La conurbación Coquimbo–La Serena atraviesa una fase crucial tras los embates del reciente sistema frontal que azotó a la Región de Coquimbo, dejando un saldo de cientos de personas damnificadas y daños significativos en la infraestructura habitacional y vial de la zona. Ante esta contingencia, los gobiernos locales han desplegado una estrategia articulada para brindar cobertura asistencial inmediata y asegurar la permanencia de espacios de resguardo para la población vulnerable.

Albergues seguirán abiertos 

Los centros de acogida e internación temporal habilitados en distintos puntos estratégicos de Coquimbo y La Serena mantendrán sus puertas abiertas de manera indefinida, subordinando su cierre exclusivamente a la resolución efectiva de las necesidades habitacionales de las personas albergadas. Esta medida busca otorgar tranquilidad a las familias que sufrieron el colapso parcial o total de sus inmuebles a raíz de los anegamientos, deslizamientos de tierra y filtraciones estructurales provocados por el frente meteorológico.

No obstante, la autoridad local enfatiza que estos recintos constituyen un dispositivo excepcional de contención inmediata y no pueden ser concebidos como asentamientos permanentes. La ocupación de recintos comunitarios, gimnasios municipales y establecimientos educacionales impone la necesidad de planificar una transición gradual hacia el restablecimiento de las actividades escolares y comunitarias de la zona.

«Los albergues se van a mantener habilitados mientras exista la necesidad y las condiciones lo justifiquen. Nuestro alcalde Ali Manouchehri ya solicitó la extensión de este dispositivo para asegurar que ninguna familia quede sin apoyo. Sin embargo, los albergues temporales corresponden a espacios adaptados para enfrentar una emergencia; por ello, también debemos procurar que recuperen su funcionamiento normal lo antes posible», explicó Cristóbal Reyes, director de Desarrollo Comunitario (DIDECO) de Coquimbo.

En el caso particular de Coquimbo, se diferencia con claridad el dispositivo de albergue para personas en situación de calle —el cual opera de forma continua durante todo el año dentro de las políticas públicas de protección social— de los albergues temporales activados con ocasión del frente climático. Para acelerar el egreso de estos recintos adaptados, el municipio de Coquimbo trabaja coordinadamente con la red estatal intersectorial integrando al Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) y al Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

Recintos de emergencia 

En la comuna de La Serena, los equipos de la Dirección de Desarrollo Comunitario mantienen operativo el Centro de Resguardo Temporal dispuesto en las dependencias del ex Hospital Modular. Este dispositivo continuará brindando alimentación, abrigo y contención psicológica hasta que los damnificados logren reactivar sus redes familiares de apoyo o acceder a una solución de habitabilidad segura.

Paralelamente, como parte del cronograma de normalización de recintos de la capital regional, el internado Gabriela Mistral cesó sus funciones como albergue temporal a partir del sábado 1 de agosto, tras haber cumplido su etapa de acogida primaria para personas en situación de vulnerabilidad durante el pico de las precipitaciones.

«En paralelo a esto, equipos municipales avanzan en la aplicación de la Ficha Básica de Emergencia (FIBE) en las más de 3 mil viviendas catastradas con distintos niveles de afectación. Este proceso permitirá levantar información clave para gestionar con mayor rapidez las ayudas estatales y definir las medidas necesarias para la recuperación de las viviendas afectadas», detalló Luz Martínez, directora de Desarrollo Comunitario (DIDECO) de La Serena.

La aplicación rigurosa de la Ficha FIBE resulta indispensable para dimensionar la escala real de los daños, categorizando las afectaciones entre leves, moderadas, mayoritarias y destrucción total. Esta caracterización sociohabitacional abre la puerta a beneficios estatales directos, tales como el Bolsillo Electrónico de Emergencia para la compra de materiales de construcción y subsidios para la reposición de enseres básicos.

Solución habitacional definitiva frente a las zonas de riesgo

Uno de los nudos críticos más complejos que enfrentan ambas administraciones municipales radica en la atención de las familias que sufrieron la pérdida total de sus hogares. Aunque el marco normativo del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) contempla el despacho e instalación de viviendas de emergencia, las municipalidades de la región no han recurrido de forma masiva a dicho mecanismo transitorio.

La razón fundamental de esta abstención técnica radica en las exigencias normativas y de seguridad: las viviendas de emergencia de Senapred deben emplazarse prioritariamente en el mismo predio donde se ubicaba la estructura siniestrada. En numerosos puntos de la conurbación y áreas rurales aledañas, dichos terrenos se localizan en quebradas, fajas de escurrimiento aluvial o zonas de alta susceptibilidad a remociones en masa, lo que significaría reubicar a las familias en la misma condición de vulnerabilidad ambiental.

Frente a esta disyuntiva, las autoridades locales han apostado por vías de resolución que garanticen seguridad territorial y estándares de habitabilidad dignos. Entre las alternativas promovidas por las municipalidades destacan:

• Subsidios de arriendo de emergencia: Aportes económicos temporales para que las familias alquilen inmuebles en sectores consolidados y fuera de peligro.

• Asignaciones directas del Serviu: Gestiones impulsadas ante la autoridad de vivienda para priorizar la radicación en proyectos de vivienda social terminados o en desarrollo.

• Mecanismos excepcionales del Minvu: Evaluación continua por parte del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de nuevos instrumentos de respuesta acelerada para la reconstrucción regional.