La trágica muerte de una niña de dos años y siete meses, que cayó desde un piso 11 mientras se encontraba con su padre en horario de visita, reabrió el debate sobre las condiciones mínimas de seguridad que deben existir para ejercer la relación directa y regular con hijos menores de edad.

El tema fue abordado en Radio Madero por la abogada Francisca Henríquez, quien explicó que este tipo de casos obliga a revisar no solo el derecho de madres y padres a mantener contacto con sus hijos, sino principalmente el derecho de niños, niñas y adolescentes a estar protegidos.

El centro debe ser el interés superior del niño

Enríquez explicó que la relación directa y regular —conocida comúnmente como régimen de visitas— no es solo un derecho del padre o madre que no vive con el niño.

“El centro debe estar puesto en el derecho que tiene ese niño, niña o adolescente de mantener un contacto cercano, frecuente y sano con ambos progenitores”, señaló.

Sin embargo, aclaró que ese contacto debe desarrollarse en condiciones adecuadas de seguridad, cuidado y protección.

Mallas, piscinas, vehículos y supervisión

La abogada sostuvo que un tribunal puede exigir medidas concretas para permitir una visita, como la instalación de mallas de seguridad en ventanas o balcones, especialmente cuando se trata de departamentos en altura.

También mencionó otras condiciones, como rejas en piscinas, sistemas de retención infantil en vehículos, protección en escaleras, resguardo en enchufes y supervisión permanente de niños pequeños.

“No basta con ser el padre o la madre. También deben existir condiciones para ejercer adecuadamente esa relación directa y regular”, explicó.

¿Qué pasa si no se cumplen las condiciones?

Henríquez indicó que si un tribunal ordena medidas de seguridad y estas no se cumplen, el progenitor que entrega al niño podría negarse justificadamente a cumplir la visita, siempre que exista un riesgo fundado.

“No se trataría de una negativa arbitraria si la preocupación está basada en una condición de seguridad que el otro progenitor no cumplió”, precisó. En ese caso, el tribunal debe evaluar si el incumplimiento responde a una razón legítima vinculada a la protección del niño.

Habilidades parentales también importan

La abogada agregó que las condiciones no solo son materiales. También existen requisitos vinculados a las habilidades parentales.

Por ejemplo, problemas de consumo de alcohol o drogas, falta de control de impulsos, negligencia frente a enfermedades o desconocimiento de condiciones especiales de salud o desarrollo del niño pueden ser evaluadas por un tribunal.

Henríquez mencionó casos de menores con autismo, diabetes infantil, problemas cardíacos u otras necesidades específicas donde el adulto responsable debe educarse y cumplir medidas concretas.

Tribunales pueden ordenar psicoeducación

La especialista explicó que en algunos casos los tribunales pueden ordenar procesos de psicoeducación para que madres o padres comprendan mejor la condición de sus hijos y ejerzan un cuidado adecuado.

“Hay padres que no logran dimensionar ciertas necesidades de sus hijos. En esos casos, se puede solicitar intervención o capacitación”, afirmó.

Un llamado a revisar los estándares de cuidado

La abogada recalcó que cada régimen de visitas debe evaluarse según la edad, autonomía y necesidades del niño.

“No es lo mismo un niño de dos años que un adolescente de 16. Las medidas de seguridad deben adecuarse a cada etapa”, sostuvo.

Finalmente, Henríquez enfatizó que la relación directa y regular debe ejercerse siempre desde la responsabilidad parental y no como una mera prerrogativa adulta.

“El interés superior del niño debe estar por sobre cualquier otro criterio”, concluyó.