La senadora Daniella Cicardini y el diputado Daniel Manouchehri, parlamentarios de la Región de Atacama y la Region de Coquimbo, anunciaron que insistirán en la tramitación del proyecto denominado No más cobros en UF, iniciativa que busca restringir el uso de la Unidad de Fomento en contratos de corto plazo y gastos cotidianos de las familias.

La propuesta fue presentada originalmente durante 2023 y será impulsada nuevamente con modificaciones técnicas surgidas durante su discusión legislativa y a partir de antecedentes aportados por especialistas.

El proyecto apunta principalmente a evitar la aplicación de reajustes automáticos asociados a la UF en contratos donde los consumidores cuentan con una limitada capacidad de negociación, junto con fortalecer las obligaciones de información sobre las variaciones de precios.

La UF en contratos de corto plazo

La iniciativa establece que los contratos cuya duración no supere los 12 meses no podrán utilizar la UF como mecanismo de reajuste de precios.

En materia habitacional, los contratos de arriendo de hasta dos años deberán establecer la renta en pesos, evitando que los pagos mensuales aumenten automáticamente debido a las variaciones de la Unidad de Fomento.

El proyecto también contempla modificaciones para los establecimientos educacionales sin precios regulados, los cuales deberán fijar sus matrículas y aranceles en pesos. Estos montos podrán ser reajustados anualmente de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor.

La propuesta busca concentrar las restricciones en contratos relacionados con gastos habituales de las familias, donde los reajustes pueden generar aumentos progresivos en el presupuesto de los hogares.

Otro de los aspectos centrales del proyecto es la prohibición de cláusulas contractuales que combinen la Unidad de Fomento con el IPC u otros índices de reajuste, cuando estos mecanismos generen una duplicación del impacto inflacionario sobre el precio final pagado por los consumidores.

La iniciativa busca establecer reglas más claras respecto de las fórmulas utilizadas para actualizar los precios de bienes y servicios.

Además, toda publicidad y oferta comercial deberá informar si el precio establecido es fijo o reajustable, junto con especificar claramente la fórmula utilizada para calcular futuras modificaciones.

Los proveedores también deberán entregar al consumidor, al menos 15 días antes de la firma del contrato, un resumen escrito con las principales condiciones del acuerdo y los mecanismos utilizados para reajustar los valores.

Las empresas y proveedores que realicen cobros en UF deberán informar trimestralmente al Servicio Nacional del Consumidor sobre las fórmulas aplicadas y las variaciones registradas en sus precios.

Créditos hipotecarios fuera de prohibición

La propuesta establece que las nuevas restricciones al uso de la UF no afectarán a los créditos hipotecarios ni a los instrumentos financieros de largo plazo, donde la Unidad de Fomento continuará operando como mecanismo de reajuste.

En estos casos, las instituciones deberán cumplir con las nuevas obligaciones relacionadas con la transparencia y la entrega de información a los consumidores.

La iniciativa fue reingresada al Senado por la senadora Cicardini el pasado 10 de junio, mediante el Boletín 18.340-03, mientras el proyecto presentado originalmente en 2023 permanece a la espera de ser votado por la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados.

Además, se contempla incorporar algunos aspectos de la propuesta mediante indicaciones durante la discusión de otras reformas legislativas actualmente tramitadas en el Senado.

Buscarán apoyo transversal

Cicardini y Manouchehri anunciaron que buscarán respaldos políticos transversales para avanzar en la discusión legislativa del proyecto en ambas cámaras del Congreso Nacional.

Los parlamentarios sostienen que existe una diferencia entre los ingresos que reciben las familias en pesos y los gastos que deben enfrentar mediante contratos reajustados automáticamente según el comportamiento de la Unidad de Fomento.

La propuesta forma parte de una agenda legislativa orientada a fortalecer la protección de las familias endeudadas y mejorar las condiciones de los consumidores frente al sistema financiero.

Dentro de esta agenda también se encuentran iniciativas como Chao Dicom y Chao Histórico, proyectos relacionados con la eliminación de antecedentes comerciales y el denominado derecho al olvido financiero, que han avanzado en su tramitación legislativa.

El futuro del proyecto No más cobros en UF dependerá ahora del avance de su discusión en el Congreso, la búsqueda de acuerdos entre los distintos sectores políticos y la evaluación de sus efectos sobre los contratos de arriendo, servicios educacionales y otros gastos habituales de las familias chilenas.