Una exfuncionaria del Hospital Regional de Antofagasta fue condenada por el delito de malversación de caudales públicos y privados, luego de que una investigación de la Fiscalía SAC, junto a la Policía de Investigaciones (PDI), acreditara la sustracción reiterada de cerca de $120 millones mientras ejercía funciones como tesorera del establecimiento.

De acuerdo con los antecedentes establecidos durante el juicio oral, la mujer sustrajo recursos que debía administrar y custodiar entre 2015 y octubre de 2024, aprovechándose de las responsabilidades de su cargo y de la confianza depositada en ella.

Uno de los aspectos más graves del caso es que parte del dinero correspondía a pensiones de invalidez de pacientes crónicos de la Unidad de Psiquiatría, quienes, debido a sus condiciones de salud y a la falta de redes familiares, no podían realizar personalmente el cobro de estos beneficios.

Más de $38 millones pertenecían a pacientes psiquiátricos

Según lo acreditado por el tribunal, la ex tesorera provocó un perjuicio económico de $79.144.471 a los fondos públicos del hospital, además de $38.458.454 correspondientes a recursos privados de pacientes crónicos.

En total, la sustracción alcanzó los $117.602.925, monto que se aproxima a los $120 millones informados por el Ministerio Público.

La acusada trabajó entre febrero de 2013 y principios de noviembre de 2024 en la Unidad de Tesorería, dependiente del Departamento de Finanzas del recinto asistencial.

Entre sus responsabilidades se encontraban recibir las recaudaciones diarias, registrar los ingresos en el sistema contable, custodiar el dinero y efectuar los depósitos correspondientes en las cuentas institucionales.

También debía depositar fondos provenientes de pensiones de invalidez de pacientes de Psiquiatría. Estos beneficios eran cobrados por un funcionario de la unidad designado como apoderado, debido a que sus titulares no estaban en condiciones de realizar el trámite por sí mismos y carecían de redes familiares de apoyo.

Sin embargo, durante el juicio se estableció que la acusada sustrajo reiteradamente parte de los recursos que se encontraban bajo su responsabilidad.

Detectaron más de $101 millones en sus cuentas bancarias

Otro de los antecedentes relevantes de la investigación fue el análisis de las cuentas bancarias de la exfuncionaria.

De acuerdo con lo expuesto por la Fiscalía, entre 2015 y octubre de 2024 se registraron ingresos por $101.812.979 en distintas cuentas de la acusada, principalmente mediante depósitos en efectivo.

Estos movimientos no contaban con una fuente u origen lícito comprobable, antecedente que fue presentado durante el proceso judicial y vinculado con los recursos que la mujer tenía bajo su custodia.

La investigación fue desarrollada por la Fiscalía SAC, con apoyo de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) y el Laboratorio de Criminalística (Lacrim) de la PDI.

Durante el juicio oral, el Ministerio Público estuvo representado por el fiscal Cristian Aguilar Aranela, quien presentó los antecedentes que permitieron acreditar la responsabilidad de la exfuncionaria.

¿Cuándo se conocerá la pena?

Si bien el tribunal ya dictó un veredicto condenatorio por el delito consumado de malversación de caudales públicos y privados, todavía no se ha informado la pena definitiva que deberá cumplir la ex tesorera.

La audiencia de comunicación de sentencia quedó fijada para el lunes 23 de noviembre, a las 15:30 horas, instancia en la que se conocerán las sanciones y los demás aspectos de la resolución judicial.