El sistema de recaudo digital y pago electrónico implementado este año en las tarjetas del transporte público de Antofagasta, enfrenta una crisis de confianza debido a la multiplicación masiva de denuncias por cobros irregulares y descuentos injustificados en los saldos de los usuarios.

Este escenario forzó al diputado por la región, Jaime Araya, a anunciar una denuncia formal ante la Contraloría General de la República, destapando una preocupante vulnerabilidad en un servicio público esencial que hoy golpea directamente la economía de los sectores más vulnerables de la capital regional.

El fenómeno, catalogado en el plano de la crítica social como un verdadero «robo hormiga» institucionalizado, se manifiesta a través de sorpresivos e inexplicables descuentos de dinero en las cartolas de pago bajo rótulos ambiguos como “actualizaciones” o “cobros”. 

Lejos de ser un error informático aislado, la persistencia de estas fallas en la plataforma digital del transporte de Antofagasta devela una alarmante falta de control y fiscalización por parte del Estado sobre las empresas intermediarias que administran los fondos.

La digitalización, que en el discurso público se vende como el salto definitivo al desarrollo, termina convirtiéndose en una herramienta de despojo silencioso donde las familias trabajadoras ven mermados sus presupuestos semanales de traslado sin que existan mecanismos expeditos de restitución ni respuestas claras en los centros de atención.

La ofensiva fiscalizadora ante Contraloría y el emplazamiento al ministerio

Frente a la gravedad de los antecedentes recopilados durante los últimos días, el diputado independiente pro PPD, Jaime Araya, calificó la situación como un abuso inaceptable que requiere la intervención inmediata de los organismos contralores de la nación.

El legislador acusó que las herramientas tecnológicas diseñadas para facilitar la vida de los antofagastinos terminaron transformándose en un fiasco operativo y en un dolor de cabeza diario, emplazando enérgicamente al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones a salir de su pasividad administrativa, tomar cartas en el asunto y ejercer su rol de superintendencia en el terreno.

La acción judicial ante la Contraloría General de la República busca auditar el contrato de prestación de servicios tecnológicos y obligar al ministerio del ramo a fiscalizar de forma exhaustiva el funcionamiento del software de cobro. Las autoridades locales insisten en que, al tratarse de la administración de un servicio público regulado y subsidiado por el Estado, la tolerancia hacia los errores de facturación debe ser cero, exigiendo que las carteras ministeriales actúen con la misma beligerancia con la que sancionan a los evasores, pero esta vez para defender a los usuarios residenciales del desfalco automatizado.

Exigen auditoría urgente y devolución inmediata de fondos públicos

La crisis del sistema de pago electrónico reabre el debate sobre la falta de resiliencia y la desprotección de los consumidores frente a los monopolios logísticos en el Norte Grande. Los gremios sociales y representantes territoriales de la provincia advirtieron que la investigación de la Contraloría debe ir acompañada de una auditoría técnica externa e independiente que determine con precisión matemática el origen de estos cobros fantasma, estableciendo las responsabilidades administrativas y penales que correspondan a la firma operadora del sistema de tarjetas.

Los próximos días serán determinantes para evaluar la capacidad de respuesta del Ministerio de Transportes ante la contingencia en Antofagasta. Las organizaciones de usuarios ya se encuentran coordinando catastros independientes para exigir no solo el cese inmediato de los descuentos bajo nomenclaturas abusivas, sino también la restitución íntegra y retroactiva de cada peso sustraído ilegalmente de las cuentas de las familias loínas y costeras, recordando que el progreso tecnológico carece de legitimidad si se implementa a costa de la desprotección económica de la ciudadanía.