La crisis en el Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama escaló al ámbito judicial tras la presentación de un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta, liderado por el abogado Felipe Pizarro en representación de una apoderada, acusa al establecimiento de una «omisión arbitraria e ilegal» al no haber abordado denuncias previas de bullying y acoso escolar. Según el libelo, estas situaciones habrían sido el preludio del violento ataque con arma blanca que terminó con la vida de una inspectora y dejó a dos alumnos heridos.

El recurso sostiene que el colegio no activó los protocolos de convivencia escolar de manera efectiva ante las alertas emitidas por los padres meses antes del incidente. La parte querellante argumenta que existía un ambiente de hostilidad conocido por la dirección que no fue gestionado, lo que habría vulnerado el derecho a la integridad física y psíquica de los estudiantes. El documento judicial busca que se establezcan responsabilidades por la falta de medidas preventivas en un caso que ha conmocionado a la región.

Denuncias y posibles renuncias

Felipe Pizarro, abogado representante en la causa, fue enfático sobre los motivos de esta acción legal al señalar: “Estamos frente a una omisión por parte del colegio frente a hechos de violencia que se venían gestando hace mucho tiempo. No se tomaron las medidas de resguardo necesarias para proteger a la comunidad escolar”.

En paralelo a la vía judicial, un grupo masivo de apoderados del establecimiento ha manifestado su total desconfianza en la actual administración. A través de una serie de petitorios, han exigido la renuncia inmediata del equipo directivo y de los encargados de convivencia escolar. Los padres aseguran que la seguridad interna es inexistente y que no regresarán a la normalidad académica hasta que se garantice una reestructuración profunda que priorice la protección de los alumnos.

Medidas cautelares

El recurso de protección solicita que la Corte ordene al Instituto Silva Lezaeta la implementación urgente de planes de intervención psicológica y seguridad. Mientras la investigación penal por el ataque sigue su curso, la comunidad de Calama permanece en alerta, esperando que la justicia determine si existió negligencia administrativa que pudo haber evitado el fatal desenlace del pasado 31 de marzo.