Después de más de cuatro años fuera del país, la historia judicial de Karen Rojo tuvo este miércoles una de sus escenas más simbólicas: la exalcaldesa de Antofagasta de 46 años pisa suelo chileno no como una pasajera más, sino como una condenada extraditada desde Países Bajos para cumplir la pena de cinco años y un día por un fraude al Fisco de $25 millones.

Su arribo estaba previsto a las 07:20 horas, a bordo de un vuelo comercial de LATAM procedente de Madrid, último tramo de un largo traslado internacional coordinado por autoridades chilenas, neerlandesas e Interpol. Durante todo el viaje permaneció bajo custodia de dos detectives de la PDI pertenecientes a Interpol, quienes viajaron la semana pasada a Europa para asumir formalmente su conducción hasta Chile. 

También la acompañó un equipo periodístico de Mega Televisión con quien no tuvo contacto público pese a la insistencia periodística. Allí se le vio sin esposas, vistiendo una camiseta sin mangas, con su pelo largo como siempre ha sido su estilo.

Ya en el aeropuerto de Santiago, Las mismas imágenes televisivas daban cuenta de que llevaba entre sus manos una chaqueta para cubrir las esposas con las que se le vio avanzando a lo largo de la manga de descenso desde el avión. Tras ese pasaje, fue enganchada de sus brazos por dos policías. Por una mujer a la izquierda y un hombre a la derecha, mientras un tercer PDI encabezaba la comitiva para cumplir con el protocolo de ingreso al país, que fue completamente distinto a los pasajeros habituales.

Rojo fue entregada directamente a funcionarios policiales y trasladada a dependencias especialmente habilitadas dentro del aeropuerto, evitando el tránsito habitual por migraciones y áreas públicas. Desde ahí, su procedimiento sería gestionado por el Primer Juzgado de Garantía de Santiago.

Encuentro con el fiscal de la polémica judicial del arraigo

Allí se produjo uno de los momentos de mayor carga política y judicial del regreso: el encuentro con el fiscal jefe de Antofagasta, Cristián Aguilar, quien encabezó la investigación que terminó con su condena y que además lideró el complejo proceso internacional que permitió concretar la extradición desde Países Bajos.

Pese a haber aterrizado a primerísima hora de la mañana, el trámite que debía gestionarse tuvo una larga demora, la misma de la que se dio cuenta al no haber sido inscrita por la fiscalía en la planilla de control AM para el Primer Juzgado de Garantía, por lo que su audicencia debió ser agendada para el bloque de la tarde, en una audiencia fijada a las 16 horas. Durante la jornada, se espera que esté entre el cuartel de la PDI y el Centro de Justicia.

Sin embargo, la presencia de Aguilar también revive un capítulo que nunca dejó de generar cuestionamientos. En marzo de 2022, antes de que la Corte Suprema notificara el rechazo definitivo al recurso presentado por la defensa, Karen Rojo abandonó Chile rumbo a Europa porque no mantenía medidas cautelares que restringieran su salida del país.

Esa circunstancia abrió un intenso debate jurídico y político sobre la decisión del Ministerio Público de no solicitar oportunamente una medida de arraigo nacional, permitiendo que la entonces condenada en primera instancia abandonara territorio chileno antes de quedar firme la sentencia.

Abrió largo y costoso capítulo judicial

Esa decisión obligó posteriormente al Estado chileno a desplegar un proceso de persecución internacional que se extendió por más de cuatro años, involucrando a la Fiscalía Nacional, Cancillería, el Ministerio de Justicia, la Policía de Investigaciones, Interpol y los tribunales neerlandeses. 

Tras su llegada, Rojo fue presentada ante el juzgado de garantía con competencia sobre el aeropuerto para efectuar el control de detención con fines de extradición, una audiencia esencialmente formal destinada a verificar la legalidad de la entrega internacional. Posteriormente, los antecedentes serán remitidos a los tribunales de Antofagasta, donde deberá ejecutarse la sentencia definitiva.

Debate de cumplimiento de condena

Uno de los aspectos que aún deberá resolver la justicia chilena dice relación con el tiempo que Rojo permaneció privada de libertad en Países Bajos mientras se desarrollaba el proceso de extradición y que alcanzó los cuatro años. Ese período podría abonarse a la condena, siempre que las autoridades neerlandesas remitan el certificado oficial con el número exacto de días de encarcelamiento. Dependiendo de ese cálculo, incluso podrían evaluarse beneficios penitenciarios contemplados en la legislación chilena. 

La condena contra la exalcaldesa se originó tras acreditarse que recursos municipales destinados a subvención escolar y salud fueron utilizados para financiar una asesoría comunicacional vinculada a su campaña de reelección de 2016, por cerca de $24 millones, hechos que configuraron el delito de fraude al Fisco. La Corte Suprema dejó firme la sentencia de cinco años y un día de presidio efectivo. 

Con su regreso concluye uno de los procesos de extradición más prolongados y complejos que ha enfrentado el Estado chileno en un caso de corrupción pública. Pero, al mismo tiempo, reabre las preguntas sobre las decisiones adoptadas durante la etapa final de la investigación y sobre cómo una condenada logró abandonar el país horas antes de que la sentencia quedara ejecutoriada, obligando a un operativo internacional que solo termina cuatro años después, con un vuelo comercial procedente de Madrid y un fiscal esperando en la losa del aeropuerto a quien alguna vez se convirtió en la evadida más emblemática de la política municipal chilena.