El sueño de acceder a una vivienda propia terminó convirtiéndose en una millonaria estafa para al menos ocho familias de Antofagasta, quienes entregaron importantes sumas de dinero convencidas de que obtendrían un departamento del Serviu mediante supuestas gestiones especiales.
Sin embargo, de acuerdo con la investigación desarrollada por la Fiscalía de Antofagasta y la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI, todo correspondía a un elaborado engaño que permitió a la imputada apropiarse de más de 23 millones de pesos pertenecientes a familias vulnerables.
La mujer, de nacionalidad chilena, fue formalizada por el delito de estafa reiterada y quedó en prisión preventiva, luego que el Juzgado acogiera la solicitud del Ministerio Público al considerar que su libertad representa un peligro para la seguridad de la sociedad. El plazo de investigación fue fijado en 120 días.
Así operaba el fraude
Según los antecedentes expuestos durante la audiencia de formalización, la imputada ofrecía supuestos cupos para acceder a proyectos habitacionales del Serviu, asegurando que contaba con contactos al interior de la institución que podían agilizar la asignación de departamentos.
Para concretar el supuesto beneficio, solicitaba distintos pagos asociados a reservas, impuestos, gastos notariales y otros trámites, dinero que las víctimas debían transferir directamente a sus cuentas bancarias.
Con el objetivo de hacer más creíble el engaño, aseguraba trabajar con una supuesta funcionaria del Serviu identificada como «Luciana», además de utilizar documentación falsificada con logos institucionales, firmas, timbres e incluso correos electrónicos que aparentaban ser oficiales.
Las víctimas eran citadas a su domicilio para firmar documentos que simulaban ser auténticos. Sin embargo, cuando consultaban por la entrega de las viviendas, comenzaban a recibir respuestas evasivas hasta que finalmente la mujer dejaba de contestar sus llamados y mensajes.
Al menos ocho casos acreditados
Las diligencias realizadas por la Fiscalía y la PDI permitieron acreditar ocho estafas cometidas durante los meses de febrero, marzo y junio de este año, aunque la investigación continúa en desarrollo y no se descarta que existan más personas afectadas.
El fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, explicó que la imputada aprovechó la necesidad de muchas familias de acceder a una vivienda para ganarse su confianza.
«La investigación permitió establecer que la imputada habría confeccionado y utilizado documentación que aparentaba provenir del Serviu, incorporando membretes, firmas y timbres institucionales, además de correos electrónicos que utilizaban el logotipo de dicha institución para aparentar legitimidad; sin embargo, todo ello resultaba ser una puesta en escena para concretar las estafas», manifestó.
El persecutor agregó que las diligencias permitieron identificar un mismo modus operandi en las distintas denuncias recibidas, lo que permitió vincular a la imputada con los diferentes hechos investigados y solicitar su detención.
Asimismo, advirtió que la causa permanece abierta y que el número de víctimas podría aumentar a medida que avancen las pesquisas.
Llamado a verificar la información
Desde la Brigada Investigadora de Delitos Económicos, el subprefecto Néctor Rojas Leyton llamó a la comunidad a desconfiar de cualquier ofrecimiento relacionado con beneficios habitacionales que implique pagos fuera de los canales oficiales.
«Reiteramos el llamado a la comunidad a desconfiar de cualquier ofrecimiento de acceso a beneficios habitacionales que implique pagos o gestiones realizadas fuera de los canales oficiales, verificando siempre la información directamente con las instituciones competentes», señaló.



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