El Juzgado de Garantía de Antofagasta resolvió este viernes acoger la solicitud presentada por la defensa de la exalcaldesa Karen Rojo Venegas, ordenando que se abonen 1.463 días a la condena de cinco años y un día de presidio que cumple por el delito de fraude al Fisco en el denominado Caso Main.

La decisión reconoce el tiempo que permaneció privada de libertad en el Reino de los Países Bajos mientras se desarrollaba el proceso de extradición solicitado por Chile.

La resolución fue adoptada por el juez Marco Escobar Martínez, quien estimó que los antecedentes aportados por la defensa, junto con la información remitida por Interpol y el Ministerio de Relaciones Exteriores, eran suficientes para acreditar el período de privación de libertad y autorizar su descuento del tiempo total de la pena.

¿Qué resolvió el tribunal?

Durante la audiencia, los abogados defensores Fidel Castro y Loreto Flores solicitaron que se reconociera como parte del cumplimiento de la condena el período comprendido entre el 13 de julio de 2022 y el 14 de julio de 2026, lapso en que Karen Rojo permaneció detenida en Países Bajos mientras se tramitaba su extradición a Chile.

La defensa explicó que, cuando la exalcaldesa ingresó al Centro Penitenciario Femenino de Santiago el 15 de julio de 2026, su condena comenzó a computarse sin abonos, debido a que aún no existía la confirmación oficial sobre la cantidad de días que había permanecido privada de libertad en Europa.

Sin embargo, un informe remitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó que Rojo estuvo detenida durante 1.463 días, cifra que considera 1.462 días de prisión en Países Bajos y un día correspondiente al traslado hacia Chile.

Fiscalía y CDE no se opusieron a la solicitud

Uno de los aspectos relevantes de la audiencia fue que ni la Fiscalía Regional de Antofagasta ni el Consejo de Defensa del Estado (CDE) objetaron que ese tiempo fuera reconocido como abono de la condena.

El fiscal Cristián Aguilar sostuvo que Chile adquirió un compromiso internacional durante el proceso de extradición para reconocer ese período de privación de libertad. Añadió que dicha obligación se ajusta tanto al principio de buena fe en el derecho internacional como al artículo 348 del Código Procesal Penal, que regula los abonos de tiempo de detención.

Por su parte, el CDE compartió que correspondía descontar esos días de la pena, aunque planteó que hubiera sido preferible esperar la recepción del documento oficial de Cancillería antes de dictar la resolución, considerando la connotación pública del caso.

El juez consideró suficientes los antecedentes

Pese a esa observación, el juez Marco Escobar resolvió que la documentación disponible era suficiente para adoptar una decisión. Entre los antecedentes valorados figuraban la información entregada por Interpol, la comunicación oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores y los antecedentes incorporados por la defensa.

En su resolución, el magistrado recordó que el artículo 26 del Código Penal establece que las penas temporales comienzan a contarse desde la aprehensión del condenado y que el artículo 348 del Código Procesal Penal permite abonar los períodos de privación de libertad relacionados con la misma causa.

Asimismo, citó la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, instrumento internacional que sustentó el proceso de extradición desde Países Bajos y que contempla el reconocimiento del tiempo de detención cumplido en el Estado requerido.

Descuento se aplicará a la condena vigente

Con esta resolución, el tribunal ordenó que los 1.463 días sean descontados de la condena de cinco años y un día que Karen Rojo cumple por el fraude al Fisco cometido en perjuicio de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Antofagasta, delito por el cual fue condenada mediante sentencia firme.

La decisión implica que el período de reclusión que la exalcaldesa cumplió en Países Bajos durante el procedimiento de extradición será considerado oficialmente como parte del cumplimiento de su pena en Chile, dando cumplimiento tanto a la legislación nacional como a los compromisos internacionales asumidos por el Estado chileno durante el proceso de extradición.