Un salto desde los cerca de US$3.000 millones actuales hasta US$11.000 millones en un horizonte de diez años podría alcanzar la contratación de proveedores locales por parte de la gran minería, de acuerdo con la proyección entregada por el presidente ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino, durante una entrevista con Radio Madero.

La estimación surge en medio del trabajo impulsado para fortalecer el encadenamiento productivo minero en la Región de Antofagasta, materia que esta semana fue abordada a partir de un estudio desarrollado junto a la Universidad Católica del Norte y Gestión Social, con participación de siete compañías mineras.

“Entre 2.600 y 3.000 millones de dólares gastan o invierten las compañías mineras en proveedores locales. Ese universo, si hiciéramos todas las cosas muy bien, y yo creo que lo vamos a hacer, en diez años podría ser 11.000 millones”, sostuvo Villarino.

Para el ejecutivo, la diferencia entre ambas cifras refleja el potencial económico todavía disponible para las empresas regionales. “El espacio de crecimiento que tenemos es buenísimo. Cualquier logro entre los prácticamente 3.000 y 11.000 es un éxito para la región. Hay un colchón grande y un camino largo por recorrer”, afirmó.

Acceso a las licitaciones aparece como una de las principales barreras

El diagnóstico identificó problemas que no necesariamente están asociados a falta de capacidades productivas o financieras, sino también a las dificultades que enfrentan pequeñas y medianas empresas para conocer y comprender los procesos de contratación de las grandes compañías.

“Muchas veces las páginas no son suficientemente claras, la información está dispersa, no hay un acceso sencillo como debería existir para promover que haya más proveedores”, explicó Villarino.

A ello se suman requerimientos financieros, certificaciones, competencias técnicas, herramientas digitales, software, equipos y maquinaria que determinadas empresas regionales todavía no poseen o deben fortalecer antes de ingresar a la cadena de suministro.

Sin embargo, Villarino puso especial énfasis en una dificultad más básica: entender dónde están las oportunidades.

“A veces simplemente nos encontramos con problemas prácticos: no saben navegar bien las páginas, no saben cuáles son los requisitos, las clasificaciones de los servicios no son del todo claras y son complejas”, sostuvo.

Esto genera una paradoja: empresas que pueden contar con capacidades, personal e incluso recursos financieros suficientes, pero que carecen de la denominada “inteligencia de mercado” necesaria para participar adecuadamente en los procesos de contratación.

El estudio constituye además una línea base que permitirá medir periódicamente si las medidas que adopten compañías, organismos públicos y otros actores regionales efectivamente aumentan la participación local.

Minería busca terminar con exigencias diferentes entre una faena y otra

Otro de los puntos abordados por Villarino fue una histórica demanda de proveedores y trabajadores: las distintas exigencias que deben cumplir para ingresar a cada operación minera.

Según explicó, el Consejo Minero comenzó un proceso de homologación que inicialmente considera exámenes preocupacionales y cursos previos de ingreso a faena, manteniendo como principio que la estandarización no implique disminuir los estándares de seguridad.

“Lo que no queremos es bajar los estándares; queremos mantener o subir los estándares, porque lo más importante es la seguridad y la vida de las personas que trabajan en el sector”, enfatizó.

El problema, sostuvo, aparece cuando requisitos que persiguen objetivos similares presentan diferencias entre compañías, obligando a trabajadores y proveedores a repetir procedimientos o realizar nuevas inversiones.

“Resulta que le piden otros exámenes distintos, otros equipos distintos, que la pértiga de su camioneta sea un poquito más alta o más baja, que el color de la camioneta sea distinto. Eso hace que se pierda productividad, tiempo, flexibilidad y oportunidades de trabajo”, señaló.

Por ahora, el acuerdo contempla homologar materias relacionadas con salud y capacitación previa al ingreso, pero el objetivo es avanzar posteriormente hacia requerimientos técnicos asociados, entre otros aspectos, a los vehículos utilizados por contratistas.

Villarino reconoció que existen exigencias que pueden responder más a prácticas históricas particulares de cada operación que a razones objetivas de seguridad.

“Muchas veces son estéticos u obedecen a una tradición o a una historia que existe en una faena, pero que de verdad no agregan ni seguridad ni productividad y que al final generan problemas”, afirmó.

El desafío ahora será que los acuerdos adoptados a nivel corporativo efectivamente sean aplicados en terreno. “Vamos a hacerle un monitoreo cercano para que se transforme en cambios reales en el mundo real”, agregó.

Royalty: Villarino pone el foco en transparentar cómo se gastan los recursos

El presidente ejecutivo del Consejo Minero también abordó el destino de los recursos provenientes del royalty minero y las inversiones anunciadas por municipios de la Región de Antofagasta en infraestructura, pavimentación, espacios públicos, recintos deportivos y otros proyectos.

Villarino destacó que uno de los principales atributos del nuevo esquema es vincular directamente la actividad minera con recursos que llegan a los territorios.

Sin embargo, descartó que deban ser las compañías las encargadas de determinar el destino de esos fondos, señalando que esa responsabilidad corresponde a las autoridades democráticamente electas.

“No creo que sean las compañías mineras las que tengan que decidir en qué se gasta el dinero del royalty. Lo tiene que decidir la ciudadanía y la ciudadanía lo hace a través de sus alcaldes, concejos municipales, gobernadores y consejos regionales”, planteó.

Eso, advirtió, no significa que cualquier destino de los recursos sea igualmente adecuado. Para Villarino, el criterio fundamental debe ser determinar si las inversiones efectivamente contribuyen al bienestar de los habitantes.

“No quiere decir que al final del día no haya plata que se gaste bien y plata que se gaste mal”, afirmó.

En ese escenario, planteó que la transparencia y la fiscalización ciudadana serán claves para evaluar el verdadero impacto territorial del royalty.

“Existe una obligación no solo de decir cuánto dinero se recibe, sino en qué se gasta. Esto le permite a la ciudadanía fiscalizar y saber perfectamente si la plata se está gastando en fiestas o se está gastando en mejora de calidad de vida, infraestructura, educación u oportunidades para proveedores”, sostuvo.

Finalmente, respecto de la necesidad de preparar a las regiones mineras para un futuro con una economía menos dependiente de la extracción, Villarino recordó que el diseño legal contempla recursos orientados a desarrollar actividades complementarias y nuevas capacidades económicas.

“Está previsto que esto dé finalmente una inyección de recursos para pensar en el futuro de la región”, concluyó.

La conversación dejó así tres desafíos para la minería y los territorios del norte: ampliar sustancialmente la participación de proveedores locales, eliminar barreras y exigencias que no agregan seguridad ni productividad, y convertir los recursos generados por el royalty en inversiones capaces de mejorar la calidad de vida y preparar a las regiones para su desarrollo futuro.