Un nuevo proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados de Bolivia reabrió la preocupación en Chile por el destino de miles de vehículos robados que cruzan ilegalmente la frontera hacia el país vecino. La iniciativa propone una regularización extraordinaria de los llamados “autos chutos”, un mercado informal que históricamente ha estado vinculado al ingreso clandestino de vehículos desde territorio chileno.

El proyecto, denominado “Ley de Regularización y Legalización Extraordinaria de Vehículos Indocumentados, para la Seguridad Vial, Legitimidad y Equidad Tributaria”, fue ingresado el 26 de mayo de 2026 por el diputado boliviano Reinaldo Seas y busca establecer un proceso único e irrepetible para nacionalizar vehículos que actualmente circulan sin documentación legal.

La propuesta reconoce expresamente que “la gran mayoría” de estos vehículos ingresó de manera informal desde Chile, principalmente a través de la frontera norte y de la Zona Franca de Iquique, aunque sostiene que la regularización permitiría mejorar la seguridad vial, aumentar la recaudación tributaria y ordenar el parque automotor.

Los requisitos para legalizar un “auto chuto”

El proyecto establece un procedimiento extraordinario que obliga al propietario o poseedor del vehículo a cumplir una serie de exigencias antes de obtener placas y documentación oficial.

Entre los principales requisitos figuran:

* Acreditar la posesión del vehículo.
* Presentar una declaración jurada sobre el origen del automóvil.
* Someter el vehículo a una inspección técnica obligatoria.
* Ingresar toda la información del automóvil en una plataforma digital estatal.
* Pagar tributos, tasas y multas que determine la reglamentación.
* Contratar obligatoriamente el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT).
* Realizar todo el procedimiento mediante una plataforma digital.

Una vez cumplidos estos pasos, el vehículo sería inscrito oficialmente, recibiría placa de circulación, registro vehicular (RUAT) y documentación legal para circular en Bolivia.

Control internacional… pero sin montos definidos

El proyecto contempla que, antes de aprobar la nacionalización, exista una consulta automática a bases de datos internacionales de Interpol, Diprove (Policía boliviana) y otros organismos para verificar si el automóvil mantiene denuncias por robo.

Asimismo, establece que no podrán acogerse al beneficio:

* Vehículos con denuncia vigente de robo en Bolivia, Chile u otros países.
* Vehículos con números de chasis o motor adulterados.
* Automóviles que no aprueben la revisión técnica.
* Vehículos utilizados para actividades ilícitas.
* Vehículos que se encuentren fuera del territorio boliviano al momento de publicarse la ley.

Sin embargo, el proyecto no fija cuánto costará la regularización. La iniciativa señala que el monto será establecido posteriormente mediante reglamento y dependerá del tipo de vehículo, su antigüedad y características técnicas. También considera el cobro de tributos, multas administrativas, emisión de placas, seguros e inscripción registral.

Tecnología blockchain y auditorías

Uno de los aspectos novedosos del proyecto es la creación de una plataforma digital única para gestionar todo el proceso, utilizando tecnología blockchain para registrar los trámites y permitir el cruce automático de información entre Aduanas, Interpol, Diprove, la Agencia de Gobierno Electrónico (AGETIC) y otras instituciones bolivianas.

Además, contempla auditorías periódicas de la Contraloría General del Estado sobre los vehículos regularizados y los recursos obtenidos mediante este proceso extraordinario.

Una preocupación permanente para Chile

Aunque el proyecto asegura que “no legaliza robos” y que la medida tendría carácter excepcional, en Chile la propuesta genera inquietud debido a que las bandas dedicadas al robo de vehículos mantienen como uno de sus principales destinos el mercado ilegal boliviano.

En los últimos años, autoridades chilenas, policías y fiscales han advertido que una parte importante de los vehículos robados en regiones como Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo termina cruzando pasos fronterizos no habilitados hacia Bolivia, donde posteriormente son comercializados en el mercado informal de los llamados “autos chutos”.

Precisamente por ello, distintos parlamentarios del norte han manifestado que cualquier mecanismo de regularización podría terminar beneficiando indirectamente a quienes participan de estas redes criminales si los controles internacionales no logran detectar todos los vehículos con origen ilícito.