Este lunes comenzará en el Tribunal Oral en lo Penal de La Serena uno de los juicios por corrupción municipal más relevantes de los últimos años en la Región de Coquimbo. Trece acusados enfrentarán un juicio oral por su presunta participación en el millonario fraude detectado al interior de la Corporación Municipal Gabriel González Videla, causa que ya suma nueve condenados en procesos anteriores vinculados al caso.

Entre quienes comparecerán ante el tribunal se encuentran Nicole Cadena, excoordinadora del Departamento de Salud de la corporación; su pareja, Cristian Muñoz Fredes; y la exsecretaria del área de salud, Bélgica Guerra, además de otros diez imputados investigados por la Fiscalía Regional de Coquimbo.

De acuerdo con los antecedentes reunidos por el Ministerio Público, entre 2019 y 2024 habría operado una estructura destinada a defraudar recursos públicos mediante emisión de boletas por servicios inexistentes, facilitación de cuentas bancarias y devolución de dineros a quienes lideraban las operaciones.

La Fiscalía estima que el perjuicio fiscal alcanzaría aproximadamente los $762 millones. Sin embargo, investigaciones internas realizadas desde el municipio apuntan a que el monto total defraudado podría superar los $1.400 millones.

Recursos destinados a salud y programas sociales

La investigación se centra principalmente en maniobras desarrolladas al interior del Departamento de Salud de la corporación municipal, donde presuntamente se simulaban labores y prestaciones que nunca fueron ejecutadas.

Según la acusación, los recursos comprometidos estaban destinados a áreas especialmente sensibles para la comunidad serenense, entre ellas atención primaria de salud, programas de rehabilitación de drogas y atención de menores sujetos a medidas cautelares.

El caso tomó especial notoriedad luego que el fiscal regional Patricio Cooper lo calificara públicamente como “un caso significativo de corrupción a nivel comunal” durante su última cuenta pública.

“En materia de corrupción de funcionarios públicos, el caso Corporación de La Serena ya cuenta con sentenciados por fraude al fisco más estafa y lavado de activos. Se trata de un caso significativo de corrupción a nivel comunal”, sostuvo el persecutor.

Hasta ahora, nueve personas ya han sido condenadas en causas derivadas de esta investigación: cinco por obtención fraudulenta de recursos provenientes del Estado, una por estafa y lavado de activos y tres por fraude al fisco.

La indagatoria ha sido desarrollada por equipos especializados de la Fiscalía Regional de Coquimbo junto a la Brigada Investigadora de Lavado de Activos y el Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones de Chile.

Además, figuran como querellantes la Municipalidad de La Serena, la propia corporación municipal y la Contraloría General de la República.

El dinero de los serenenses se respeta

La alcaldesa de La Serena, Daniela Norambuena, afirmó que el juicio representa un momento clave para la comuna debido al impacto financiero y social provocado por el caso.

“Este juicio representa un impacto profundo y doloroso, pero estrictamente necesario para la comuna de La Serena. El descalabro financiero recibido, con una deuda acumulada que supera los 83 mil millones de pesos, afectó de manera directa áreas tan sensibles como la educación y la salud primaria”, señaló.

La jefa comunal sostuvo que el daño no solo fue económico, sino también social y ciudadano.

“Golpea la confianza de los vecinos que vieron cómo recursos que debían traducirse en mejores remedios, consultorios o escuelas terminaron involucrados en delitos graves como fraude al fisco, asociación ilícita y el financiamiento de funcionarios fantasmas”, indicó.

Norambuena agregó que el proceso debe transformarse en una señal clara respecto al uso de recursos públicos.

“El dinero de los serenenses se respeta y el mal uso de los recursos públicos se paga con cárcel. Quienes cometieron estas sinvergüenzuras hoy están presos en Huachalalume, demostrando que la impunidad se terminó en nuestra comuna”, afirmó.

La alcaldesa también detalló medidas implementadas por la actual administración tras detectarse las irregularidades, entre ellas el traspaso del Departamento de Salud directamente al municipio, auditorías internas y el cierre progresivo de la corporación.

“Implementamos controles rigurosos que permitieron detectar más de mil boletas a honorarios sin respaldo contractual y avanzar en un ordenamiento financiero que hoy busca recuperar la salud municipal”, agregó.

Defensa cuestionará delitos imputados

Desde la defensa, el abogado Carlo Silva, representante de uno de los acusados, adelantó que durante el juicio buscarán desacreditar parte importante de la tesis presentada por la Fiscalía, especialmente respecto a los delitos de fraude al fisco, asociación criminal y lavado de activos.

Silva sostuvo que su representado, Carlos Rodríguez, no tenía calidad de funcionario público, por lo que —a su juicio— no podría atribuírsele el delito de fraude al fisco en los términos planteados por el Ministerio Público.

“El fraude al fisco es un delito construido sobre la base de un sujeto especial, que es el funcionario público. Mi defendido nunca tuvo esa calidad”, señaló.

Respecto de la asociación criminal, el abogado afirmó que no existirían antecedentes suficientes para acreditar una organización estructurada.

“No vemos una jerarquización ni una distribución funcional propia de una asociación criminal. La relación que tenía mi defendido con otros involucrados era únicamente de prestación de servicios”, sostuvo.

En relación con el delito de lavado de activos, Silva argumentó que no se configuran las conductas exigidas por la legislación penal.

“La ley exige ocultar, transformar o disfrazar dineros de origen ilícito. En este caso, mi representado recibió pagos y los utilizó, pero eso no constituye lavado de activos”, indicó.

El abogado reconoció además la alta connotación pública del caso debido al impacto que tuvo sobre recursos destinados a salud y programas sociales, aunque insistió en que el tribunal deberá resolver exclusivamente sobre la base de la prueba rendida en juicio.

El proceso oral se extendería por varias semanas y será seguido de cerca por las instituciones querellantes y la comunidad serenense, debido al fuerte impacto financiero, político y social que dejó el caso en la administración municipal de la capital regional de Coquimbo.