El Segundo Juzgado Civil de Antofagasta acogió la demanda presentada por una exestudiante de Derecho contra la Universidad de Antofagasta, luego de que esta última incumpliera su propio reglamento académico y le impidiera optar al título profesional de abogada, pese a haber obtenido la licenciatura en Ciencias Jurídicas.

Según consta en el fallo (causa rol 4.132-2023), la magistrada Andrea Przybyszewski condenó a la institución a pagar $60.000.000 por concepto de daño moral a la demandante, tras comprobarse una grave negligencia en el proceso de homologación de asignaturas, lo cual vulneró el contrato educacional suscrito entre ambas partes.

El tribunal determinó que la casa de estudios autorizó la matrícula de la estudiante y validó indebidamente 27 asignaturas cursadas previamente en la Universidad de Chile, equivalentes al 79,4% del plan curricular de Derecho en la Universidad de Antofagasta. Esta homologación excedía lo permitido por el reglamento interno –específicamente el artículo 48–, situación advertida por la Corte Suprema en enero de 2020, al rechazar la solicitud de juramento profesional por parte de la demandante.

La resolución señala que la universidad incurrió en una falta grave al permitir la inscripción de la alumna sin aplicar correctamente sus propias normativas internas, lo que constituye un incumplimiento contractual. Además, se estableció que, pese a la resolución expresa de la Corte Suprema, la universidad no realizó ninguna gestión para subsanar el error, ni presentó antecedentes o recursos para cuestionar dicha resolución ante el máximo tribunal.

El fallo enfatiza que la actitud pasiva de la universidad dejó sin respuesta una legítima aspiración profesional, pese a que el servicio educacional entregado tenía como propósito facilitar la obtención del título profesional. El tribunal concluyó que hubo negligencia en la actuación institucional, tanto en las etapas previas como posteriores a la matrícula, y que el actuar de la universidad careció de fundamento jurídico o reglamentario válido.

Finalmente, el tribunal resolvió acoger la demanda presentada por la abogada Trissy Figueroa, en representación de la afectada Olga Zlatar, y condenó a la Universidad de Antofagasta a pagar $60 millones por concepto de daño moral.

La suma deberá ser reajustada conforme al IPC desde que el fallo quede ejecutoriado, y devengará intereses corrientes hasta su pago efectivo.