La posibilidad de que Bolivia vuelva a regularizar los denominados “autos chutos”, vehículos ingresados de manera ilegal y sin documentación, encendió las alertas entre parlamentarios de las regiones del norte de Chile. La propuesta, presentada por el diputado boliviano Reinaldo Seas, ha generado un amplio rechazo desde Antofagasta debido a que parte importante de estos automóviles corresponderían a vehículos robados en territorio chileno y trasladados clandestinamente a través de pasos fronterizos del norte del país.

La iniciativa busca nacionalizar, por una sola vez, vehículos indocumentados que actualmente circulan en el comercio informal boliviano, replicando una medida aplicada en 2011 durante el gobierno de Evo Morales. El argumento de sus impulsores es aumentar la recaudación municipal mediante el pago de impuestos y patentes.

“Sinvergüenzura” e inverosímil

Desde la Región de Antofagasta, la diputada Marcela Hernando calificó la propuesta como una “sinvergüenzura” y sostuvo que resulta “inverosímil que un parlamentario boliviano haya propuesto este proyecto de ley para legalizar los robos”.

La legisladora advirtió que una eventual regularización enviaría una señal equivocada frente al contrabando y al crimen organizado transnacional, especialmente en las regiones del norte de Chile, donde históricamente se concentra el tráfico ilegal de vehículos hacia Bolivia. Hernando también respaldó la necesidad de que la Cancillería chilena manifieste formalmente su rechazo a la iniciativa.

“Esto es una sinvergüenzura. Ojalá no tenga apoyo en el Parlamento boliviano. Todavía tengo confianza en que las autoridades de todos los países entiendan que no se pueden hacer leyes para regularizar actividades ilegales”, afirmó la parlamentaria.

Piden que Cancillería se pronuncie

En la misma línea, el diputado por Antofagasta Sebastián Videla solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores realizar gestiones diplomáticas frente al proyecto, señalando que muchos vehículos robados en Chile terminan cruzando la frontera hacia Bolivia.

“Muchos autos robados en Chile terminan cruzando la frontera. Por eso es fundamental que Cancillería se pronuncie y actúe frente a este proyecto que se discute en Bolivia”, indicó.

Videla recordó además que actualmente impulsa una denominada ley “Antichuteros”, iniciativa que busca incorporar una agravante penal para quienes sean sorprendidos trasladando vehículos robados en zonas fronterizas, aumentando las sanciones contra quienes participan en estas redes delictuales.

“No podemos permitir que las fronteras sean una vía libre para el crimen organizado. Quienes sean sorprendidos intentando sacar autos robados del país deben enfrentar sanciones más duras”, sostuvo el legislador.

Un problema persistente en el norte

El robo y traslado de vehículos hacia Bolivia constituye una de las principales modalidades del crimen organizado que afecta a las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Atacama. Las bandas utilizan pasos fronterizos habilitados y no habilitados para sacar rápidamente los automóviles sustraídos, dificultando su recuperación y posterior persecución penal.

Ante este escenario, los parlamentarios coincidieron en que, además de un pronunciamiento diplomático, resulta indispensable reforzar los controles fronterizos, fortalecer la cooperación policial entre ambos países y endurecer las penas para quienes integran las organizaciones dedicadas al tráfico internacional de vehículos robados.