«El caso ProCultura será el dolor de cabeza más grande para el fiscal regional de Antofagasta Juan Castro Bekios porque lo saca de su hábitat como es la jurisdicción nortina», enfatiza el periodista de Tribunales Mario Antonio Guzmán al comentar el nuevo traslado de causa fuera de la región que sufre la fiscalía antofagastina.

Esta vez en la causa conocida como caso Procultura, por la que el Juzgado de Garantía de Antofagasta remitió la investigación por delitos de apropiación indebida a Santiago.

La Fundación ProCultura es una de las aristas más grandes del «Caso Fundaciones» (o Caso Convenios) que estalló en Chile. Su relación se define porque la ONG, liderada por el psiquiatra Alberto Larraín, se convirtió en el epicentro de una investigación por presunta malversación y fraude al fisco que generó la mayor crisis política de Gabriel Boric en su mandato.

-¿Cuál es el análisis que se hace de estas decisiones de los tribunales antofagastinaos desde los periodistas que cubren Justicia y Tribunales en Santiago?

-La Fiscalía no midió las herramientas que tenían las defensas para traer esta investigación a la jurisdicción metropolitana, donde además tendrán que litigar en dos juzgados de garantía distintos y, eventualmente, en dos tribunales orales distintos. Ya le pasó con la primera formalización y discusión de cautelares, y es por eso que esta vez no quisieron venir a Santiago al mismo debate y esperaron la resolución de incompetencia tras informar los cargos de apropiación indebida a Alberto Larraín Salas y María Constanza Gómez Cruz, su socia y representante legal.

-¿Cuál es el nuevo desafío para el fiscal el fiscal Juan Castro Bekios entonces?

-Tendrá el gran desafío de convencer a jueces con más experiencia y con más litigios encima acá, en Santiago, sobre si la acción de esta ONG tuvo responsabilidad penal. Si no lo hace, la Fiscalía tendrá un nuevo fracaso en su larga mochila de desaciertos.

Cabe destacar que Bekios es un abogado con una conocida trayectoria en el Ministerio Público, donde se ha enfocado en diversas áreas de investigación como delitos sexuales y violentos, homicidios, lavado de dinero, crimen organizado, corrupción y tráfico ilícito de drogas. Arribó a la causa como investigador luego que su colega de entonces a cargo de la investigación, Eduardo Ríos, renunciara a su cargo en el Ministerio Público a través de una carta enviada directamente al fiscal nacional, Ángel Valencia.

Se acogió incompetencia y remisión inmediata

Sin embargo, este martes 26 de mayo el Juzgado de Garantía de Antofagasta se declaró incompetente en la causa y remitió los antecedentes de la investigación por delitos de apropiación indebida que indaga el Ministerio Público en el marco del caso denominado Procultura con Gobierno Regional de Antofagasta y Minvu, a Santiago.

En la audiencia de formalización de la causa rol 11.082-2023, la magistrada María José Saavedra Cárdenas acogió la incidencia presentada por las defensas de los imputados Alberto Larraín Salas y María Constanza Gómez Cruz y ordenó la remisión de antecedentes al Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, por estimar que corresponde a dicho tribunal el conocimiento del proceso.

Al resolver la competencia, informó la fiscalía regional, la magistrada sostuvo que “según el artículo 157 del Código Orgánico de Tribunales, el tribunal competente es aquel donde se dio principio de ejecución al delito. En el caso de la distracción de fondos, este principio se ubica en el momento del desvío de los recursos de manera incompatible con el fin acordado, no en la mera omisión de restituirlos. Los hechos de la formalización muestran que los desvíos ocurrieron mediante gestiones bancarias en cuentas radicadas y administradas en la comuna de Las Condes”.

“Ni la suscripción lícita de convenios ni la recepción de fondos constituyen el principio de ejecución del delito. La ejecución se vincula al acto de disposición incompatible con el mandato fiduciario, el cual ocurrió íntegramente en la Región Metropolitana”, añadió un comunicado de la fiscalía.

Por tanto, se resuelve que:
“1.- Se acoge el incidente de incompetencia territorial por vía de declinatoria.
2.- Se declara la incompetencia del Juzgado de Garantía de Antofagasta para seguir conociendo la investigación RIT 11.082-2023.
3.- Se ordena la remisión inmediata de los antecedentes al Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, por ser el tribunal competente donde se inició la ejecución de los ilícitos.
4.- En caso de que dicho tribunal no acepte la competencia, se tendrá por trabada la contienda ante la Corte de Apelaciones respectiva”.

Corte de Apelaciones de Antofagasta también trasladó a Santiago

Esta decisión se suma a la adoptada la semana pasada por la Corte de Apelaciones de Antofagasta de trasladar a Santiago una de las aristas más relevantes del Caso Fundaciones, hecho esencial que comenzó a generar interpretaciones jurídicas y políticas en los tribunales capitalinos sobre el verdadero origen de la operación investigada en el caso Democracia Viva, lo que fue interpretado como un fallo que “cambia el eje” de la investigación y redefine dónde se habría estructurado inicialmente el eventual fraude al Fisco.

La resolución judicial sostuvo que uno de los primeros actos ejecutivos del presunto esquema ocurrió en la Región Metropolitana.

En particular, el tribunal establece que el 26 de julio de 2022 se suscribió en Santiago un contrato de arrendamiento “ideológicamente falso”, cuyo objetivo habría sido simular que la Fundación Democracia Viva tenía domicilio legal en la comuna de Ñuñoa.

Según detalla el fallo, ese domicilio fue posteriormente utilizado para tramitar el inicio de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos el 31 de julio de 2022, gestión realizada también en Santiago.

Aquello permitió posteriormente que la fundación pudiera comparecer ante la Seremi de Vivienda de Antofagasta como una entidad jurídicamente habilitada para recibir recursos fiscales.

Golpe periodístico regional

Cabe recordar además que el caso salió a la luz pública tras un reportaje realizado por el medio antofagastino Timeline. El escenario recuerda también otro episodio reciente vinculado al traslado de causas desde Antofagasta hacia Santiago.

Se trata de las gestiones impulsadas por el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, en el contexto de diligencias relacionadas con la causa de desafuero que lo involucraba, instalando nuevamente el debate sobre la competencia territorial en investigaciones de alta sensibilidad política.

Estrategia del traslado de competencia

En términos jurídicos, la resolución podría marcar un precedente para futuras aristas del Caso Convenios. Si se consolida la tesis de que determinados delitos comenzaron a estructurarse administrativamente en Santiago antes de ejecutarse en regiones, otras investigaciones podrían enfrentar solicitudes similares de traslado de competencia.

Aunque el fallo no altera las imputaciones existentes ni implica absoluciones, sí modifica el mapa judicial del Caso Fundaciones. Y, al mismo tiempo, abre una discusión más profunda sobre cómo se construyen las competencias territoriales en delitos económicos y de corrupción con impacto nacional, pero ejecutados desde distintas regiones del país.