El futuro de uno de los principales patrimonios naturales de Atacama se encuentra en el centro de una controversia entre la protección ambiental y los intereses de la actividad minera. La Sociedad Nacional de Minería (Sonami) busca dejar sin efecto la declaratoria del Parque Nacional Desierto Florido, mientras el Gobierno Regional advierte que revertir su protección significaría un retroceso para la conservación de un ecosistema único.

La disputa llegó al Segundo Tribunal Ambiental, luego de que Sonami presentara una reclamación contra la decisión que mantuvo vigente la declaratoria del parque, oficializada en 2023.

El gremio minero cuestiona los fundamentos técnicos utilizados para establecer esta área protegida y plantea una eventual afectación de concesiones mineras existentes en el territorio.

Sin embargo, la acción judicial encontró una fuerte oposición del gobernador regional de Atacama, Miguel Vargas Correa, quien defendió la necesidad de compatibilizar la minería con la conservación del patrimonio natural.

“En Atacama, la minería tiene espacio para desarrollarse, pero no todo el territorio puede estar disponible para ser explotado”, afirmó la autoridad.

La controversia también abrió una discusión sobre las actividades mineras presentes dentro del parque. Según antecedentes del Ministerio de Minería, 17 de las 21 faenas identificadas en el polígono se encuentran abandonadas, mientras otras presentan diferentes condiciones operacionales.

¿Por qué Sonami busca dejar sin efecto la declaratoria del parque?

La reclamación presentada por Sonami constituye una nueva etapa de una controversia que comenzó en sede administrativa.

Anteriormente, la organización había solicitado al Ministerio de Bienes Nacionales invalidar el Decreto Supremo N.º 12, mediante el cual se declaró el Parque Nacional Desierto Florido.

Esa solicitud fue rechazada, por lo que el gremio acudió posteriormente al Segundo Tribunal Ambiental, instancia que deberá pronunciarse sobre la reclamación.

De acuerdo con los antecedentes difundidos por el Gobierno Regional, Sonami cuestiona los fundamentos técnicos de la declaratoria y sostiene que la protección del territorio podría afectar concesiones mineras.

A la acción judicial se sumaron como terceros coadyuvantes de Sonami Compañía Minera Sali Hochschild, Compañía Minera Carmen Bajo Limitada, Sociedad Contractual Minera Carola y Las Petacas SpA.

La controversia no implica que el parque haya perdido actualmente su categoría de protección. Lo que se encuentra en discusión es la solicitud de dejar sin efecto el acto administrativo que permitió su creación.

Para el Gobierno Regional, el debate supera las diferencias entre una actividad productiva y un área protegida, porque también involucra las decisiones sobre el uso del territorio y las prioridades de desarrollo para las próximas décadas.

Vargas reconoció que la minería representa el principal motor económico de Atacama y destacó el respaldo que el Gobierno Regional ha entregado a distintos proyectos del sector, incluida la pequeña minería.

No obstante, planteó que el crecimiento económico debe establecer límites cuando existen ecosistemas de especial valor ambiental.

“Esto no es una postura contraria a la actividad minera, sino una convicción respecto a la necesidad de compatibilizar el crecimiento productivo con la conservación del patrimonio natural”, sostuvo.

De 21 faenas identificadas dentro del parque, 17 están abandonadas

Uno de los antecedentes relevantes de la controversia tiene relación con la situación de las faenas mineras identificadas dentro del territorio protegido.

Según el Ordinario N.º 162/2025 del Ministerio de Minería, existen 21 faenas identificadas en el polígono del Parque Nacional Desierto Florido.

Su distribución es la siguiente:

• 17 faenas abandonadas.
• 2 faenas que operan irregularmente.
• 1 proyecto minero en etapa de proyección.
• 1 faena cuya exploración se encuentra finalizada.

El mismo documento señala que ninguna de las 21 faenas cuenta con una servidumbre constituida.

Estos antecedentes aportan información sobre la situación de las actividades mineras identificadas en el territorio, aunque por sí solos no resuelven la controversia jurídica sobre las concesiones y los fundamentos de la declaratoria.

Será el Tribunal Ambiental el encargado de evaluar los argumentos presentados en el procedimiento.

Desde el Gobierno Regional sostienen que la creación del parque no fue una decisión improvisada.

La declaratoria, oficializada en 2023, fue el resultado de un proceso de aproximadamente 20 años de trabajo técnico, científico e institucional, mientras que el Gobierno Regional señala haber impulsado medidas de conservación relacionadas con este patrimonio desde 1997.

El parque busca proteger el fenómeno natural del Desierto Florido, que ocurre cuando determinadas condiciones permiten la germinación y floración de numerosas especies vegetales en zonas habitualmente áridas.

Para Vargas, perder esa protección significaría poner en riesgo un patrimonio que no puede recuperarse fácilmente si resulta destruido.

“El Desierto Florido no tiene reemplazo, no se puede trasladar ni recuperar si lo destruimos”, advirtió.

La autoridad insistió en que el desarrollo regional no debe construirse únicamente sobre la explotación de recursos minerales, sino también sobre la conservación de aquellos elementos que distinguen a Atacama.

Mientras se discute la protección del parque, Atacama busca llevar el Desierto Florido a la UNESCO

La respuesta del Gobierno Regional no se limitará a expresar su rechazo a la reclamación de Sonami.

El gobernador Miguel Vargas anunció su intención de impulsar las gestiones necesarias para avanzar hacia una eventual postulación del Desierto Florido a la Lista del Patrimonio Mundial Natural de la UNESCO.

La propuesta busca proyectar internacionalmente el valor ecológico, científico y paisajístico del fenómeno, además de fortalecer su conservación.

Pero también responde a una mirada económica.

Vargas planteó que Atacama debe comenzar a reconocer sus activos naturales como parte de una estrategia de desarrollo que permita generar nuevas oportunidades para las próximas décadas.

“No se trata de reemplazar la minería, sino de diversificar nuestra matriz económica y construir nuevas industrias a partir de aquello que hace único a este territorio”, explicó.

En esa línea, mencionó el potencial del Desierto Florido para impulsar actividades vinculadas al turismo, la ciencia, la conservación, la cultura, la educación y el emprendimiento.

La aspiración de alcanzar un reconocimiento internacional todavía corresponde a una intención de postulación y no significa que el parque haya iniciado o completado un proceso de inscripción ante la UNESCO.

“Mientras algunos buscan revertir la protección del Desierto Florido, nosotros queremos avanzar para que el mundo reconozca su valor”, sostuvo Vargas.

Pese a su posición contraria a la reclamación, el gobernador aclaró que el Gobierno Regional no puede hacerse parte directamente del juicio, debido a que carece de legitimación activa en un procedimiento cuyo objeto es invalidar un acto administrativo del Ministerio de Bienes Nacionales.

Por ello, la administración regional permanecerá a la espera de la resolución del Segundo Tribunal Ambiental, cuya competencia y atribuciones dijo respetar.

La discusión deja planteada una interrogante de fondo para Atacama: cómo compatibilizar una actividad minera fundamental para su economía con la protección de espacios naturales que también pueden aportar al desarrollo regional.

Por ahora, el Parque Nacional Desierto Florido mantiene su declaratoria, mientras la reclamación sigue su curso judicial.

El resultado del proceso será relevante no solamente para el futuro de esta área protegida, sino también para la forma en que Atacama define los límites entre explotación productiva, conservación ambiental y nuevas oportunidades económicas para sus habitantes.