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Edificios Alto Covadonga al límite: 1.800 vecinos de Tocopilla preocupados por riesgo de colapso ante un sismo tras una década sin solución

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La preocupación no es menor. Dirigenta advierte que uno de los bloques más comprometidos, donde residen cerca de 80 familias, presenta una inclinación visible, con escaleras y estructuras internas deformadas, lo que evidencia un deterioro progresivo. "Es literalmente como la Torre de Pisa".

por | May 4, 2026 | Sociedad

En Tocopilla, la vida cotidiana de cientos de familias está marcada por una preocupación constante: la posibilidad de que un sismo termine por colapsar edificios que hoy presentan evidentes daños estructurales. El conjunto habitacional Alto Covadonga se ha transformado en un símbolo de una crisis que suma más de 11 años sin solución definitiva.

La preocupación no es menor. Vecinos advierten que uno de los bloques más comprometidos, donde residen cerca de 80 familias, presenta una inclinación visible, con escaleras y estructuras internas deformadas, lo que evidencia un deterioro progresivo.

“Dormimos con la incertidumbre de no saber qué puede pasar si tiembla fuerte”, advirtió Maritza Orellana, presidenta de la Junta de Vecinos Alto Covadonga 1 y presidenta de la Junta de Unión Comunal de Tocopilla, reflejando un temor transversal en la comunidad.
En la práctica, vivir en estos departamentos implica adaptarse a espacios inclinados, con pisos desnivelados y una sensación permanente de inestabilidad que impacta la calidad de vida.

Fallas estructurales

El problema, según relatan los vecinos y respaldan informes técnicos, tiene su origen en una combinación de errores constructivos y deficiencias en las redes sanitarias.

Las filtraciones de agua potable han generado un proceso de desgaste en el terreno, caracterizado por su alta salinidad, provocando socavones que afectan la estabilidad de los edificios.

Este fenómeno ha derivado en asentamientos estructurales que, a su vez, han fracturado la red de alcantarillado, generando una problemática sanitaria adicional. “Es una cadena de fallas que nunca se detiene”, advirtió la dirigenta a nombre de los residentes de los 620 departamentos de las 10 torres del proyecto habitacional social, que en su momento fue el cumplimiento de la casa propia.

Las consecuencias son visibles y afectan directamente la vida diaria para casi 1.800 familias que habitan aún el sector que, además, durante el verano, conviven con la presencia de aguas servidas y malos olores frente a las viviendas.

La situación ha obligado a los vecinos a activar alertas sanitarias, denunciando condiciones que califican como incompatibles con una vida digna.

A ello se suman limitaciones estructurales graves: escaleras estrechas y deformadas que dificultan el acceso de servicios de emergencia, evidenciando un problema que va más allá de lo habitacional.

Organización vecinal: respuesta ante la falta de soluciones

Frente a la ausencia de respuestas concretas, al deterioro cada vez mayor de estructuras y a la constante amenaza de vivir en un país de alta actividad sísmica, la comunidad ha debido organizarse. Han realizado catastros internos para identificar a personas en situación de mayor vulnerabilidad y coordinado capacitaciones con organismos de emergencia para definir protocolos de evacuación ante eventuales sismos.

“Estamos haciendo un trabajo que no nos corresponde, pero es la única forma de enfrentar la emergencia”, enfatizó Orellana reconociendo que, por ahora, están en las manos de Dios para que una catástrofe como esta no se registre en la zona.

La problemática ha sido expuesta a diversas autoridades a lo largo de los años, incluyendo administraciones de Michelle Bachelet, Sebastián Piñera y el mismo Gabriel Boric, además de medios de prensa regionales y nacionales, sin hasta ahora tener una solución al problema que, en cierta forma, también vivieron vecinos de condominios en Concón el año pasado y que sí fue resuelto con prontitud.

En este último periodo, los vecinos lograron presentar incluso directamente sus antecedentes al Presidente Boric, quien reconoció la gravedad del caso y comprometió gestiones, aunque sin resultados concretos a la fecha.

También sostuvieron reuniones con el entonces ministro de Vivienda, Carlos Montes, quien visitó el terreno y planteó alternativas como la demolición de uno de los bloques más dañados. Sin embargo, las medidas no se materializaron, manteniendo la incertidumbre entre las familias.

Subsidios insuficientes y trabas administrativas

Las soluciones habitacionales propuestas, como subsidios de arriendo, tampoco han logrado implementarse debido a exigencias administrativas y condiciones que no se ajustan a la realidad local.

La falta de oferta de viviendas, sumada a montos insuficientes, ha impedido que las familias puedan acceder a una alternativa viable.

Uno de los principales obstáculos es la escasez de terrenos disponibles en Tocopilla para reubicar a las cerca de 600 familias afectadas. Ante este escenario, los propios vecinos han propuesto alternativas como la relocalización progresiva en grupos más pequeños y la evaluación de una ciudad satélite.

Incluso han identificado terrenos y presentado propuestas a las autoridades, sin que estas se traduzcan en acciones concretas.

Judicialización del conflicto y responsabilidades en análisis

Paralelamente, la comunidad ha impulsado acciones legales contra las empresas constructoras, organismos públicos y la sanitaria, buscando establecer responsabilidades.

El proceso judicial avanza, aunque los vecinos advierten que los tiempos de la justicia no responden a la urgencia de la situación.

A más de una década del inicio del problema, Alto Covadonga continúa sin una solución estructural. Los edificios siguen deteriorándose, mientras la comunidad enfrenta condiciones cada vez más complejas. «En los últimos meses se ha notado un deterioro mayor en la infraestructura porque uno puede ver cómo uno de los techos que instalaron vecinos de una de las torres se quiebra y eleva debido al asentamiento del terreno que es arena, y no roca como debiera haber sido», explicó Orellana.

La misma que reconoce cómo la sensación de abandono se instala con fuerza entre los vecinos, en un contexto donde se suma que el riesgo de un evento sísmico se transforme en una amenaza concreta que podría agravar una crisis ya crítica. «No quiero ni pensar en algo así», dice la dirigenta al enfrentarla a la posibilidad.

Para ella y los vecinos la demanda es clara: una solución definitiva que permita a las familias salir de un entorno que, aseguran, ya no es seguro para vivir.

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