La senadora por la Región de Atacama Yasna Provoste votó en contra de la propuesta presentada por el Gobierno para avanzar en el financiamiento del proyecto de sala cuna, argumentando que el mecanismo planteado podría afectar los recursos destinados a la protección de los trabajadores frente al desempleo.

La parlamentaria manifestó sus reparos durante la discusión de la iniciativa en la Comisión de Educación del Senado, instancia donde cuestionó la utilización de la estructura de recaudación asociada al Seguro de Cesantía para financiar una nueva prestación vinculada al cuidado y educación de la primera infancia.

Provoste sostuvo que el escenario laboral del país obliga a resguardar los instrumentos de protección social destinados a quienes pierden sus fuentes laborales.

“La semana pasada conocimos las cifras de desempleo, de 9,4%, la más alta en los últimos cinco años. Por tanto, desnaturalizar el Fondo de Cesantía, debilitando un importante pilar social, nos parece que es una situación compleja”, afirmó la legisladora.

La representante de Atacama señaló que el Seguro de Cesantía fue creado mediante la Ley 19.728 con el objetivo de proteger económicamente a los trabajadores ante la pérdida de sus empleos.

Senadora cuestiona utilización de recursos asociados al Seguro de Cesantía

Uno de los principales argumentos planteados por Provoste apunta a la naturaleza jurídica y al propósito original del Seguro de Cesantía.

Según explicó la parlamentaria, utilizar la estructura financiera del sistema para avanzar en el financiamiento de la sala cuna implicaría trasladar recursos destinados a una política de protección frente al desempleo hacia una nueva prestación social.

“El Seguro de Cesantía fue hecho para proteger a los trabajadores ante el desempleo, no para financiar un derecho educativo de la primera infancia”, señaló.

Provoste agregó que la utilización del mecanismo de recaudación existente no puede considerarse una operación sin costos para el sistema de protección social.

A juicio de la senadora, la propuesta busca financiar una nueva prestación utilizando recursos provenientes de las cotizaciones laborales sin que exista un financiamiento fiscal permanente destinado exclusivamente a cubrir el nuevo beneficio.

“Lo que busca es sustituir un derecho social por otro, dentro de los mismos recursos de los trabajadores, sin que el Estado asuma el costo fiscal de lo que significa una nueva prestación permanente”, afirmó.

Parlamentaria advierte disminución futura del Fondo de Cesantía Solidario

La senadora también fundamentó su rechazo en las proyecciones financieras relacionadas con el Fondo de Cesantía Solidario, mecanismo destinado a complementar la protección económica de los trabajadores que cumplen determinados requisitos después de quedar desempleados.

Provoste indicó que antecedentes de la Dirección de Presupuestos proyectarían una disminución de un 23,3% del Fondo de Cesantía Solidario hacia 2035, escenario que, según sostuvo, contradice la afirmación de que la implementación del proyecto no tendría costos para el sistema.

“El proyecto del Gobierno es un traspaso de riesgo desde la protección frente al desempleo hacia el financiamiento de la sala cuna, que paga el mismo trabajador que cotiza, no el empleador ni tampoco el fisco de manera genuina”, declaró.

La legisladora señaló que su votación responde a la necesidad de proteger la sostenibilidad futura del fondo, especialmente frente al actual escenario de desempleo y vulnerabilidad laboral.

Provoste también mencionó antecedentes de la Superintendencia de Pensiones respecto del eventual impacto que el mecanismo podría generar en trabajadores con contratos a plazo fijo y por obra o faena.

Calidad de establecimientos y copago también generan cuestionamientos

Otro de los argumentos planteados por la senadora de Atacama está relacionado con las instituciones que podrían recibir los recursos destinados al funcionamiento del beneficio de sala cuna.

Provoste cuestionó que el proyecto permita transferir recursos hacia establecimientos que, según indicó, no necesariamente contarían con certificaciones de calidad en materia educativa.

La parlamentaria también manifestó reparos frente a la posibilidad de establecer mecanismos de copago para trabajadores y trabajadoras que accedan al beneficio.

“Voto en contra también porque le va a entregar los recursos de los trabajadores a instituciones que no tienen certificación en materia de calidad y que además se les va a permitir el copago con costo para el trabajador o trabajadora”, sostuvo.

La discusión del proyecto continuará en el Congreso, donde el Ejecutivo y los parlamentarios deberán abordar las diferencias existentes respecto del mecanismo de financiamiento, la sostenibilidad del Seguro de Cesantía y las condiciones de acceso al beneficio.

El debate legislativo se desarrolla en medio de las diferencias entre el Gobierno y sectores de la oposición sobre la fórmula para ampliar el acceso a la sala cuna sin comprometer los recursos destinados a la protección social frente al desempleo.