La discusión sobre el levantamiento del secreto bancario continúa generando diferencias entre los parlamentarios de las regiones de Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo, en el marco del proyecto que busca fortalecer las herramientas del Estado para combatir el crimen organizado, el lavado de activos y el financiamiento de organizaciones ilícitas.

Uno de los senadores que participó del debate fue Pedro Araya Guerrero (PPD), representante de la Región de Antofagasta, quien ha sostenido que el combate al crimen organizado requiere perseguir también las estructuras financieras que permiten operar a estas organizaciones. Desde la macrozona norte, donde el narcotráfico, el contrabando y el robo de cobre forman parte de las principales preocupaciones de seguridad, el parlamentario ha insistido en fortalecer las capacidades investigativas del Estado.

También intervino Esteban Velásquez Núñez (FRVS), senador por Antofagasta, quien planteó la necesidad de equilibrar la eficacia de las investigaciones con el respeto a los derechos y garantías constitucionales. La discusión, señaló, debe considerar la realidad de las regiones mineras y fronterizas del norte.

Desde Tarapacá, la senadora Danisa Astudillo Peiretti (PS) participó en el debate legislativo defendiendo la necesidad de entregar herramientas más modernas para combatir el lavado de activos, fenómeno que afecta directamente a las zonas fronterizas del país.

En la misma región, el senador Renzo Trisotti Martínez (Partido Republicano) manifestó reparos respecto de entregar facultades administrativas sin autorización judicial previa, argumentando que cualquier modificación al secreto bancario debe contemplar resguardos suficientes para la protección de los derechos individuales.

La senadora Yasna Provoste Campillay (Democracia Cristiana), representante de Atacama, sostuvo durante la discusión que la persecución del crimen organizado requiere instrumentos eficaces, pero también mecanismos de control institucional que eviten eventuales excesos en el acceso a información financiera protegida.

Desde Coquimbo, el senador Matías Walker Prieto (Demócratas) participó activamente en el análisis de la iniciativa, planteando la necesidad de compatibilizar la persecución de delitos complejos con las garantías que establece el ordenamiento jurídico chileno.

Por su parte, el senador Daniel Núñez Arancibia (Partido Comunista), también representante de la Región de Coquimbo, defendió la necesidad de avanzar en herramientas que permitan seguir la ruta del dinero proveniente de actividades ilícitas, señalando que el crimen organizado opera precisamente a través de estructuras financieras cada vez más sofisticadas.

En tanto, el senador Sergio Gahona Salazar (UDI), del mismo distrito anterior, se ha mostrado partidario de fortalecer la persecución criminal, aunque manteniendo la intervención de los tribunales cuando se trate de levantar información protegida por secreto bancario.

La votación terminó sin acuerdo definitivo en el Senado, luego de registrarse empates sucesivos respecto de la fórmula propuesta para que la Unidad de Análisis Financiero acceda a antecedentes bancarios en casos excepcionales. El proyecto continuará su tramitación legislativa, manteniendo abierto uno de los debates más sensibles entre seguridad pública y protección de la vida privada.

Para las regiones del norte, la discusión adquiere una relevancia especial. La presencia de organizaciones criminales transnacionales, el aumento de los delitos económicos asociados al narcotráfico y el impacto del contrabando en zonas fronterizas han convertido el seguimiento de los flujos financieros en una de las principales herramientas que hoy evalúa el Congreso para enfrentar el crimen organizado.