La directora regional de TECHO, Anaís Araya, aseguró en entrevista con Atacama Escucha con Pancho Madero que la crisis habitacional en Atacama alcanzó una nueva dimensión: miles de familias de sectores medios ya no pueden acceder a una vivienda, mientras los campamentos continúan creciendo por el alto costo de los arriendos, la falta de suelo disponible y una respuesta estatal que considera insuficiente.

La crisis habitacional en la Región de Atacama dejó hace tiempo de ser una problemática exclusiva de las familias más vulnerables. Hoy, según planteó la directora regional de TECHO, Anaís Araya, el fenómeno también golpea a sectores medios que no califican para subsidios estatales, pero que tampoco tienen capacidad económica para comprar una vivienda en el mercado formal.

Durante una entrevista, la representante de la fundación sostuvo que el déficit habitacional regional alcanza las 15.799 viviendas, cifra que refleja un problema estructural que continúa profundizándose y que tiene su mayor expresión en el crecimiento sostenido de los campamentos.

De acuerdo con el último Catastro Nacional de Campamentos 2024-2025 de TECHO, la comuna de Copiapó concentra 147 campamentos, donde habitan más de 5.000 familias, ubicando a la capital regional entre las cinco comunas del país con mayor presencia de asentamientos informales. Pese a que el ritmo de crecimiento disminuyó respecto de catastros anteriores, Araya advirtió que el fenómeno “no se ha detenido”.

Macrocampamentos, arriendos imposibles y una política habitacional insuficiente

La directora explicó que una de las características que diferencia a Atacama de otras regiones es la existencia de macrocampamentos organizados en múltiples unidades territoriales pequeñas, especialmente en sectores como Juan Pablo II, Colonia Extranjera y Andacollo, donde existen decenas de organizaciones con dirigentes propios.

A ello se suma un dato que considera relevante: Atacama es la tercera región del país con mayor porcentaje de organizaciones comunitarias formalmente representadas, con más del 90% de los campamentos contando con dirigentes, condición que facilita eventuales procesos colectivos de urbanización y acceso a soluciones habitacionales.

Respecto de las causas del aumento de asentamientos, Araya indicó que el crecimiento se aceleró tras el estallido social y la pandemia, impulsado principalmente por tres factores que continúan vigentes: el alto valor de los arriendos, los bajos ingresos familiares y el hacinamiento que obliga a muchas personas a abandonar la condición de allegados.

En ese contexto, cuestionó la capacidad de respuesta de las políticas públicas. Aunque reconoció que el Plan de Emergencia Habitacional permitió diversificar alternativas de acceso a la vivienda y cumplir metas nacionales de construcción, afirmó que los resultados para las familias que viven en campamentos siguen siendo insuficientes.

Según explicó, la línea específica destinada a campamentos apenas registra un 24% de avance efectivo, mientras otro 39% permanece en ejecución, cifras que, a su juicio, evidencian que el programa requiere fortalecerse con mayores recursos humanos, financiamiento y coordinación institucional.

Suelo, burocracia y coordinación: los principales obstáculos

Entre los principales cuellos de botella, TECHO identifica la escasez de terrenos aptos para proyectos habitacionales, la falta de financiamiento para urbanizar campamentos históricos y la excesiva burocracia entre organismos públicos.

Como ejemplo mencionó asentamientos como Juan Pablo II, Candelaria, Sergio Soto, Padre Negro y Vista Hermosa, cuyos proyectos de urbanización han experimentado importantes retrasos por falta de recursos.

Frente a este escenario, Araya planteó tres prioridades para los próximos años: acelerar la regularización de campamentos emplazados en terrenos fiscales; focalizar la política habitacional hacia las familias que efectivamente viven en campamentos, diferenciándolas de ocupaciones con fines ilícitos; y fortalecer la coordinación entre el Ministerio de Vivienda y Bienes Nacionales para agilizar la disponibilidad de suelo y reducir los tiempos administrativos.

La directora recordó que Atacama ya cuenta con experiencias exitosas, como los proyectos Río del Sol, Allelén y La Vizcacha, donde la coordinación entre el Estado y entidades patrocinantes permitió concretar soluciones habitacionales. Sin embargo, señaló que esos casos no se han replicado con la velocidad necesaria.

Finalmente, hizo un llamado tanto a las autoridades como a la ciudadanía. “Los campamentos no son el problema; son el síntoma de una política habitacional que hoy no está dando abasto”, afirmó, insistiendo en la necesidad de una acción coordinada entre el Estado, organizaciones sociales y el sector privado para enfrentar una crisis que continúa expandiéndose en la región.