La Contraloría General de la República volvió a poner bajo la lupa el alcance legal y ético del rol que cumplen los concejales municipales en Chile. A través de un nuevo pronunciamiento, el organismo aclaró que las autoridades comunales no pueden intervenir para favorecer solicitudes o intereses particulares fuera de las atribuciones establecidas por la ley, reforzando así los principios de probidad administrativa, transparencia e interés general en la gestión pública.

El dictamen surge tras consultas realizadas por concejales de distintas comunas del país, quienes buscaban precisar hasta dónde pueden actuar frente a requerimientos planteados por vecinos, especialmente cuando las respuestas desde municipios o servicios públicos tardan o simplemente no llegan.

La resolución establece un criterio relevante para el funcionamiento de municipalidades y concejos municipales a nivel nacional, en momentos donde la ciudadanía exige mayores estándares de transparencia y control sobre las autoridades locales.

El debate sobre los límites del rol de los concejales

La controversia se originó por distintas interpretaciones respecto de las facultades de los concejales para intervenir ante problemáticas individuales. Algunos municipios sostenían que los ediles no podían involucrarse en asuntos particulares, mientras otros entendían que sí existía cierto margen para canalizar inquietudes ciudadanas.

Frente a esa discusión, la Contraloría buscó delimitar claramente la diferencia entre la labor fiscalizadora legítima y aquellas actuaciones que podrían transformarse en gestiones de intereses privados.

El organismo precisó que los concejales sí pueden ejercer funciones fiscalizadoras, solicitar información y supervisar la gestión municipal, pero siempre dentro de los mecanismos contemplados por la legislación vigente y sin transformarse en intermediarios para obtener beneficios individuales.

La resolución pone énfasis en que las funciones públicas deben ejercerse exclusivamente bajo criterios de interés general y no para favorecer casos particulares.

El principio de probidad como eje central

La Contraloría recordó que la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, Ley N.º 18.695, establece que los concejos municipales cumplen funciones normativas, resolutivas y fiscalizadoras. Sin embargo, dichas facultades deben desarrollarse siempre respetando el principio de juridicidad y probidad administrativa consagrado en el artículo 8° de la Constitución.

Ese principio obliga a toda autoridad pública a mantener una conducta intachable, actuar con transparencia y privilegiar el interés colectivo por sobre cualquier beneficio individual.

El organismo también advirtió que las autoridades deben evitar actuaciones que puedan afectar la imparcialidad de las decisiones públicas o generar percepciones de favoritismo, clientelismo o conflictos de interés.

En términos prácticos, el dictamen busca impedir que los concejales utilicen su posición institucional para intervenir directamente en trámites, permisos, beneficios o solicitudes específicas de personas determinadas.

La Ley del Lobby y las gestiones particulares

Otro de los aspectos relevantes del pronunciamiento fue la referencia a la Ley N.º 20.730, conocida como Ley del Lobby, normativa que regula las gestiones destinadas a influir en decisiones públicas.

La Contraloría recordó que existe una diferencia clara entre las actuaciones orientadas al interés general y aquellas destinadas a beneficiar a personas o entidades específicas.

Según la interpretación del órgano contralor, intervenir directamente para obtener respuestas o soluciones a requerimientos individuales podría exceder el marco legal de las funciones de un concejal y acercarse a una gestión de interés particular.

El dictamen insiste en que las autoridades comunales deben evitar cualquier actuación que pueda interpretarse como lobby indebido o utilización de atribuciones públicas para fines distintos a los establecidos por la ley.

La resolución también busca prevenir eventuales desviaciones de poder, concepto jurídico que se produce cuando una autoridad utiliza facultades legales para objetivos distintos a aquellos previstos por el ordenamiento jurídico.

Qué sí pueden hacer los concejales

Pese a las restricciones señaladas, la Contraloría aclaró que los concejales mantienen intactas sus facultades fiscalizadoras.

Los ediles pueden solicitar antecedentes, requerir información, supervisar el funcionamiento municipal y plantear observaciones respecto de la gestión administrativa, tanto dentro del concejo municipal como mediante mecanismos establecidos en la legislación.

La resolución subraya que la fiscalización sigue siendo una herramienta esencial para fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y el control democrático dentro de los gobiernos comunales.

Especialistas en administración pública han sostenido que este rol fiscalizador constituye uno de los principales contrapesos institucionales dentro de los municipios, permitiendo supervisar el uso de recursos públicos y el cumplimiento de las funciones administrativas.

En esa línea, estudios de organismos internacionales como CEPAL y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo han señalado que la claridad en las funciones institucionales y la transparencia ayudan a reducir riesgos de clientelismo, conflictos de interés y pérdida de confianza ciudadana.

Qué se entiende por “asunto particular”

Uno de los puntos más relevantes del pronunciamiento es que la Contraloría evitó establecer una definición rígida sobre qué constituye un “asunto particular”.

El organismo indicó que cada situación deberá analizarse caso a caso, considerando si la actuación del concejal persigue un beneficio individual específico o responde a un interés colectivo.

Ese criterio será clave para determinar cuándo una intervención se mantiene dentro del marco legal y cuándo podría transformarse en una gestión impropia.

La resolución enfatiza que las autoridades deben actuar estrictamente dentro de las competencias expresamente establecidas por la ley, evitando cualquier desviación de finalidad.

Impacto en los municipios y la relación con los vecinos

El nuevo criterio podría generar efectos importantes en la dinámica cotidiana de los municipios chilenos.

En muchas comunas, los vecinos recurren directamente a concejales para gestionar reclamos relacionados con servicios básicos, seguridad, permisos, tránsito o problemas administrativos. El pronunciamiento obliga ahora a delimitar con mayor claridad hasta dónde puede llegar la intervención de las autoridades comunales.

Especialistas sostienen que el principal desafío será compatibilizar la cercanía territorial propia del cargo con el respeto irrestricto a la legalidad y la probidad administrativa.

La Contraloría concluyó que los concejales cumplen un rol relevante en canalizar inquietudes ciudadanas, pero siempre dentro de las atribuciones normativas, resolutivas y fiscalizadoras que establece la ley.

El organismo reiteró que el interés general debe prevalecer por sobre cualquier gestión individual y que la transparencia institucional resulta clave para fortalecer la confianza pública en las autoridades locales.