El diputado Bernardo Salinas Maya (PC), representante de la Región de Coquimbo e integrante de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara, manifestó una profunda preocupación frente a la reforma constitucional impulsada por el Gobierno. Según el parlamentario, la propuesta abre un camino peligroso al ampliar de manera desmedida las facultades del Ejecutivo en materia de orden público.
“La primera sensación es que se está institucionalizando el autoritarismo”, afirmó Salinas, quien enfatizó que el Estado chileno ya cuenta con el marco legal e institucional necesario para combatir al crimen organizado, por lo que el verdadero desafío radica en optimizar y dotar de recursos a las herramientas existentes en lugar de restringir libertades.
Inteligencia, levantar el secreto bancario y fortalecimiento policial
Para el legislador oficialista, la estrategia del combate al delito debe centrarse en el seguimiento del dinero y el fortalecimiento de la inteligencia financiera. En esa línea, instó a avanzar de forma decidida en medidas estructurales que ataquen la columna vertebral de las bandas criminales.
“¿Por qué no profundizamos el tema de la inteligencia? Sí. ¿Por qué no levantamos el secreto bancario? ¿Por qué hoy día no potenciamos las policías? ¿Aumentamos la capacidad de las policías efectivamente de poder controlar los barrios? ¿Por qué no hacemos inversión en prevención del delito, por ejemplo? ¿Por qué no trabajamos con las organizaciones sociales en esos barrios?”, cuestionó el parlamentario nortino.
Alerta por militarización y estigmatización de las comunidades
Salinas fue enfático en criticar que la reforma apunte a la militarización de los sectores urbanos y contemple la restricción de garantías constitucionales, además de la intervención en áreas sensibles como el transporte y las telecomunicaciones. A su juicio, esta aproximación punitiva genera un impacto social negativo y corre el riesgo de estigmatizar a comunidades completas.
“Hay gente de trabajo, gente que tiene una pertenencia en esos barrios”, recordó el diputado, advirtiendo sobre el daño colateral que sufren las familias trabajadoras cuando se aborda la seguridad pública únicamente bajo la lógica del despliegue militar.
Riesgo democrático y discrecionalidad presidencial
Otro de los puntos de mayor discrepancia expresados por el representante de la Región de Coquimbo tiene relación con las nuevas atribuciones contempladas para la Figura Presidencial, las cuales le permitirían catalogar de forma discrecional a determinadas agrupaciones como organizaciones terroristas o de crimen organizado.
Salinas comparó este mecanismo con episodios oscuros de la historia legislativa del país: “Y por otro lado esta discrecionalidad del presidente de determinar qué organización es criminal, aludiendo a que estamos casi remontando a la ‘ley maldita’, cuando determinaban por decreto quién se proscribe, quién se persigue, qué organización es la criminal. Creo que eso es un camino peligroso que efectivamente debilita a la democracia”, advirtió.
El camino: Prevención, persecución penal y trabajo territorial
Finalmente, el integrante de la Comisión de Seguridad reiteró que desplazar a las Fuerzas Armadas a labores de orden interno no resolverá la crisis de seguridad. Por el contrario, instó a centrar todos los esfuerzos del Estado en potenciar al Ministerio Público, las policías y la persecución patrimonial.
“Militarizar la seguridad pública no es el camino”, concluyó Salinas, haciendo un llamado a “fortalecer las organizaciones sociales, la prevención del delito, la persecución y levantamiento del dinero que por ahí va para derrotar definitivamente a organizaciones que tanto daño le hacen al país”.
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