La medición N°679 de Plaza Pública Cadem, realizada el viernes 7 de agosto sobre 1.000 casos en 132 comunas del país, entrega un escenario político que tiene varias implicancias para Antofagasta, Atacama y Coquimbo. La encuesta es nacional y no entrega resultados desagregados específicamente para estas tres regiones, por lo que cualquier lectura territorial debe entenderse como una interpretación de sus resultados y no como una medición de la opinión pública nortina.

Ese resguardo metodológico es importante. Sin embargo, varios asuntos medidos por Cadem tienen una conexión directa con problemas que afectan a la macrozona norte: control fronterizo, crimen organizado, presencia policial, reconstrucción después de emergencias, inversión, permisos ambientales y actividad empresarial.

Kast sigue bajo el 50%, pero sus medidas superan ampliamente su aprobación

El primer contraste está en La Moneda. El Presidente José Antonio Kast alcanza 40% de aprobación y 56% de desaprobación, según la medición del 7 de agosto.

Pero la fotografía cambia sustancialmente cuando la encuesta deja de preguntar por el Presidente y consulta por medidas concretas.

La nueva Agenda de Seguridad registra un 48% de acuerdo frente a 35% de desacuerdo, pese a que solamente 39% declara estar mucho o bastante informado sobre ella. Más significativo todavía es lo que ocurre al consultar medida por medida.

El 88% respalda aumentar las penas para quienes recluten menores para cometer delitos; 84% apoya mantener un despliegue policial permanente en los 50 barrios más críticos; 82% está de acuerdo con convertir la pertenencia a una organización criminal en un delito con penas agravadas y 79% respalda explicitar constitucionalmente que proteger la seguridad de las personas es un deber del Estado.

Es decir, algunas propuestas duplican prácticamente el 40% de aprobación presidencial.

La frontera aparece como uno de los datos especialmente sensibles para el norte

Hay una cifra que adquiere una lectura inevitable desde Antofagasta y el extremo norte: 70% está de acuerdo con reforzar el control fronterizo mediante zanjas, drones y monitoreo tecnológico permanente. Solo 22% se manifiesta en desacuerdo.

Aunque Cadem no establece cuánto de ese respaldo proviene de habitantes del norte, la medida tiene una incidencia territorial evidente por la condición fronteriza de las regiones septentrionales y porque una parte importante de las políticas de control migratorio y fronterizo se ejecuta precisamente en esta zona.

Por eso, el resultado puede interpretarse como algo más amplio que una demanda por mayor presencia policial: existe respaldo nacional a trasladar tecnología, infraestructura y recursos públicos hacia el control físico de las fronteras, una política cuyos efectos presupuestarios y operativos recaerían particularmente sobre el norte.

También obtiene 70% de apoyo establecer un régimen penitenciario especial para narcotraficantes, mientras 74% respalda decomisar y destruir bienes provenientes del crimen organizado.

La tendencia se repite cuando se pregunta por herramientas extraordinarias del Estado. Un 76% respalda que las Fuerzas Armadas apoyen a Carabineros en operaciones contra el crimen organizado, mientras 70% acepta interceptar telecomunicaciones dentro de sectores determinados para investigar crimen organizado y terrorismo. El apoyo disminuye cuando las medidas afectan libertades individuales: 49% acepta restringir temporalmente el tránsito y 41% limitar la libertad de reunión.

La diferencia es relevante: la ciudadanía parece respaldar ampliamente más capacidad policial, militar y tecnológica, pero se vuelve bastante más cautelosa cuando la política de seguridad restringe directamente derechos de la población.

Reconstrucción: otro dato que conversa con la experiencia reciente del norte

La encuesta también entrega una señal interesante respecto del Plan de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico.

Tras su aprobación, el respaldo alcanza 49%, contra 39% de rechazo, revirtiendo la relación observada antes de su aprobación, cuando el desacuerdo había llegado a 52% y el apoyo se situaba en 42%.

El 52% considera, además, que la aprobación del plan constituye un logro muy o bastante importante del Gobierno, frente a 41% que lo considera poco o nada importante. En regiones esa valoración llega al 53%, tres puntos sobre el 50% registrado en la Región Metropolitana.

Para el norte esta dimensión cobra especial interés después de los sistemas frontales y emergencias que han golpeado a distintas zonas durante este invierno. Nuevamente, el estudio no permite afirmar que Antofagasta, Atacama o Coquimbo tengan esa opinión específica, pero sí muestra que fuera de Santiago existe una valoración ligeramente superior de la reconstrucción como logro gubernamental.

Vivienda sí; rebaja tributaria genera muchas más dudas

El detalle de las medidas económicas muestra además dónde existe mayor consenso.

El 84% apoya ampliar el financiamiento del Fondo de Emergencia, mientras 76% respalda eliminar durante 12 meses el IVA para la compra de viviendas nuevas y 66% eliminar las contribuciones de la primera vivienda para mayores de 65 años.

Pero el apoyo disminuye cuando se llega a políticas más directamente relacionadas con empresas e inversión: 59% respalda reducir los tiempos para obtener permisos ambientales, 58% apoya entregar créditos tributarios a empresas que contraten trabajadores y solamente 40% respalda reducir gradualmente el impuesto de primera categoría desde 27% hasta 23%.

Este último bloque tiene una relación particularmente relevante con el norte minero.

La reducción de los tiempos de permisos ambientales podría impactar proyectos mineros, energéticos, inmobiliarios y de infraestructura concentrados en Antofagasta, Atacama y Coquimbo. Pero los datos muestran algo importante: el respaldo ciudadano a facilitar permisos es bastante mayor que el apoyo a disminuir directamente los impuestos corporativos.

Eso permite una interpretación política: existe mayor disposición a facilitar inversión y empleo que a entregar beneficios tributarios generales a las empresas.

Un Gobierno desaprobado que logra instalar políticas populares

La encuesta deja así una fotografía bastante menos lineal que un simple 40% versus 56% en la evaluación presidencial.

La cadena nacional del 7 de agosto, dedicada precisamente al Plan de Reconstrucción y la Agenda de Seguridad, tuvo una penetración elevada: 73% dijo haberla visto o haberse informado de ella, frente a 27% que no. Es incluso superior al 70% registrado en abril cuando Kast anunció el Plan de Reconstrucción.

Entre quienes conocieron la cadena, su evaluación también resulta favorable: 45% la calificó como buena o muy buena, 17% regular y 37% mala o muy mala.

Hay, por tanto, una señal política relevante para las regiones del norte: la desaprobación presidencial no se está trasladando automáticamente hacia las políticas del Ejecutivo.

En seguridad, frontera y determinadas herramientas para acelerar inversión, Kast obtiene respaldos que atraviesan una base mucho mayor que su 40% de aprobación.

Y allí probablemente está el dato más interesante de esta Cadem para leer desde el norte: el Gobierno enfrenta una evaluación personal negativa, pero está consiguiendo instalar una agenda cuyos componentes más vinculados a problemas concretos —delincuencia, crimen organizado, frontera, vivienda, emergencias e inversión— presentan niveles de acuerdo considerablemente mayores.

La prueba pendiente será otra: si esos altos porcentajes de respaldo se convierten en resultados perceptibles en territorios como Antofagasta, Atacama y Coquimbo. Porque la encuesta mide acuerdo con las medidas; no mide todavía su efectividad.