Por 23 votos a favor y 22 en contra, el Senado aprobó en general el proyecto de ley que regula la suspensión y cumplimiento alternativo de penas privativas de libertad, iniciativa que ha generado fuerte debate debido a que podría beneficiar a condenados por delitos graves, incluidos crímenes de lesa humanidad.

La propuesta fue presentada por los senadores Francisco Chahuán, Luz Ebensperger, Luciano Cruz-Coke, Alejandro Kusanovic y Carlos Kuschel, y continuará su tramitación legislativa tras la presentación de indicaciones antes del 16 de marzo.

Qué propone el proyecto

La iniciativa establece que, en determinadas circunstancias, un tribunal pueda autorizar que una persona condenada cumpla el resto de su pena en su domicilio, bajo reclusión domiciliaria total y supervisión judicial.

El proyecto contempla este beneficio para casos como:

• Personas con enfermedades graves o terminales.
• Personas con discapacidad cuando la cárcel implique condiciones indignas.
• Adultos mayores, cuando la suma entre su edad y los años en prisión alcance los 80 años, con al menos 70 años de edad.

Uno de los puntos más cuestionados es que el texto no distingue entre tipos de delitos, lo que abre la posibilidad de que condenados por crímenes graves puedan solicitar el beneficio.

Críticas del Gobierno

Desde el Ejecutivo se advirtió que la norma podría permitir que internos del penal de Punta Peuco, como Miguel Krassnoff, soliciten cumplir sus penas en sus domicilios.

El presidente Gabriel Boric también criticó la iniciativa, señalando que no se debe retroceder en materia de derechos humanos y advirtiendo que el proyecto podría beneficiar a condenados por delitos graves como homicidio, parricidio o violación.

Tras su aprobación en general, el proyecto continuará su discusión en el Senado antes de avanzar en su tramitación en el Congreso.