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Ficha FIBE: La Serena encabeza el volumen de damnificados en la Región de Coquimbo

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La masiva aplicación de la Ficha FIBE en la capital regional no solo activa los primeros bonos de recuperación económica, sino que devela las profundas grietas de un sistema que reacciona sobre el desastre consumado.

El repliegue del devastador sistema frontal que azotó al Norte Chico ha dado paso a la fría y urgente contabilidad de los daños, un proceso administrativo que vuelve a desnudar la fragilidad residencial de los sectores periféricos y la profunda brecha en la resiliencia de nuestras ciudades. Tras las severas precipitaciones, la Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social y Familia confirmó que la comuna de La Serena lidera a nivel regional el volumen de catastros, posicionándose a la vanguardia en la cobertura de la Ficha de Información Básica de Emergencia (FIBE).

Sin embargo, esta eficiencia en la recolección de datos no debe ocultar la cruda veta de crítica social que subyace al fenómeno: el hecho de que una sola comuna registre casi un millar de hogares golpeados expone que las políticas de ordenamiento territorial y la calidad de la vivienda social siguen estando en deuda con los habitantes del norte.

El despliegue territorial arrojó una cifra contundente que sitúa la magnitud de la crisis: un total de 979 fichas FIBE han sido aplicadas con éxito en los diversos sectores de la capital regional, seguida en volumen de atención por las comunas de Ovalle y Coquimbo. Este instrumento de caracterización socioeconómica funciona hoy como el único dique de contención frente al desamparo de las familias, midiendo con precisión técnica el nivel de afectación de la infraestructura y los enseres perdidos bajo el agua.

La masividad del catastro deja en evidencia cómo los sectores más vulnerables de la provincia de Elqui deben someterse a la validación de un formulario estatal para intentar recuperar la normalidad de sus vidas, demostrando que la emergencia climática ensaña sus peores efectos allí donde el lodo y la precariedad histórica ya habían hecho su trabajo.

El despliegue en el terreno y la defensa de la gestión municipal

La masividad en la recolección de la evidencia y los datos socioeconómicos ha sido defendida por las autoridades locales como una muestra de agilidad ante la catástrofe. Las cuadrillas de asistentes sociales y funcionarios públicos municipales se mantuvieron desplegadas de forma ininterrumpida antes, durante y después del temporal para catastrar la totalidad de los daños directamente en las viviendas de las familias damnificadas.

“Este es el resultado del trabajo en terreno de nuestros funcionarios municipales que se han acercado a las vecinas y vecinos de todos los sectores de la comuna. Hemos estado desplegados desde el primer minuto… para catastrar todos los daños y afectaciones recibidas por las lluvias”, afirmó la alcaldesa de La Serena, Daniela Norambuena, relevando el esfuerzo técnico de las reparticiones locales por acortar los plazos del auxilio fiscal.

Los montos de la ayuda estatal y el imperativo de la reconstrucción definitiva

La importancia crítica de este hito radica en que la correcta digitación de la Ficha FIBE constituye el único requisito legal para habilitar las transferencias automáticas de capital hacia las cuentas de los afectados. Los beneficios económicos asignados por el Gobierno ya comenzaron a depositarse en la región y se estructuran de forma escalonada partiendo en un piso mínimo de 375.000 pesos para daños leves, hasta alcanzar un tope máximo de 1.500.000 pesos para los casos de pérdida total o afectación calificada como gravísima.

No obstante, estos montos de mitigación inmediata no solucionan la crisis de fondo y deben ser leídos sólo como un paliativo temporal que no reemplaza una política habitacional seria. El dinero inyectado servirá para reponer colchones o electrodomésticos, pero no corregirá los problemas de techumbres deficientes, la mala canalización de las aguas pluviales ni la ubicación de asentamientos en zonas de inundación inminente.

El desafío para La Serena y el Norte Chico no es transformarse en expertos en administrar catástrofes ni en liderar ránkings de fichas aplicadas, sino exigir la justicia territorial y la inversión en infraestructura definitiva que impida que el próximo invierno vuelva a convertir el hogar de mil familias en una cifra de emergencia.

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