La denuncia presentada por los parlamentarios socialistas Daniella Cicardini y Daniel Manouchehri contra el embajador de Chile en Israel, Gabriel Zaliasnik, escaló rápidamente desde el plano político al judicial y gremial. La apertura de una investigación penal y las acciones impulsadas ante el Colegio de Abogados han convertido el caso en una nueva derivada del denominado Caso Hermosilla, con consecuencias que podrían afectar tanto al Gobierno como al sistema de nombramientos judiciales.

La denuncia que abrió un nuevo frente

La controversia se originó tras la divulgación de conversaciones entre Gabriel Zaliasnik y el abogado Luis Hermosilla, en las que se aludiría a gestiones relacionadas con causas judiciales, nombramientos y contactos dentro del Poder Judicial. A partir de esos antecedentes, la senadora Daniella Cicardini y el diputado Daniel Manouchehri presentaron una denuncia ante el Ministerio Público para investigar eventuales delitos como tráfico de influencias, uso indebido de recursos públicos y otras posibles irregularidades.

La Fiscalía confirmó posteriormente la apertura de una investigación que quedó radicada en la Fiscalía Regional de Valparaíso, dando un giro institucional a un caso que inicialmente parecía restringido al debate político.

Zaliasnik no es una figura menor dentro del mundo jurídico chileno. Socio fundador de uno de los estudios de abogados más influyentes del país y recientemente designado embajador en Israel por el gobierno del Presidente José Antonio Kast, su nombre aparece vinculado a diversas gestiones reveladas en el marco de las investigaciones derivadas del Caso Hermosilla.

El Colegio de Abogados entra en escena

La ofensiva contra Zaliasnik dejó rápidamente de ser sólo política. El abogado Luis Mariano Rendón presentó una denuncia formal ante el Colegio de Abogados de Chile, solicitando incluso su expulsión del gremio por una eventual infracción al Código de Ética Profesional.

La presentación sostiene que las conversaciones conocidas públicamente podrían constituir una vulneración al deber de actuar con lealtad ante los tribunales y una eventual intervención impropia en decisiones judiciales. El Colegio confirmó que la denuncia fue acogida a trámite conforme a sus procedimientos disciplinarios internos.

A ello se sumó un grupo de abogados colegiados que solicitó una respuesta institucional más severa, elevando la presión sobre la directiva de la orden profesional para pronunciarse respecto de los antecedentes conocidos.

Un problema político para La Moneda

El caso se ha transformado también en una dificultad política para el Ejecutivo. La investigación afecta directamente a uno de los nombramientos diplomáticos más recientes del gobierno y reabre cuestionamientos sobre los vínculos entre figuras del mundo jurídico, político y judicial.

Mientras desde Cancillería se ha ratificado la continuidad de Zaliasnik en Israel, argumentando que corresponde esperar el resultado de las investigaciones, la oposición y sectores oficialistas han elevado el tono de las críticas, especialmente por el contenido de los mensajes conocidos en las últimas semanas.

Las revelaciones periodísticas han agregado nuevos antecedentes sobre presuntas gestiones para influir en nombramientos judiciales y relaciones con magistrados que posteriormente intervinieron en causas donde participaba el abogado. Tales antecedentes son precisamente los que hoy están siendo observados por la Fiscalía y por organismos disciplinarios.

La dimensión institucional

Más allá de la situación personal de Zaliasnik, el episodio vuelve a instalar en el debate público la discusión sobre la transparencia en el sistema judicial, los mecanismos de nombramiento de jueces y la influencia que históricamente han ejercido determinados actores jurídicos en esos procesos.

Por ahora, la denuncia impulsada desde el norte por Cicardini y Manouchehri logró lo que pocos anticipaban hace una semana: abrir simultáneamente un frente penal, un frente ético y un frente político para uno de los abogados más influyentes del país, transformando el caso en una de las mayores amenazas para la permanencia y credibilidad de Gabriel Zaliasnik en el servicio exterior chileno.