La recaudación generada por el royalty aplicado a la minería privada superó los $1,6 billones durante 2025, registrando un crecimiento de un 11% respecto del año anterior. Sin embargo, poco más de una cuarta parte de estos recursos puede identificarse directamente como transferencias hacia regiones y comunas.

Así lo establece el estudio “Royalty 2.0: entendiendo y analizando el nuevo royalty en Chile”, elaborado por el Centro de Estudios del Cobre y la Minería, CESCO, que analizó la recaudación, distribución y ejecución de los recursos durante los primeros años de funcionamiento del nuevo régimen tributario.

De acuerdo con el documento, aproximadamente $454 mil millones fueron canalizados mediante los tres fondos territoriales creados por la legislación, equivalentes a cerca del 28% de la recaudación analizada.

Tres fondos distribuyen recursos hacia los territorios

El nuevo royalty comenzó a regir en enero de 2024 y, además de establecer una carga tributaria para las grandes empresas mineras, incorporó mecanismos destinados a fortalecer los recursos disponibles en regiones y municipios.

Estos corresponden al Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo, destinado a gobiernos regionales; el Fondo de Equidad Territorial, orientado principalmente hacia municipios con mayor dependencia de ingresos comunes; y el Fondo para Comunas Mineras, dirigido a territorios vinculados directamente con la actividad extractiva.

Según CESCO, una característica del sistema es que los montos destinados a estos fondos se encuentran definidos en unidades tributarias. Esto entrega estabilidad frente a eventuales disminuciones en la recaudación, pero también provoca que las transferencias territoriales no aumenten automáticamente cuando crecen los ingresos del royalty.

El estudio señala que cerca del 72% de lo recaudado en 2025 quedó fuera de estos tres mecanismos, incorporándose a rentas generales de la nación.

Atacama registra un importante impacto en sus presupuestos municipales

La distribución territorial constituye uno de los puntos analizados por CESCO.

Aunque la Región Metropolitana recibió durante 2026 la mayor proporción conjunta de los tres fondos, con un 15% del total, seguida por Valparaíso, el impacto relativo de estos recursos cambia considerablemente cuando se compara con el tamaño de los presupuestos municipales.

En Atacama, los recursos provenientes del royalty representaron el 9,37% del presupuesto consolidado de sus municipios, demostrando una incidencia relevante para las finanzas locales.

El informe advierte, sin embargo, que los criterios de distribución no consideran exclusivamente la presencia de actividad minera, sino también elementos como población, vulnerabilidad y dependencia del Fondo Común Municipal.

CESCO plantea revisar además la forma en que se determina qué territorios son considerados comunas mineras, proponiendo actualizar esa definición cada tres o cuatro años para evitar variaciones abruptas en los recursos recibidos.

CESCO pide mayor trazabilidad de la renta minera

Otro de los principales desafíos detectados corresponde a determinar qué ocurre con los recursos que ingresan a rentas generales.

El estudio aclara que esto no significa que el dinero desaparezca o deje de utilizarse para financiar políticas públicas. La dificultad está en que posteriormente resulta complejo establecer qué programas, inversiones u obras fueron financiados específicamente mediante la recaudación proveniente del royalty.

Frente a esta situación, CESCO propone establecer destinos permanentes y transparentes para una mayor proporción de los ingresos.

Entre las alternativas se plantea destinar un 10% de la recaudación a investigación, desarrollo e innovación minera, monto que durante 2025 habría superado los $160 mil millones.

También se propone fortalecer instrumentos destinados a exploración, información geocientífica pública, proveedores locales e infraestructura habilitante en regiones mineras.

Un tercio de los recursos asignados aún no se ejecutaba

El informe también identificó dificultades en la transformación de los recursos del royalty en proyectos concretos.

Según el análisis, todos los municipios reportaron haber recibido los fondos correspondientes a 2024 y 2025. La incorporación de estos recursos a los presupuestos locales alcanzó un 96% durante 2024 y un 92% en 2025.

Sin embargo, al 9 de julio de 2026, los municipios habían ejecutado un 66,44% de los recursos de 2025 que ya contaban con asignación presupuestaria. Esto implica que aproximadamente un tercio todavía no se había traducido en gasto efectivo.

Las iniciativas de inversión, incluyendo obras civiles, consultorías y adquisición de equipamiento, concentraron buena parte de los recursos utilizados.

Para CESCO, el desafío ahora es avanzar hacia un sistema que permita seguir estos fondos durante varios años, conocer qué proyectos financian y evaluar su impacto.

El debate adquiere especial relevancia para regiones mineras como Atacama, donde el royalty puede convertirse no solamente en una fuente adicional de financiamiento, sino también en una herramienta para impulsar infraestructura, innovación, diversificación productiva y desarrollo territorial de largo plazo.