité de ética parlamentaria abren investigaciones de oficio que vayan más allá de las meras declaraciones públicas. La movilización de la Red para la Inclusión en Antofagasta marca un hito de vigilancia ciudadana indispensable, advirtiendo que las comunidades organizadas ya no tolerarán que el dolor y la vulnerabilidad de los niños reales sean utilizados como mercancía de entretenimiento digital o como moneda de cambio en las cuotas de poder de los partidos políticos.
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