La visita del director nacional del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Yerko Ljubetic, a la Región de Antofagasta dejó una amplia agenda de reuniones con autoridades, instituciones públicas y organizaciones sociales, pero también una serie de definiciones respecto de los principales desafíos que enfrenta el país en materia de derechos humanos.

Durante una entrevista concedida a Radio Madero, la autoridad explicó el rol que cumple el organismo, abordó la situación del sistema penitenciario, la crisis derivada del estallido social, la investigación por adopciones irregulares y el trabajo que desarrolla el instituto junto a policías y organismos del Estado.

¿Cuál es el rol del Instituto Nacional de Derechos Humanos?

Ljubetic comenzó aclarando una de las dudas más frecuentes respecto del INDH: cuál es exactamente su función y por qué interviene en determinados casos.

Explicó que el organismo fue creado en 2010 como una institución pública autónoma, independiente del Gobierno de turno, cuya misión es promover y proteger los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales suscritos por Chile.

Según indicó, el trabajo del instituto no depende de decisiones políticas coyunturales, sino de un mandato legal que obliga a supervisar que las instituciones del Estado actúen dentro del marco del respeto a los derechos fundamentales.

En ese contexto, precisó que el INDH no persigue delitos comunes, tarea que corresponde al Ministerio Público y a las policías, sino que fiscaliza que las actuaciones estatales se desarrollen respetando las garantías de todas las personas.

La diferencia entre delitos comunes y violaciones a los derechos humanos

Uno de los puntos que más profundizó durante la conversación fue la frecuente confusión entre un delito común y una vulneración de derechos humanos.

El director explicó que cuando una persona comete un delito, corresponde a las instituciones de justicia investigar y sancionar a los responsables. Sin embargo, el INDH interviene cuando existe la posibilidad de que agentes del Estado vulneren derechos durante esos procedimientos.

Como ejemplo, señaló que una persona privada de libertad mantiene intactos todos sus derechos fundamentales, salvo la restricción de su libertad establecida por una condena judicial.

En ese sentido, enfatizó que prácticas como la tortura, los malos tratos o el uso excesivo de la fuerza nunca pueden justificarse, independientemente del delito cometido por una persona.

Preocupación por la situación de las cárceles femeninas

Uno de los principales temas abordados durante su visita fue la realidad del Centro Penitenciario Femenino de Antofagasta, donde sostuvo reuniones con Gendarmería para conocer las condiciones en que cumplen condena las mujeres privadas de libertad.

Ljubetic calificó como especialmente preocupante la situación de mujeres embarazadas o con hijos pequeños, señalando que las condiciones actuales reflejan un problema estructural presente en distintos recintos penitenciarios del país.

Explicó que el hacinamiento y la sobrepoblación carcelaria afectan especialmente a esta población, por lo que el INDH está colaborando con iniciativas legislativas que buscan establecer modalidades alternativas de cumplimiento de condena para mujeres en estas condiciones.

A juicio del director, este tipo de medidas permitiría proteger de mejor forma los derechos tanto de las madres como de los niños.

Adopciones irregulares: preocupación por el cierre del programa de búsqueda

Otro de los temas que abordó fue la decisión del Gobierno de poner término a la unidad dedicada a investigar casos de adopciones irregulares ocurridas durante la dictadura y años posteriores.

Ljubetic manifestó la preocupación del instituto por esta determinación, señalando que el INDH ya solicitó explicaciones al Ministerio de Justicia y a la Subsecretaría de Derechos Humanos.

Indicó que las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en esta materia continúan registrando numerosos casos de personas que fueron separadas ilegalmente de sus familias y trasladadas al extranjero mediante procedimientos fraudulentos.

A su juicio, el Estado mantiene la obligación de investigar estos hechos, establecer responsabilidades y facilitar la búsqueda de quienes aún desconocen su verdadera identidad.

Balance del estallido social: pocas condenas tras miles de querellas

Respecto de las causas judiciales derivadas del estallido social de 2019, el director recordó que el INDH presentó más de tres mil querellas a nivel nacional por presuntas violaciones a los derechos humanos.

Sin embargo, reconoció que los resultados judiciales han sido limitados. Según explicó, la principal dificultad ha sido la identificación individual de los responsables, lo que ha derivado en un número reducido de condenas pese a la magnitud de las investigaciones.

Ljubetic sostuvo que esta situación preocupa al organismo, ya que uno de los principios fundamentales en materia de derechos humanos es que las graves vulneraciones deben ser esclarecidas mediante verdad, justicia y garantías de no repetición.

Trabajo conjunto con Carabineros y la PDI

Durante su paso por Antofagasta, el director también sostuvo reuniones con Carabineros, la Policía de Investigaciones y Gendarmería.

En ese contexto, destacó que la relación del INDH con las policías no se limita a formular observaciones cuando existen procedimientos cuestionados, sino que incluye un importante trabajo de capacitación y colaboración institucional.

Según detalló, solo durante el último año el instituto desarrolló cerca de dos mil actividades de formación con funcionarios policiales en distintas regiones del país.

El objetivo, explicó, es fortalecer procedimientos que permitan compatibilizar el resguardo del orden público con el pleno respeto de los derechos fundamentales.

Organizaciones sociales y nuevos desafíos

La agenda en Antofagasta también contempló reuniones con representantes de organizaciones de derechos humanos, entre ellas la Premio Nacional de Derechos Humanos 2022, Elizabeth Andrade.

Tras esos encuentros, Ljubetic afirmó que existe preocupación por el aumento de situaciones de vulnerabilidad que afectan especialmente a personas migrantes y otros grupos sociales.

Finalmente, aseguró que el INDH continuará fortaleciendo su trabajo territorial para apoyar a las organizaciones de la sociedad civil y contribuir a consolidar una cultura de respeto a los derechos humanos, señalando que ese desafío constituye uno de los pilares fundamentales para el fortalecimiento de la democracia chilena.