El Juzgado de Garantía de Copiapó decretó el sobreseimiento definitivo de la arquitecta Rocío Díaz Gómez, ex secretaria regional ministerial de Vivienda y Urbanismo de Atacama, poniendo fin a una investigación que se extendió por cerca de tres años y que se originó a raíz de la suscripción de un convenio destinado a garantizar el suministro de agua potable a familias que residían en campamentos de la capital regional.

La resolución judicial, dictada el 27 de mayo de 2026, acogió la solicitud presentada por la Fiscalía Regional de Atacama y concluyó que los hechos investigados no constituyen delito. Asimismo, descartó cualquier participación penal de la exautoridad, ya sea en calidad de autora, cómplice o encubridora.

La decisión marca el cierre definitivo de una causa que generó atención pública en la región debido al cargo que ocupaba la investigada y al contexto social en que se desarrolló la medida administrativa que dio origen al caso.

Fiscalía solicitó el cierre de la causa

Según los antecedentes del proceso, fue la propia Fiscalía Regional de Atacama, a través de su Unidad de Alta Complejidad, la que solicitó al tribunal el sobreseimiento definitivo luego de concluir las diligencias investigativas desarrolladas durante los últimos años.

El tribunal acogió dicha petición y aplicó la causal establecida en el artículo 250 letra b del Código Procesal Penal, disposición que permite decretar el sobreseimiento definitivo cuando los hechos investigados no constituyen una conducta sancionada por la legislación penal.

Desde el punto de vista jurídico, esta causal implica que la investigación no termina por falta de antecedentes, prescripción o impedimentos procesales, sino porque los hechos analizados carecen de relevancia penal.

La resolución establece expresamente que los antecedentes recopilados durante la investigación no permitieron acreditar la existencia de un delito ni tampoco determinar responsabilidad penal por parte de la ex seremi.

El origen de la investigación en Atacama

La causa se originó a partir de la suscripción de un convenio destinado a asegurar el abastecimiento de agua potable para familias que vivían en campamentos de Copiapó.

De acuerdo con los antecedentes conocidos durante el proceso, la medida fue adoptada en un contexto de emergencia social, con el objetivo de garantizar el acceso a un servicio básico para personas que enfrentaban dificultades de acceso al recurso hídrico.

La investigación se centró en determinar si la firma del convenio se ajustaba a la normativa vigente y si existía alguna responsabilidad penal asociada a su implementación.

Durante el desarrollo de las diligencias, el Ministerio Público revisó los procedimientos administrativos vinculados a la iniciativa y los antecedentes que justificaron su adopción.

Entre los elementos considerados se encontraba el contexto en que se tomó la decisión, marcado por la necesidad de asegurar el suministro de agua potable a familias vulnerables y por la inexistencia de alternativas viables para que el municipio asumiera directamente esa función en ese momento.

Acceso al agua potable en campamentos: el contexto del caso

El acceso al agua potable en campamentos ha sido históricamente una de las principales preocupaciones de las políticas habitacionales y sociales en distintas regiones del país, incluida Atacama.

En este escenario, diversos organismos públicos han debido coordinar acciones para garantizar servicios básicos mientras se desarrollan soluciones habitacionales permanentes para las familias que habitan asentamientos precarios.

La investigación analizó precisamente si las decisiones adoptadas en ese contexto de emergencia podían constituir una infracción penal.

Tras revisar los antecedentes, la Fiscalía concluyó que no existían elementos suficientes para sostener la existencia de una conducta ilícita, criterio que posteriormente fue ratificado por el tribunal al decretar el sobreseimiento definitivo.

Declaraciones de Rocío Díaz tras la resolución judicial

Luego de conocerse la resolución, Rocío Díaz manifestó públicamente su satisfacción por el cierre de la causa.

La exautoridad señaló que el fallo confirma que los hechos investigados nunca constituyeron un delito y enfatizó que el término del proceso no se produjo por razones formales o procesales, sino porque la investigación concluyó que no existió una conducta penalmente sancionable.

Asimismo, sostuvo que la resolución acredita la inexistencia de responsabilidad penal en los hechos investigados y señaló que evalúa eventuales acciones legales respecto de quienes promovieron acusaciones en su contra.

Díaz también indicó que mantiene su disposición a seguir participando en iniciativas vinculadas al desarrollo de políticas públicas en la Región de Atacama.

Qué implica un sobreseimiento definitivo

En el sistema procesal penal chileno, el sobreseimiento definitivo constituye una de las formas de término de una investigación criminal.

Cuando esta resolución queda firme, la causa se cierra de manera permanente respecto de los hechos investigados y no puede reabrirse para perseguir penalmente a la persona involucrada por los mismos antecedentes.

Además, establece que no existe fundamento jurídico para mantener una imputación penal y entrega certeza jurídica a las partes involucradas en el proceso.

Con esta resolución, el caso iniciado hace aproximadamente tres años queda formalmente concluido. Tanto la Fiscalía Regional de Atacama como el Juzgado de Garantía de Copiapó coincidieron en que los antecedentes analizados no configuran delito alguno ni permiten atribuir responsabilidad penal a la ex seremi de Vivienda y Urbanismo de Atacama, cerrando definitivamente una causa que mantuvo atención pública en la región durante los últimos años.