Por Maximiliano Hurtado, ex Convencional Constituyente

Esta semana, de manera bastante extraordinaria, la prensa local publicó un comunicado del Seremi de Gobierno de turno, reflexionando y defendiendo la reforma constitucional de seguridad que impulsa su administración en el Congreso. La nota sorprendió por varias razones. En primer término, porque no es habitual que las opiniones del vocero ocupen espacio en la agenda pública. En segundo lugar, porque intenta defender, con muy pocos argumentos, una reforma que a estas alturas acumula más críticas que respaldos. Pero, sobre todo, llamó la atención que, siendo uno de los proyectos más relevantes de la agenda legislativa del Gobierno, fuera el desconocido Seremi quien saliera a defenderlo y no la Delegada Presidencial, Sofía Cid.

La ausencia de la Delegada resulta particularmente llamativa. No estamos hablando de cualquier proyecto. Se trata de una reforma constitucional que pretende crear un nuevo estado de excepción, otorgando al Presidente de la República facultades extraordinarias durante un período prolongado. Para una autoridad que representa políticamente al Gobierno en la región, hacerse cargo públicamente de una iniciativa de esta naturaleza no parece precisamente cómodo. Menos aún para alguien que mantiene aspiraciones electorales y que, por lo mismo, probablemente entiende que defender una reforma que concentra semejante cantidad de atribuciones en manos del Presidente no es precisamente la mejor estrategia.

Así, mientras la Delegada parece preferir el bajo perfil, el Seremi salió a hacer la pega que alguien tenía que hacer: defender una reforma que, a estas alturas, parece bastante más difícil de explicar que de criticar.

Porque la reforma y el estado de excepción que pretende crear ya acumulan cuestionamientos desde distintos sectores. Expertos constitucionales han advertido sobre sus riesgos para las libertades y el equilibrio institucional, mientras que incluso desde Chile Vamos han surgido críticas particularmente duras. El alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, quien está lejos de poder ser tildado como un alcalde de izquierda, llegó a calificar la propuesta como “demencial”.

Y no es difícil entender por qué.

Estamos hablando de un estado de excepción de hasta ocho meses, concebido para situaciones que, por la magnitud de las facultades que contempla, se aproximan a escenarios extraordinarios como la guerra. Bajo este régimen, el Presidente podría disponer de herramientas para detener personas, requisar bienes, registrar e interceptar comunicaciones y limitar libertades como la circulación o la reunión de todos los chilenos y chilenas.

¿Es realmente razonable que, en democracia, la respuesta frente a los problemas de seguridad sea entregarle durante ocho meses al Presidente de la República una concentración extraordinaria de facultades, sin controles y contrapesos suficientes?

Quizás por eso la Delegada prefiere irse al desfile de Chañaral y bailar cueca, dejando al Seremi de Gobierno haciendo la pega sucia y defendiendo lo que, a estas alturas, parece indefendible. Más todavía después de conocer el rechazo que la propuesta ha generado en la opinión pública y las encuestas.

Pero hay algo todavía más paradójico.

Mientras el Gobierno concentra buena parte de su agenda en discutir cómo entregarle nuevas facultades extraordinarias al Presidente para enfrentar los problemas de seguridad, en Atacama la seguridad cotidiana sigue teniendo problemas mucho más concretos y urgentes que nadie está atendiendo.

Porque mientras discutimos un nuevo estado de excepción, el SLEP Atacama enfrenta cuestionamientos en materia de seguridad de sus establecimientos educacionales, luego de que decidiera terminar con los servicios de seguridad de sus escuelas por falta de fondos; el Seremi de Seguridad Pública sigue siendo noticia por su ausencia en instancias comunales de seguridad; y Atacama aparece liderando a nivel nacional el número de vehículos policiales fuera de servicio.

Es decir, mientras el seremi defiende la reforma en la prensa, argumentando a favor del poder extraordinario que debe tener el Presidente, seguimos sin resolver cuestiones tan básicas como que existan vehículos policiales disponibles para patrullar, que las instituciones encargadas de la seguridad se coordinen adecuadamente y que las comunidades educativas cuenten con condiciones mínimas para desarrollar su trabajo.

Y aquí está el verdadero problema.

Atacama no necesita un Presidente con más poderes para hacer seguridad. Necesita un Estado con los recursos, las policías, la coordinación y las capacidades necesarias para hacerla todos los días.

Porque antes de discutir cuánto poder necesita el Estado para enfrentar una emergencia, quizás deberíamos preguntarnos por qué el Estado no está siendo capaz de hacer bien aquello que debe hacer todos los días. Y cuando el Gobierno recorta presupuesto incluso en su principal promesa de campaña, no es difícil adivinar la causa.

La seguridad no se construye solamente con estados de excepción. Se construye con instituciones que funcionan, policías con recursos, autoridades presentes y capacidad de respuesta.

Y si el Gobierno no es capaz de garantizar eso con las facultades ordinarias que ya tiene, cuesta entender por qué la solución sería entregarle todavía más poder. Porque, en otras palabras, si el Gobierno de Kast pretende implementar sus políticas de seguridad sin recursos para aquello, ¿qué podría cambiar realmente con un nuevo estado de excepción constitucional?

La declaración de un estado de excepción no va a reponer los guardias en las escuelas, no va a reparar los vehículos de Carabineros ni va a conseguir que el Seremi de Seguridad haga su trabajo. Lo que sí hará es concentrar mayor poder en el Presidente de la República, reduciendo los contrapesos institucionales y desplazando incluso al Congreso de decisiones que debieran estar sometidas al debate y control democrático.

En resumen, mientras el Seremi de Gobierno defiende lo indefendible y la Delegada Presidencial se esconde de una discusión que resulta incómoda, los problemas reales de los atacameños seguirán esperando. Atacama no necesita más poder para el Presidente, necesita que el Gobierno haga su trabajo.