Contraloría confirma ocupación ilegal de terreno fiscal

La Contraloría Regional de Atacama confirmó que el delegado presidencial provincial de Chañaral, Sebastián Urrejola Aranda, mantiene desde hace aproximadamente 16 años la ocupación ilegal de un terreno fiscal en el sector de Portofino, situación que el organismo calificó como una vulneración al principio de probidad administrativa.

La resolución se originó tras una denuncia presentada por un particular, quien solicitó mantener su identidad en reserva y alertó sobre la presunta ocupación irregular del inmueble.

A partir de esa presentación, Contraloría requirió antecedentes tanto a la Delegación Presidencial Regional de Atacama como a la Seremi de Bienes Nacionales, organismos que entregaron los informes técnicos que dieron sustento a la investigación.

Una ocupación detectada desde 2019

El informe establece que la Seremi de Bienes Nacionales ya había identificado esta ocupación durante un catastro realizado en 2019, situación que volvió a ser corroborada en una fiscalización en terreno efectuada el 2 de junio de 2026.

Según el organismo, en el lugar existe una construcción de material ligero emplazada sobre un terreno de aproximadamente 1.000 metros cuadrados, completamente cercado y con una antigüedad estimada de 16 años.

Los antecedentes señalan además que, debido a sus funciones como delegado presidencial, Urrejola reside actualmente en Chañaral y utiliza el inmueble principalmente durante los fines de semana.

Asimismo, el expediente consigna que en noviembre de 2025 la autoridad manifestó su intención de renunciar a la Junta de Vecinos N.º 26 de Portofino.

Tras revisar los antecedentes, Contraloría concluyó que la ocupación ilegal quedó “fehacientemente determinada” mediante la fiscalización realizada por la Seremi de Bienes Nacionales.

Contraloría advierte vulneración a la probidad

El organismo sostuvo que la situación infringe el principio de probidad administrativa que debe regir el actuar de quienes ejercen funciones públicas.

Además, advirtió que el caso reviste una gravedad adicional porque la legislación asigna precisamente a los delegados presidenciales funciones relacionadas con la protección de los bienes del Estado, debiendo impedir ocupaciones ilegales y promover su restitución.

En ese contexto, Contraloría estimó que la permanencia del delegado en un inmueble fiscal configura un eventual conflicto de interés, al tratarse de una autoridad que posee atribuciones legales sobre la fiscalización y recuperación de este tipo de bienes.

Como consecuencia de estas conclusiones, el organismo instruyó a la Subsecretaría del Interior iniciar un procedimiento disciplinario destinado a establecer las eventuales responsabilidades administrativas de Sebastián Urrejola Aranda.

La Subsecretaría tendrá un plazo de 10 días hábiles para informar a la Unidad de Seguimiento de Fiscalía de la Contraloría sobre el inicio del proceso.

En paralelo, la Seremi de Bienes Nacionales deberá reportar el avance del procedimiento para poner término a la ocupación ilegal, informar si corresponde el cobro de una indemnización por el uso del terreno y gestionar su restitución.

Si la devolución del inmueble no se concreta de manera voluntaria, los antecedentes deberán ser remitidos al Consejo de Defensa del Estado, organismo que evaluará la presentación de las acciones judiciales correspondientes.

Con ello, la resolución de Contraloría no solo confirma la ocupación ilegal del terreno fiscal, sino que también abre un proceso administrativo que podría derivar en responsabilidades para la autoridad provincial y en la recuperación del inmueble para el Estado.