La estrategia judicial de Karen Rojo para cumplir fuera de la cárcel el saldo de su condena sufrió un rechazo pero no un rotundo revés. La Segunda Sala de la Corte Suprema confirmó la decisión que declaró inadmisible el recurso de amparo con el cual su defensa pretendía obligar al Juzgado de Garantía de Antofagasta a fijar una audiencia para discutir su acceso a libertad vigilada intensiva.

La resolución fue adoptada por tres votos contra dos. Los ministros Manuel Antonio Valderrama, Jean Pierre Matus y Jorge Luis Zepeda estuvieron por mantener lo resuelto, mientras Leopoldo Llanos y María Cristina Gajardo se pronunciaron por admitir a tramitación el recurso.

El punto central es que la Corte Suprema no rechazó directamente la libertad vigilada solicitada por Rojo. Lo que confirmó fue que el amparo no era, por ahora, la vía procedente para cuestionar la decisión del Juzgado de Garantía, debido a que todavía no existe un pronunciamiento definitivo sobre el beneficio.

La vía rápida de la defensa

La Corte de Apelaciones de Antofagasta había considerado que la acción se dirigía contra una resolución de “mera tramitación”. El tribunal de garantía únicamente ordenó obtener un informe técnico de Gendarmería antes de resolver si corresponde convocar a la audiencia solicitada por la defensa. Al no existir una negativa terminal sobre la pena mixta, los jueces estimaron que tampoco se configuraba todavía un acto ilegal o arbitrario que amenazara la libertad personal de la condenada.

El informe de Gendarmería resulta determinante, pues debe evaluar aspectos como el comportamiento de Rojo durante el cumplimiento de la condena, su riesgo de reincidencia, posibilidades de reinserción social y la factibilidad de someterla a monitoreo telemático. El Juzgado de Garantía otorgó un plazo de 40 días para su elaboración.

La defensa, encabezada por el abogado Fidel Castro, cuestionó que el tribunal condicionara incluso la realización de la audiencia a que dicho informe fuera favorable. Según su planteamiento, esto entrega a un organismo administrativo la posibilidad práctica de bloquear la discusión judicial y dificulta que un eventual informe negativo pueda ser controvertido ante el juez.

También sostuvo que el procedimiento debía resolverse oralmente, con participación de las partes, y no mediante decisiones escritas previas. A ello agregó que la demora podría consumir una parte relevante del tiempo que resta de condena, reduciendo el efecto práctico de una eventual sustitución.

Sala Penal dividida

Pese al resultado desfavorable, la estrecha votación muestra que el planteamiento generó diferencias en el máximo tribunal. Los ministros Llanos y Gajardo consideraron que no existía ningún impedimento formal para tramitar el amparo y revisar el fondo de las alegaciones formuladas por la defensa.

Rojo fue condenada a cinco años y un día de presidio efectivo por fraude al Fisco. Tras su extradición, el tribunal reconoció como abono los 1.463 días que permaneció privada de libertad en Países Bajos, por lo que al ingresar a Chile mantenía un saldo aproximado de 363 días de cárcel.

Con el fallo de la Suprema, la vía rápida intentada mediante el recurso de amparo queda cerrada. Sin embargo, la posibilidad de solicitar la pena mixta no desaparece: la defensa deberá esperar el informe de Gendarmería y volver a plantear la sustitución ante el Juzgado de Garantía.

Si el documento es favorable, aumentan las posibilidades de que se convoque a la audiencia y se discuta el cumplimiento del saldo bajo libertad vigilada intensiva. Si resulta negativo, la estrategia enfrentará una barrera mayor, aunque la defensa todavía podría cuestionar esa decisión mediante los recursos ordinarios correspondientes. Mientras ese procedimiento no concluya, Karen Rojo deberá continuar cumpliendo su condena en prisión.