La Contraloría General de la República y la Fundación Red de Integridad y Estado Abierto (RIEA) establecieron un convenio de colaboración destinado a fortalecer el trabajo conjunto en materias de integridad pública, probidad, transparencia, control ciudadano y gobierno abierto.

De acuerdo con los antecedentes difundidos por la propia Red, se trata de un marco general de cooperación técnica, académica y de difusión. Las acciones concretas deberán desarrollarse posteriormente mediante instrumentos específicos. El convenio se vincula, además, con los objetivos de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y con la Alianza Anticorrupción UNCAC Chile, coordinada por la Contraloría.

Para la Región de Coquimbo, el anuncio adquiere especial relevancia porque la fiscalización de la Contraloría Regional comprende al Gobierno Regional, las municipalidades y los órganos y servicios de la Administración del Estado presentes en las 15 comunas de la región.

Esto significa que el fortalecimiento de herramientas de transparencia, seguimiento y participación ciudadana que pueda derivarse del acuerdo podría tener aplicación en materias que afectan directamente a los habitantes de La Serena, Coquimbo, Ovalle, Illapel y las restantes comunas de la región.

Cuatro áreas de trabajo para enfrentar la corrupción

El acuerdo contempla cuatro líneas de colaboración: formación, estudios, gobierno abierto y difusión.

La finalidad es avanzar desde una mirada centrada exclusivamente en la detección de eventuales irregularidades hacia un sistema que permita comprender mejor los casos, fortalecer las capacidades de las instituciones y entregar mayores herramientas a la ciudadanía.

El presidente del directorio de RIEA, José Antonio Gómez Urrutia, ha planteado que uno de los problemas existentes en Chile es que determinados casos de corrupción alcanzan gran notoriedad pública, pero posteriormente resulta difícil para la ciudadanía conocer cuál fue su desenlace.

Desde la Red se plantea precisamente la necesidad de cerrar esa brecha entre el escándalo y la información sobre sus consecuencias. La organización señala que surgió a partir del trabajo de una Comisión Asesora Externa de la Contraloría, que identificó dificultades para comprender la información relacionada con casos de corrupción y sus respectivas rutas administrativas o judiciales.

El desafío para Coquimbo: que la información llegue a la ciudadanía

En una región como Coquimbo, donde existen 15 municipalidades, un Gobierno Regional y numerosos servicios públicos, la transparencia no se limita a publicar documentos en internet.

También implica que las personas puedan entender cómo se toman las decisiones, cómo se utilizan los recursos públicos y qué ocurre cuando una fiscalización detecta observaciones o posibles irregularidades.

La propia Contraloría Regional de Coquimbo tiene entre sus ámbitos de acción a las municipalidades y al Gobierno Regional. Por ello, cualquier avance nacional en materia de control ciudadano y gobierno abierto puede adquirir una dimensión concreta en la región.

Un ejemplo del interés que existe en la zona por estas materias se encuentra en las actividades de capacitación desarrolladas anteriormente por el Consejo para la Transparencia con alcaldes, directivos y funcionarios municipales de La Serena, Coquimbo y Vicuña, donde se abordaron conceptos de transparencia, probidad, integridad y corrupción.

Compras públicas: otro punto sensible para las regiones

La transparencia también tiene una relación directa con el uso de los recursos públicos y las compras del Estado.

ChileCompra informó que durante 2026 realizó actividades de capacitación en La Serena dirigidas tanto a compradores públicos como a proveedores de la Región de Coquimbo, abordando materias relacionadas con planificación, eficiencia, gestión contractual y herramientas del sistema de compras públicas.

El tema resulta especialmente relevante porque las instituciones públicas de la región realizan permanentemente adquisiciones de bienes y servicios. De hecho, ChileCompra ha informado que durante 2025, entre enero y abril, los organismos públicos de la Región de Coquimbo habían transado más de $164 mil millones en Mercado Público.

Por eso, una mayor cultura de integridad y transparencia puede contribuir a que proveedores, funcionarios y ciudadanos cuenten con mejores herramientas para comprender y fiscalizar estos procesos.

La Contraloría Ciudadana que propone la nueva Red

Uno de los proyectos anunciados por RIEA es la denominada Contraloría Ciudadana, iniciativa que busca entregar herramientas para que las personas puedan conocer y hacer seguimiento a situaciones relacionadas con sus comunas y servicios públicos.

La organización aclara que esta iniciativa no pretende reemplazar a los organismos formales de fiscalización. De hecho, su modelo contempla articular a organizaciones de la sociedad civil, periodistas y ciudadanía interesada para hacer seguimiento a casos y promover la rendición de cuentas.

Para Coquimbo, esto podría abrir un espacio de participación especialmente relevante en asuntos municipales, proyectos públicos, compras, ejecución presupuestaria y otras materias de interés local, siempre dentro de las competencias que correspondan a cada organismo.

La presentación oficial será este jueves en CEPAL

La Red de Integridad y Estado Abierto realizará su lanzamiento oficial este jueves 27 de agosto, durante el seminario “Integridad pública, Estado abierto y confianza ciudadana. Una agenda renovada para América Latina”, organizado junto a la CEPAL.

La actividad se desarrollará entre las 09:00 y las 13:00 horas en la sede de CEPAL en Vitacura, Santiago, y contará también con transmisión en línea. En la apertura participarán, entre otras autoridades, la contralora general de la República, Dorothy Pérez Gutiérrez, y el presidente del directorio de RIEA, José Antonio Gómez Urrutia.

El encuentro contempla además un panel sobre confianza pública y opacidad algorítmica, junto con la presentación de las líneas estratégicas y la hoja de ruta 2026-2028 de la Red.

Para la Región de Coquimbo, el desafío será que estos principios no queden solamente en el debate nacional. La verdadera evaluación estará en cuánto pueden traducirse en más información comprensible, mayor participación ciudadana y mejores mecanismos para seguir el uso de los recursos públicos en cada comuna.

Por ahora, el convenio establece un marco nacional de colaboración y no anuncia medidas específicas para la Región de Coquimbo. Su eventual impacto regional dependerá de las acciones e instrumentos que se desarrollen posteriormente.