Las declaraciones del presidente del directorio de Codelco, Bernardo Fontaine, respecto de explorar nuevas fórmulas de financiamiento, incluyendo alianzas con privados y eventuales aperturas de propiedad en algunas filiales, encendieron las alarmas en el mundo sindical minero, donde dirigentes advierten que cualquier paso en esa dirección podría transformarse en una privatización encubierta de activos estratégicos.

“Codelco debe seguir siendo 100% estatal”

La reacción más dura provino desde la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC), organización que históricamente ha defendido la propiedad estatal de la cuprífera. En una declaración difundida tras conocerse los planteamientos del nuevo directorio, dirigentes llamaron a “proteger Codelco de cualquier intento de privatización” y recalcaron que la empresa “pertenece a todos los chilenos”.

En el mundo sindical existe preocupación porque Fontaine ha planteado la necesidad de impulsar alianzas público-privadas y “cambios profundos” para enfrentar la deuda y los desafíos financieros de la corporación. Para los trabajadores, la discusión no puede centrarse exclusivamente en balances económicos, sino también en el rol estratégico que cumple la estatal para el país.

Dirigentes de Chuquicamata han señalado en distintas instancias que “los problemas financieros no pueden resolverse vendiendo patrimonio del Estado”, mientras que otros representantes sostienen que “la modernización de Codelco debe hacerse fortaleciendo la empresa y no reduciendo su participación en negocios futuros”.

Supervisores y contratistas observan el debate

La inquietud también se ha extendido a organizaciones de supervisores y trabajadores contratistas agrupados en la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC), donde existe preocupación por las consecuencias laborales que podría tener una eventual incorporación de inversionistas privados en determinadas áreas de negocio.

Aunque no se han anunciado movilizaciones por este tema, dirigentes del sector sostienen que cualquier modificación relevante en la estructura de propiedad de activos de Codelco debe discutirse previamente con los trabajadores y transparentar sus alcances productivos y laborales.

Desde las regiones mineras del norte, especialmente en Antofagasta, Atacama y Tarapacá, la discusión es observada con especial atención debido al impacto que tiene la estatal en empleo, contrataciones, inversión local y actividad económica. La preocupación apunta a que una apertura de propiedad pueda alterar decisiones futuras sobre inversiones o desarrollo de proyectos.

Por su parte, Fontaine ha insistido en que el objetivo central es “maximizar los aportes al Estado sin aumentar la deuda”, defendiendo la necesidad de revisar nuevas fórmulas de gestión y financiamiento para enfrentar los desafíos de largo plazo de la compañía.

El debate recién comienza, pero ya enfrenta dos visiones contrapuestas: por un lado, quienes sostienen que la situación financiera obliga a explorar mecanismos innovadores para capitalizar la empresa; por otro, sindicatos que advierten que cualquier venta de participaciones o activos estratégicos podría abrir una discusión política de gran magnitud sobre el futuro de la principal empresa estatal de Chile.