La Región de Atacama cuenta con cerca de 25 mil personas migrantes, según los resultados del Censo 2024, y enfrenta un escenario distinto al del resto del país: mientras a nivel nacional la comunidad extranjera más numerosa es la venezolana, en la región predomina la población boliviana. Ese fue uno de los principales antecedentes entregados por el director regional (s) del Servicio Nacional de Migraciones, Diego Núñez, en entrevista con Atacama Escucha con Pancho Madero.

La autoridad explicó que el principal desafío continúa siendo la migración irregular, tanto de quienes ingresaron al país por pasos no habilitados como de aquellos que entraron de manera regular, pero permanecieron una vez vencidos sus permisos de residencia.

Gobierno impulsa plan de retorno voluntario

Núñez adelantó que el Ejecutivo trabaja en la implementación del Plan de Retorno Voluntario, anunciado por el Presidente durante la Cuenta Pública del 1 de junio, iniciativa que busca ofrecer una salida distinta a las actuales sanciones contempladas por la legislación migratoria.

Actualmente, las personas que excedieron el plazo autorizado de permanencia deben cancelar una multa antes de abandonar Chile, mientras que quienes ingresaron clandestinamente enfrentan procesos administrativos que pueden terminar en expulsión o, si deciden salir voluntariamente, quedan sujetos a una prohibición de reingreso de entre tres y cinco años.

Con el nuevo plan, explicó la autoridad, las personas que se acojan voluntariamente podrán salir del país sin esas sanciones, conservando la posibilidad de postular nuevamente a una residencia y regresar en el futuro conforme a la normativa vigente.

“Hoy tienen la opción de mantenerse en una situación irregular permanente o acogerse a este plan para retornar y eventualmente volver de manera regular”, señaló Núñez, quien indicó que la iniciativa se encuentra en su etapa final de diseño y que se espera su anuncio antes de finalizar julio.

Tramitación de residencias baja a un plazo de entre 10 meses y un año

Otro de los temas abordados fue la demora en la resolución de solicitudes migratorias. Según explicó el director regional (s), el fuerte aumento de la población extranjera durante la última década obligó al Estado a enfrentar un volumen de trámites para el cual originalmente no estaba preparado.

Si hace algunos años los procesos podían extenderse durante varios años, actualmente los tiempos se han reducido a un período aproximado de entre 10 meses y un año para resolver solicitudes de residencia.

Mientras ese trámite permanece en análisis, las personas pueden acreditar su permanencia regular mediante el Certificado de Residencia en Trámite, documento establecido por la Ley de Migración y Extranjería, que permite demostrar su condición migratoria ante organismos públicos y privados e incluso mantener vigente la cédula de identidad mientras se resuelve la solicitud.

En materia de fiscalización laboral, Núñez precisó que el Servicio Nacional de Migraciones no posee facultades fiscalizadoras, función que corresponde a la Policía de Investigaciones (PDI), con la cual existe un trabajo coordinado mediante planes periódicos de inspección en distintas comunas de Atacama.

Asimismo, destacó el programa Compromiso Migrante, iniciativa dirigida a empresas que emplean trabajadores extranjeros y que entrega asesoría técnica y capacitaciones para favorecer la integración laboral de personas con situación migratoria regular.

Finalmente, la autoridad llamó a la comunidad migrante de la región a utilizar los canales oficiales del servicio para revisar el estado de sus trámites y resolver dudas sobre su situación migratoria, recordando que la atención presencial funciona mediante reserva previa de hora a través del sitio institucional.