El Gobierno de Perú, a través del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa), ordenó la suspensión por tres meses de todas las importaciones de productos avícolas procedentes de Chile. La medida responde a la detección de un brote de influenza aviar en un plantel comercial en territorio chileno. Esta decisión busca proteger el estatus sanitario peruano y evitar la propagación del virus H5N1, una enfermedad de alta mortalidad para las aves que ya ha generado alertas preventivas en toda la región.

Qué dijo el SAG

Ante el hallazgo del caso positivo, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) de Chile actuó de manera proactiva al autosuspender la certificación de exportaciones avícolas hacia los mercados internacionales. Esta es una medida estándar de transparencia internacional que busca dar garantías de seguridad a los socios comerciales. El organismo activó de inmediato los protocolos de emergencia, que incluyen el sacrificio sanitario del plantel afectado y el establecimiento de zonas de control periféricas para contener el avance del virus.

Impacto y contraste

Las autoridades sanitarias chilenas explicaron la importancia de la rapidez en la gestión de estos brotes y enfatizaron en que la decisión de autosuspender la certificación de aves, sería con el fin de «proteger la confianza de nuestros mercados extranjeros”.

Lo paradójico de la situación es que, apenas días antes de este nuevo reporte, el país había celebrado el retorno oficial de las exportaciones avícolas tras superar episodios anteriores. La recuperación de la confianza de mercados clave se ha visto interrumpida por este nuevo plantel positivo, lo que obliga a la industria a retroceder en sus metas de envío para el año 2026. Los productores locales se encuentran ahora bajo estrictas medidas de bioseguridad para evitar que el brote se extienda a otras zonas del país.

Próximos pasos para la industria

La reapertura del mercado peruano y de otros destinos dependerá de la evolución epidemiológica en los próximos 90 días. Durante este periodo, el SAG intensificará la vigilancia activa en granjas y zonas costeras, donde el contacto con aves silvestres representa el mayor riesgo de contagio. Mientras tanto, la industria avícola nacional deberá redistribuir su producción hacia el mercado interno, a la espera de que los organismos internacionales validen nuevamente la sanidad de los procesos chilenos.