Los recortes presupuestarios en el Ministerio de Vivienda ya comienzan a reflejarse en la Región de Atacama. Así lo aseguró la concejala y asesora de comités de vivienda Nilda González, quien afirmó que “se ha hecho cero” en materia de compra de terrenos para nuevos proyectos habitacionales, dejando en incertidumbre a decenas de organizaciones que esperan una solución para cientos de familias.

Durante una entrevista en Atacama Escucha con Pancho Madero, González explicó que la principal consecuencia de la reducción de recursos es que Serviu habría dejado de avanzar en la adquisición de terrenos, concentrando los esfuerzos únicamente en aquellos proyectos que ya cuentan con suelo disponible y se encuentran próximos a obtener sus subsidios.

La dirigenta recordó que, en una reunión anterior con la entonces seremi de Vivienda, se informó a 82 comités de vivienda sin terreno sobre dos paños que Serviu evaluaba adquirir para futuros proyectos. Sin embargo, con el ajuste presupuestario, esas compras quedaron en suspenso.

“Ahora con los recortes no es posible esas compras”, señaló, agregando que la información entregada por autoridades regionales apunta a que solo continuarán los proyectos que ya tienen terreno asegurado.

Familias acumulan hasta nueve años esperando una solución

González indicó que actualmente asesora 10 comités de vivienda que aún no cuentan con terreno, cuatro de ellos formados por ella y otros que se han incorporado buscando apoyo para continuar sus procesos.

Afirmó que la falta de nuevas adquisiciones afecta especialmente a familias que llevan entre siete y nueve años esperando acceder a una vivienda definitiva, muchas de las cuales habían depositado sus expectativas en la compra de nuevos terrenos por parte del Estado.

Ante este escenario, explicó que sostuvieron una reunión con el director regional de Serviu para explorar alternativas, entre ellas un terreno particular de aproximadamente nueve hectáreas. También anunció que solicitarán apoyo al gobernador regional Miguel Vargas para buscar mecanismos que permitan concretar esa adquisición pese a las restricciones presupuestarias.

Pide mayor control sobre subsidios y evaluación de entidades patrocinantes

La asesora de comités sostuvo además que el sistema requiere mayor fiscalización para evitar el mal uso de viviendas sociales, señalando que existen casos de beneficiarios que posteriormente arriendan, venden o incluso acceden a una segunda vivienda, desvirtuando el objetivo del subsidio DS49.

Asimismo, cuestionó el desempeño de algunas entidades patrocinantes que operan desde otras regiones, afirmando que la falta de presencia permanente en Copiapó retrasa la tramitación de los proyectos y obliga a las directivas de los comités a asumir funciones que corresponden a esas organizaciones.

Por ello, propuso establecer un sistema de evaluación de las entidades patrocinantes que considere también la experiencia de los propios comités de vivienda, con el fin de mejorar la gestión y evitar que errores administrativos sigan retrasando el acceso a la casa propia para cientos de familias de Atacama.