La batalla judicial entre la Municipalidad de Copiapó y la empresa eléctrica CGE ha sumado un capítulo determinante. La Corte de Apelaciones de la capital regional declaró inadmisible el recurso de protección presentado por la casa edilicia, el cual buscaba detener y sancionar la poda drástica y tala de árboles en diversos sectores de la ciudad.
El fallo representa un balde de agua fría para los vecinos y autoridades que denunciaron un «daño ambiental irreparable» en una zona donde el arbolado urbano es un activo escaso y crítico.
El Dictamen: ¿Por qué fue declarado «Inadmisible»?
La Corte de Apelaciones fundamentó su decisión en un criterio técnico: el recurso de protección no es la vía idónea para resolver esta disputa. Según el tribunal, no existe un «derecho indubitado» que haya sido vulnerado de forma arbitraria, ya que la empresa actuó bajo el amparo de la Ley General de Servicios Eléctricos.
En términos sencillos, la justicia considera que CGE no actuó por capricho, sino cumpliendo una obligación legal. La normativa vigente exige a las eléctricas mantener despejada la «faja de protección» de las líneas de alta y media tensión para prevenir incendios forestales y cortes masivos de suministro.
Seguridad Eléctrica vs. Patrimonio Ambiental
El conflicto pone de manifiesto una tensión constante en la planificación urbana de Atacama:
La postura municipal: El municipio argumentó que la intervención fue indiscriminada, afectando incluso a especies que no representaban un riesgo inmediato para el cableado, vulnerando el derecho constitucional de los habitantes a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.
La defensa de CGE: La empresa sostiene que la vegetación que toma contacto con las redes es la principal causa de interrupciones de energía. Sus protocolos están visados por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), lo que les otorga facultades legales que superan, en muchos casos, las ordenanzas municipales de ornato.
¿Qué caminos le quedan al Municipio?
Desde la Municipalidad de Copiapó, emitieron este domingo una declaración pública, donde lamentan «profundamente la decisión de la Corte de Apelaciones, porque aquí lo que estamos defendiendo es el derecho de los vecinos y vecinas de Copiapó a vivir en una comuna con protección ambiental real, especialmente en una de las ciudades más golpeadas por la contaminación.
Asimismo, advirtieron que, «Como municipio presentaremos una apelación para que estos hechos sean revisados en segunda instancia. No vamos a quedarnos de brazos cruzados frente a una situación tan grave».
«Además, ya denunciamos los hechos ante la Fiscalía Regional de Atacama por eventual daño ambiental y oficiamos a la SEC para que explique cómo ocurrió esta tala de árboles en pleno centro de la comuna», culminó el escrito municipal.
Tras este revés, la administración municipal liderada por el alcalde se enfrenta a tres escenarios posibles:
Apelación a la Corte Suprema: Elevar el caso a la máxima instancia en Santiago para intentar revertir la admisibilidad y obligar a la Corte local a tramitar el fondo del recurso.
Demanda en Juzgados Civiles o de Policía Local: Iniciar un juicio de «lato conocimiento». A diferencia del recurso de protección (que es rápido pero superficial), un juicio ordinario permite discutir pruebas técnicas, peritajes ambientales y buscar indemnizaciones por daños.
Vía Administrativa y Convenios: Presionar por una mesa de trabajo técnica con la SEC y CGE para establecer un Plan de Manejo de Arbolado Urbano.
El análisis: La «Colisión de Normas»
Este caso deja una pregunta abierta para la política pública local: ¿Puede la seguridad eléctrica justificar la desertificación de las calles de Copiapó? Mientras la Ley Eléctrica otorgue «superpoderes» a las empresas para intervenir el entorno en pos del servicio, los municipios seguirán en desventaja a menos que logren actualizar sus convenios de colaboración técnica para que las podas sean quirúrgicas y no talas totales.
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